Los bienes incautados a los narcotraficantes engrosar¨¢n un fondo de lucha contra la droga
Los "bienes, efectos e instrumentos" decomisados por sentencia firme a los condenados por tr¨¢fico de drogas y blanqueo de dinero engrosar¨¢n un fondo de titularidad p¨²blica destinado a financiar la prevenci¨®n de las drogodependencias, la rehabilitaci¨®nde los toxic¨®manos y la persecuci¨®n del narcotr¨¢fico. As¨ª lo dispone el proyecto de ley de creaci¨®n de un fondo procedente de los bienes decomisados por tr¨¢fico de drogas y otros delitos relacionados, que tiene previsto aprobar hoy el Consejo de Ministros, a iniciativa de Justicia e Interior.
La aprobaci¨®n de esta ley fue prometida el pasado enero por el presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, en una carta di rigida a la responsable de la Federaci¨®n Gallega de Asociaciones de Lucha contra la Droga, Carmen Abenda?o.Pocos d¨ªas antes, los jueces de la Audiencia Nacional Baltasar Garz¨®n y Carlos Bueren hab¨ªan decretado el embargo de los bienes de Laureano Oubi?a y su esposa, Esther Lago, para hacer frente a la multa de casi 2.600 millones de pesetas impuesta en la sentencia del caso N¨¦cora.
Una de las reivindicaciones hist¨®ricas de las asociaciones gallegas contra la droga, la conversi¨®n del famoso pazo de Bai¨®n, (Vilanova de Arousa), en un centro de rehabilitaci¨®n de toxic¨®manos, podr¨ªa hacerse realidad con el proyecto de ley.
Su art¨ªculo 4 se?ala: "Excepcionalmente, los bienes inmuebles [decomisados a los narcotraficantes] se podr¨¢n destinar a la instalaci¨®n, ampliaci¨®n o reubicaci¨®n de dispositivos dedicados a la prevenci¨®n, asistencia o inserci¨®n social y laboral de drogodependientes". La propiedad de los edificios ser¨¢ siempre del Estado, pero su uso podr¨¢ cederse a comunidades aut¨®nomas, ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales.
Autonom¨ªas y ayuntamientos
Los bienes "que por sentencia firme se adjudiquen definitivamente al Estado" engrosar¨¢n un fondo, de titularidad estatal, que se destinar¨¢ a programas de prevenci¨®n de toxicoman¨ªas, asistencia de drogodependientes e inserci¨®n social y laboral de los mismos; intensificaci¨®n y mejora de las actuaciones de prevenci¨®n, investigaci¨®n, persecuci¨®n y represi¨®n de los delitos previstos en la ley; y cooperaci¨®n internacional en la materia.
Podr¨¢n beneficiarse de este fondo la Delegaci¨®n del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, las comunidades aut¨®nomas, las organizaciones no gubernamentales; los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado; el Servicio de Vigilancia Aduanera, la Fiscal¨ªa Especial Antidroga y otros organismos, tanto nacionales como internacionales, de acuerdo con los programas y acuerdos suscritos.
Polic¨ªas auton¨®micas y locales, a trav¨¦s de gobiernos aut¨®nomos y ayuntamientos, al igual que las Fuerzas de Seguridad del Estado, podr¨¢n obtener financiaci¨®n del fondo, para sufragar los costes que conlleve la obtenci¨®n de pruebas, la adquisici¨®n de medios materiales y el reembolso de gastos realizados, incluso por particulares, durante la investigaci¨®n.
La adjudicaci¨®n de los bienes incautados se decidir¨¢ por una Mesa de Coordinaci¨®n de Adjudicaciones, compuesta por tres representantes del Ministerio de Justicia e Interior y otros tres de Econom¨ªa y Hacienda.
Durante el primer trimestre de cada a?o, se remitir¨¢ al Parlamento un informe completo sobre la actividad del fondo, principales operaciones y datos econ¨®micos m¨¢s destacados. Su actuaci¨®n estar¨¢, adem¨¢s, sometida al control de la Intervenci¨®n General del Estado y del Tribunal de Cuentas.
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