Los l¨ªderes sindicales bolivianos, confinados en cuarteles de la selva

El estado de sitio decretado la madrugada del mi¨¦rcoles en Bolivia termin¨® con las violentas manifestaciones de maestros y cocaleros bolivianos, pero todo hace pensar que la detenci¨®n y confinamiento de 303 sindicalistas en remotos acuartelamientos de la selva andina y la excepcionalidad impuesta por el presidente Gonzalo S¨¢nchez de Losada distanciar¨¢n todav¨ªa m¨¢s al Gobierno, la oposici¨®n y la Central Obrera Boliviana (COB).

, La COB es radicalmente opuesta al programa aplicado por el Gobierno para salir del subdesarrollo y resolver los "acuciantes" problemas sociales de uno de los pa¨ªses m¨¢s pobres de Am¨¦rica Latina.La gran mayor¨ªa de los maestros, m al pagados y contrarios a la reforma educativa en marcha, contin¨²an una huelga comenzada hace 39 d¨ªas y sobre ellos pende la amenaza de despido cursada por el ministerio de Educaci¨®n de no reincoporarse a sus puestos la pr¨®xima semana. "Estamos sin un centavo, y nuestros est¨®magos y los de nuestras familias est¨¢n vac¨ªos", protestaba un maestro de la plantilla del colegio Germ¨¢n Busch, en la capital boliviana.

Los dirigentes cocaleros, que se sumaron a las movilizaciones de otros gremios, en abierta rebeld¨ªa pol¨ªtica, denuncian, por su parte, el plan de erradicaci¨®n de los cultivos de coca al desconfiar de las alternativas ofrecidas a su tradicional trabajo y modo de vida y acusan a la Administraci¨®n de haber establecido el estado de sitio para militarizar los campos del Chapare y cumplir por la fuerza con los plazos de erradicaci¨®n marcados por Estados Unidos. El principal activista de los cocaleros, Evo Morales, desde un calabozo, hizo un llamamiento al bloqueo de caminos a partir del lunes y a no arrancar una planta m¨¢s, mientras representantes de los productores, reunidos clandestinamente, anunciaron que se est¨¢ preparando una marcha a La Paz de sus esposas e hijos.

El estado de sitio, decretado para restablecer la tranquilidad social y regional", proh¨ªbe las reuniones de grupos pol¨ªticos, sindicales y sociales, la circulaci¨®n pasada la medianoche y el tr¨¢nsito de veh¨ªculos con cristales opacos, y establece los salvoconductos para viajar por el interior del pa¨ªs.

Poderes de virrey

La Iglesia cat¨®lica ha protestado contra esta serie de medidas de excepci¨®n por estimar que las negociaciones entre los sindicatos y el Gobierno iban por buen camino, extremo negado por el Gabinete, que advirti¨® contra la existencia de movimientos secesionistas en varios departamentos que reclaman una pronta descentralizacion. "En actitud de total desconocimiento a las leyes de la Rep¨²blica, la COB defini¨® la profundizaci¨®n de las medidas de presi¨®n, huelgas de hambre, bloqueos, sabotajes a los servicios p¨²blicos, perturbando la paz social y tranquilidad p¨²blica", afirm¨® un portavoz gubernamental.

La polic¨ªa, mientras tanto, busca al dirigente Guillermo Lora, a quien el ministro de Gobierno, Carlos S¨¢nchez Berz¨¢in, acusa de ser el "asesor y uno de los principales intelectuales del proceso de subversi¨®n encabezado por el trotskismo en el pa¨ªs.".

Diplom¨¢ticos latinoamericanos acreditados en La Paz admitieron sus dudas respecto a la eficacia de las medidas de excepci¨®n adoptadas para la soluci¨®n de las carencias bolivianas, y uno de ellos aludi¨® a la "torpeza gubernamental, ausencia de una l¨ªnea coherente y reglas de juego claras" en la ra¨ªz de la situaci¨®n actual.

El diputado opositor Carlos Borth sostiene que se asiste al corolario de una serie de desaciertos de la coalici¨®n en el poder, "que es incapaz de lograr ambientes de di¨¢logo para solucionar los leg¨ªtimos cuestionamientos de la sociedad civil". Kurtis Kammann, embajador norteamericano, con "poderes de virrey" seg¨²n algunos analistas pol¨ªticos, se manifiesta cauto. "Existe preocupaci¨®n en los pa¨ªses de afuera cuando existe un estado de sitio; sin embargo, tambi¨¦n se tiene que comprender que se trata de una medida para resolver problemas". La oposici¨®n parlamentaria, en minor¨ªa, poco pudo hacer para evitar el respaldo del Congreso al decreto promulgado por el presidente S¨¢nchez de Losada, con una vigencia de 90 d¨ªas.