Realismo o demagogia / y 2

La ley de Telecomunicaciones por Cable es una de las piezas fundamentales para alcanzar, en las mejores condiciones, la liberalizaci¨®n de las telecomunicaciones en el plazo de 1998 fijado por la Uni¨®n Europea. Sin embargo, desde algunas instancias, el proyecto de ley del, Gobierno est¨¢ siendo cuestionado con cierto. oportunismo y mucha demagogia en sus argumentos.El primero es que, como el proyecto de ley del Gobierno establece el tama?o m¨ªnimo de una demarcaci¨®n en 20.000 habitantes, todos los Municipios de menos tama?o, y con ellos el 25% de la poblaci¨®n, se van a quedar sin acceso a las famosas autopistas de la informaci¨®n. Esto no es m¨¢s que una interpretaci¨®n demag¨®gicamente interesada de un requisito que s¨®lo pretende encauzar las iniciativas de cableado para obtener una dimensi¨®n de mercado que haga posible su viabilidad econ¨®mica. Por ello, -el proyecto incentiva a que los municipios de menor tama?o se agrupen entre s¨ª o con otros mayores para constituir demarcaciones economicamente viables.

El segundo argumento esgrimido, peculiar si se considera que se emite desde un representante pol¨ªtico [el consejero de Industria de la Generalitat de Catalu?a] que defiende las virtudes del mercado, es que "si no se constituye una ¨²nica demarcaci¨®n con la totalidad del territorio de Catalu?a, los operadores acudir¨¢n a prestar servicio a los municipios rentables, abandonando a los que no lo son".

Este argumento, de indudable peso pol¨ªtico, ha sido utilizado repetidas veces por la Administraci¨®n de las telecomunicaciones para justificar en el pasado la adecuaci¨®n de tarifas de la telefon¨ªa b¨¢sica, y su garant¨ªa de universalidad, en todo el territorio nacional.

El mimetismo de su argumentaci¨®n por parte del consejero de Industria olvida, sin embargo, una diferencia fundamental: las telecomunicaciones por cable se van a prestar en un contexto de competencia, y ello significa que los operadores llevar¨¢n a cabo sus inversiones all¨ª donde esperan que la actividad sea rentable. Si las telecomunicaciones avanzadas constituyeran un servicio b¨¢sico, el Estado deber¨ªa intervenir. La intervenci¨®n, si existiera, deber¨ªa ser del Estado, puesto que la Constituci¨®n establece que las telecomunicaciones son una de sus competencias exclusivas, y porque adem¨¢s, en ese caso, deber¨ªan definirse obligaciones de servicio p¨²blico asociadas a mecanismos de financiaci¨®n del mismo por todos los operadores y en todo el territorio del Estado.

La cuesti¨®n ni se plantea por el momento. La Uni¨®n Europea y los pa¨ªses que la forman han adoptado una actitud realista y tienen como objetivo delimitar el servicio telef¨®nico b¨¢sico y -garantizar su prestaci¨®n universal, una vez que el sector de las telecomunicaciones se haya liberalizado y no sea posible mantener subvenciones cruzadas.

El documento de la Consejer¨ªa de Industria y Energ¨ªa de la Generalitat de Catalu?a indica que el coste de la implantaci¨®n de redes de banda ancha interactiva ser¨ªa de 75.000 millones de pesetas. Para obtener esa cifra, el documento hace el c¨¢lculo de los kil¨®metros de fibra ¨®ptica necesarios para unir entre s¨ª los distintos municipios catalanes y supone un coste medio de 50.000 pesetas por hogar pasado; es decir, un hogar que queda a una distancia de la red .susceptible de solicitar un abono.

El documento olvida detalles fundamentales. El primero es el coste de la propia conexi¨®n de los hogares abonados. No basta con tender una red, hace falta instalar un equipamiento con un coste m¨ªnimo de 25.000 pesetas por abonado, que no est¨¢n presupuestadas. Evidentemente, si el n¨²mero de abonados es muy peque?o, el coste global no es muy importante, pero entonces ?para qu¨¦ se instala una red de cobertura local? ?Es que acaso quiere repetirse la experiencia francesa de los a?os ochenta., en que se realizaron inversiones en red por 200.000 millones de pesetas, que resultaron inservibles al carecer de abonados?

