La ciudad como oportunidad pol¨ªtica

EL PODER MUNICIPAL. La proximidad de las elecciones municipales y auton¨®micas del 28 de mayo actualiza la pol¨¦mica sobre el poder de los ayuntamientos en Espa?a. En ese debate se resumen varios de los principales problemas surgidos en 16 a?os de ejercicio democr¨¢tico de Administraci¨®n municipal. El reparto del poder local entre las grandes ciudades y los peque?os pueblos, el sistema de elecci¨®n de las autoridades en Espa?a y en Europa, la proximidad o la lejan¨ªa entre el Ayuntamiento y el ciudadano, as¨ª como diversas propuestas de reforma del sistema actual de participaci¨®n y representaci¨®n pol¨ªtica, son algunas de las cuestiones analizadas por tres especialistas en estas p¨¢ginas.

Cuando terminen su mandato los electos del pr¨®ximo 28 de mayo se cumplir¨¢n 20 a?os de las primeras elecciones municipales. Este a?o se cumplen, precisamente, dos d¨¦cadas de la transici¨®n democr¨¢tica y del inicio del proceso pol¨ªtico configurado por partidos pol¨ªticos y elecciones basadas en el sistema proporcional. Es el momento, nos parece, de plantearse propuestas de renovaci¨®n de los mecanismos de representaci¨®n y participaci¨®n pol¨ªticas, especialmente los electorales. ?Por qu¨¦? Pues sencillamente porque no hay sistema perfecto, cada uno tiene sus efectos perversos y el mejor sistema re presentativo y electoral es el que cambia cada 15 o 20 a?os como m¨¢ximo.Como no parece viable ni es necesariamente lo mejor cambiarlo todo de golpe, avanzamos algunas propuestas referidas ¨²nicamente al gobierno de la ciudad. Y como no parece razonable reducir estas propuestas al sistema electoral, puesto que el sistema de poder local y de participaci¨®n ciudadana integra otros aspectos adem¨¢s del electoral, ampliamos las propuestas a otras dimensiones de las relaciones de los ciudadanos con las instituciones pol¨ªticas y entre ¨¦stas:

1. Nuestra ¨¦poca, medi¨¢tica por excelencia, personaliza la representaci¨®n pol¨ªtica. Los alcaldes deber¨ªan ser de elecci¨®n directa (o el cabeza de lista m¨¢s votado por lo menos). En las grandes ciudades, la descentralizaci¨®n en distritos puede perfeccionarse con la elecci¨®n directa del presidente (que formar¨ªa, adem¨¢s, parte del cuerpo de concejales). Podr¨ªan experimentarse f¨®rmulas de listas abiertas o de elecci¨®n de una parte de los concejales por barrios, mediante un sistema mixto en el que las listas de ciudad a las que se aplicar¨ªa la proporcionalidad compensar¨ªan la distorsi¨®n representativa del sistema mayoritario. En general, la legislaci¨®n electoral debiera limitarse a algunos principios b¨¢sicos (sufragio universal, periodicidad, etc¨¦tera) y reconocer a cada municipio el derecho a innovar y a experimentar f¨®rmulas diversas, seg¨²n sus caracter¨ªsticas y la voluntad pol¨ªtica de sus ciudadanos (el sistema electoral propio de cada, municipio se someter¨ªa a consulta popular).

2. Los partidos pol¨ªticos que concurren a las elecciones nacionales no deben presentarse a las elecciones locales. Es aberrante que se formule, como hacen los dirigentes, del PP, la necesidad de "nacionalizar" las elecciones municipales. La pol¨ªtica ciudadana es otra cosa y las bazas que est¨¢n en juego tienen poco que ver con las propuestas pol¨ªticas nacionales e incluso con la cultura tradicional de los partidos. En otros pa¨ªses (por ejemplo, EE UU -en California y otros Estados de la Uni¨®n- o Canad¨¢), los partidos pol¨ªticos, por ley o por uso, se limitan a manifestar su apoyo a unas listas o a determinados candidatos. A las elecciones municipales solamente debieran presentarse agrupaciones de electores y candidatos individuales, que podr¨¢n recibir el apoyo de uno o m¨¢s partidos as¨ª como de entidades o colectivos de todo tipo.

