PSOE e IU rechazan la pretensi¨®n de la derecha de legalizar donaciones empresariales a los partidos
El Partido Socialista Obrero Espa?ol (PSOE) e Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya (IU-1C) forman un bloque frente al Partido Popular (PP), Converg¨¦ncia iUni¨® (GU) y Partido Nacionalista Vasco (PNV) respecto a c¨®mo entiende cada cual la financiaci¨®n de los partidos pol¨ªticos. La izquierda se opone a la participaci¨®n de empresas en la ayuda a los partidos, entanto que la derecha y los nacionalistas defienden estas aportaciones. El argumento del PSOE- para oponerse se basa en que los ciudadanos interpretar¨ªan que, si se da dinero a un partido, es a cambio de algo.
Por otra parte todas las formaciones pol¨ªticas se oponen a la propuesta del PSOE de que una ley de partidos les obligue a regirse internamente por principios democr¨¢ticos y respeten escrupulosamente los derechos de los militantes.El vicepresidente del Gobierno, Narc¨ªs Serra, el ministro de la Presidencia, Alfredo P¨¦rez Rubalcaba, y, en nombre del PSOE, Txiki Benegas, secretario de Relaciones Pol¨ªticas e Institucionales, han empezado ya los contactos con los representantes de los partidos para acordar antes del verano un texto base para la llamada Ley de Financiaci¨®n de Partidos Pol¨ªticos.
Entretanto, los miembros de la comisi¨®n de financiaci¨®n creada en el Congreso de los Diputados esperan las instrucciones de las direcciones de sus partidos para cumplir el mandato del Congreso de elaborar una nueva ley.
Fernando Gimeno, por el PSOE, y Jaime Ignacio del Burgo, por el Partido Popular, trabajan en las conclusiones que cada cual aportar¨¢ de lo ocurrido en esa comisi¨®n nacida para investigar los casos Filesa (PSOE) y Naseiro (PP).
La aportaci¨®n o no de empresas a los partidos pol¨ªticos es el elemento que por ahora divide a las fuerzas pol¨ªticas. Mientras que el PP, CiU y PNV defienden la financiaci¨®n empresarial, los socialistas e Izquierda Unida-IC se oponen. El PSOE est¨¢ convencido de que los ciudadanos rechazar¨ªan la entrega de dinero a los partidos por las empresas con el argumento de que no ser¨ªa de manera altruista, sino a la espera de alguna compensaci¨®n.
Por la cultura pol¨ªtica de este pa¨ªs, tampoco ninguna empresa querr¨ªa aparecer como donante de un partido, seg¨²n impresi¨®n de los socialistas.
A cambio de prohibir la aportaci¨®n de las empresas, los socialistas s¨ª est¨¢n dispuestos a aumentar los l¨ªmites actuales de las donaciones privadas, as¨ª como a instaurar la desgravaci¨®n fiscal, Con un tope, de esas aportaciones.
En la ley actual de financiaci¨®n de partidos de 1987 se autorizan aportaciones m¨¢ximas de 10 millones de pesetas para un partido durante un ejercicio econ¨®mico. La otra posibilidad de financiaci¨®n se encuadra en la Ley General Electoral, que regula las donaciones espec¨ªficas para cada campa?a. Para estos casos la limitaci¨®n es de un mill¨®n de pesetas para cada partido.
En lo que no hay acuerdo por parte de nadie es en seguir al PSOE en su af¨¢n de que la nueva ley incluya una parte de funcionamiento interno de los partidos. En principio, todos se han mostrado remisos a que una ley les diga c¨®mo deben actuar en su propia casa.
Una regulaci¨®n de este tipo tiene como principio te¨®rico, como se?ala la Constituci¨®n, el respeto a la democracia interna. Ello abrir¨ªa a los militantes la v¨ªa de denuciar ante los tribunales de justicia a sus direcciones pol¨ªticas si no respetan sus derechos.
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