Con todo, no es ese olvido el aspecto m¨¢s preocupante del documento que estamos comentando. Despu¨¦s de todas esas inversiones, pongamos en tom¨® a los 100.000 millones de pesetas, la Generalitat habr¨ªa conseguido instalar en Catalu?a una red universal de televisi¨®n por cable, pero no una red interactiva de banda ancha capaz de prestar servicios bidireccionales de voz, datos, im¨¢genes y un largo etc¨¦tera.

Este tipo de redes requiere de bastantes m¨¢s elementos que el simple tendido de fibra ¨®ptica y la instalaci¨®n de decodificadores en el domicilio de los abonados. Requiere centrales de conmutaci¨®n de banda ancha, unidades de abonados digitales, sistemas complejos de gesti¨®n de red, etc¨¦tera, cuyo coste superar¨ªa las 100.000 pesetas adicionales por abonado.

Cuantificar las inversiones necesarias de la forma en que lo hace el documento de la Consejer¨ªa de Industria y Energ¨ªa de la Generalitat es, por tanto, un ejercicio de cinismo o una demostraci¨®n de incompetencia t¨¦cnica.

A t¨ªtulo de ejemplo, las inversiones que Telef¨®nica dedic¨® a modernizar su red en Catalu?a en los tres a?os previos a los Juegos Ol¨ªmpicos de 1992 han tenido un coste doble a la cifra que la Generalitat considera necesaria para construir una autopista de la informaci¨®n que cubra toda Catalu?a.,

Por eso, para rentabilizar esas inversiones de Telef¨®nica para continuar modernizando esa red, para no despilfarrar recursos, el proyecto de ley de telecomunicaciones por. cable incentiva la participaci¨®n de Telef¨®nica de Espa?a en las redes del futuro.

Sin embargo, lo m¨¢s importante no es ese documento, t¨¦cnicamente deficiente. El modelo de segundos operadores de ¨¢mbito regional que propone la Generalitat de Catalu?a tendr¨ªa la virtualidad de dinamitar cualquier posibilidad de generar r¨¢pidamente una competencia efectiva y espa?ola en nuestro sector de las telecomunicaciones. Y esto es as¨ª porque los servicios, los contenidos (que, por otra parte, son el gran ausente de las propuestas -de la Generalitat), que son la fuente de financiaci¨®n de la actividad, se van a prestar en ¨¢mbitos mucho m¨¢s amplios que el territorio de una comunidad aut¨®noma.

Un segundo operador nacional de telecomunicaciones que compita verdaderamente con Telef¨®nica lo podr¨¢ hacer si consigue econom¨ªas de escala y de alcance en la prestaci¨®n de servicios en todo el pa¨ªs, con independencia de que para hacerlo utilice las redes locales de los operadores de cable.

Si se fuerza a los operadores de cable a alcanzar una dimensi¨®n regional, ocupando as¨ª el espacio del segundo operador, el resultado final ser¨¢ el de operadores regionales subvencionados por los Gobiernos aut¨®nomos y, en consecuencia, un mercado fragmentado que ser¨¢ f¨¢cilmente presa de operadores globales de telecomunicaci¨®n de otros pa¨ªses.

El proyecto de ley de telecomunicaciones por cable est¨¢ en el Congreso de los Diputados. Se puede mejorar, seguro, incorporando sugerencias de los distintos grupos parlamentarios.

Pero ser¨¢ necesario recordar al consejero de Industria de la Generalitat que, de acuerdo con la Constituci¨®n Espa?ola y la doctrina del Tribunal Constitucional, las telecomunicaciones son una competencia exclusiva del Estado; que, en tanto no se apruebe la ley de telecom¨²nicaciones por cable, las ¨²nicas redes que se pueden instalar al amparo de una sentencia del alto tribunal son redes de televisi¨®n por cable, y no redes interactivas de telecomunicaciones; que la sentencia del Tribunal Constitucional tambi¨¦n ampara a Telef¨®nica, y que la utilizaci¨®n de redes para prestar servicios distintos al de televisi¨®n requiere de t¨ªtulos habilitantes que s¨®lo puede conceder el MOPTMA como Administraci¨®n reguladora de las telecomunicaciones en Espa?a.