3. El voto: obligatorio, pragm¨¢tico y universal. Los ciudadanos tienen derechos y tambi¨¦n deberes pol¨ªticos. Pueden votar en blanco o nulo, pero no negarse a votar y reclamar luego sus leg¨ªtimos derechos ante el Gobierno municipal. Los candidatos tienen que comprometerse con un programa cuyo incumplimiento -denunciado por un n¨²mero m¨ªnimo de electores- podr¨ªa acarrear la inhabilitaci¨®n para presentarse a las siguientes elecciones (si lo decidiera un tribunal ad hoc formado por representantes de la judicatura, del Consejo Municipal y de la sociedad civil). Todos los ciudadanos que pudieran justificar un a?o de residencia en el municipio, fuera cual fuera su nacionalidad, ser¨¢n electores, y dos a?os de residencia dar¨ªan derecho a ser elegidos.

4. La relaci¨®n Administraci¨®n p¨²blica y la ciudadan¨ªa. El discurso participativo compartido por todos y en periodos el torales todas las candidaturas lo vende barato. Sin embargo, creemos que para la mayor¨ªa de ciudadanos es prioritario facilitarles sus relaciones cotidianas c las administraciones p¨²blicas. Proponemos que los ayuntamientos (en las grandes ciudades: los distritos y oficinas de barrio) hagan de ventanilla ¨²nica de conjunto de la Administraci¨®n. Asimismo, las empresas prestadoras de servicios p¨²blicos (agua, gas, tel¨¦fono, electridad, etc¨¦tera) debieran ofrecer conjuntamente una sola ventanilla y/o tel¨¦fono. En ning¨²n caso una Administraci¨®n podr¨ªa solicitar al ciudadano documento datos que consten en otro departamento o incluso en otra Administraci¨®n p¨²blica. Se podr¨¢ admitir en muchos puestos la declaraci¨®n oral con valor de documento p¨²blico. La Administraci¨®n municipal debe asimismo convertirse en abogado de oficio de los ciudadanos ante las otras administraciones p¨²blicas y las empresas prestadoras de servicios. Para defender al ciudadano se crear¨¢n o aprobar¨¢n tribunales de arbitraje y conciliaci¨®n, consejos tributarios, oficinas de informaci¨®n y defensa del usuario, cartas de derecho a la intimidad, medioambitales, al empleo en servicios de proximidad y de mantenimiento urbano, a la vivienda para j¨®venes, etc¨¦tera. Todo ello sin perjuicio de que se cree una justicia municipal (sobre base de jueces de paz por barrios que incluso podr¨¢n ser elecci¨®n directa) que resuelve los conflictos vecinales, sancione la peque?a delincuencia urbana y las agresiones medioambientales y a los espacios y equipamientos p¨²blicos que protejan subsidiariamente los derechos de la ciudadan¨ªa que pueda actuar en otros casos, de acuerdo con las partes mediante procedimientos arbitrales y conciliatorios.

5. Por una democracia tem¨¢tica a nivel local. Aunque ha difundido la pr¨¢ctica de relaci¨®n telef¨®nica con la Administraci¨®n, ¨¦sta debiera ser la regla y no la excepci¨®n. absurdo que lo que puede cer un comercio de barrio lo pueda hacer un ayuntamiento. Pero no es suficiente. Los ciudadanos tienen derecho a una comunicaci¨®n interactiva con su Administraci te¨®ricamente m¨¢s pr¨®xima. Hoy es un deber de los gobiernos locales garantizar el cableado de la ciudad y f¨¢cilitar la interactividad del mismo.

Igualmente, parece imprescindible democratizar el panorama audiovisual autorizando y estimulando a los ayuntamientos a que potencien las televisiones y radios de ¨¢mbito local gestionadas por colectivos

sociales y profesionales. Todo ello sin perjuicio de que paralelamente se apoye

materialmente la vida asociativa, se realicen consultas y referendos por iniciativa popular y se desarrollen m¨²ltiples f¨®rmas de cooperaci¨®n p¨²blico-privada en gesti¨®n de equipamientos y servicios proximidad.

Jordi Borja es urbanista.