Diferencias de clase

Grandes planes: 18.000, 400.000, 60.000 casas. El baile de ofertas de nuevos pisos a precios razonables constituye uno de los argumentos preferidos de los pol¨ªticos, junto con las danzas alrededor de los nuevos puestos de trabajo. Y casi tan incumplido como ¨¦stas. Tanto el Ayuntamiento de Madrid como la Comunidad han dejado incompletos sus programas de vivienda, aunque en parte han contando con la ayuda de la suspensi¨®n de pagos de la cooperativa ugetista PSV para incumplir sus promesas.El presidente regional, Joaqu¨ªn Leguina, renov¨® su mandato en 1991 con el compromiso de sacar al mercado suelo para 80.000 pisos. Pero se fren¨® a mitad del camino: s¨®lo 50.000. El gobierno del PP en el Ayuntamiento, presidido por Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez del Manzano, prometi¨® terreno para 50.000 pisos: incluyendo las recalificaciones de suelo para viviendas de precio libre, llegan a 30.000; y con las del Plan 18.000 -lanzado en 1989 por el PSOE- se situar¨ªan en 42.217. E insisten: el alcalde ha impreso en su programa electoral otras 95.000 viviendas, y 2.000 para realojar a la poblaci¨®n marginada; Leguina se pone una meta m¨¢s modesta, 75.000 viviendas, de las cuales 25.000 se destinar¨¢n a los j¨®venes. Seg¨²n los estudios de la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial, la regi¨®n madrile?a demanda 35.000 viviendas anuales: 140.000 en el mandato cuatrienal.

La diferencia entre las pol¨ªticas de ambas administraciones ha estado marcada por el sector social al que van dirigidas. El Ayuntamiento ha destinado a la vivienda de protecci¨®n oficial (para familias que no ingresan m¨¢s de 3,5 veces el salario m¨ªnimo, 235.000 pesetas) la mitad del suelo generado; mientras que la Comunidad, genera el 75% del suelo para esas personas.

Adem¨¢s, una y otra difieren en su consideraci¨®n de qui¨¦nes tienen derecho a las viviendas subvencionadas. La pol¨ªtica del gobierno municipal ha estado marcada por la fuerte apuesta por las viviendas deprecio tasado (familias con ingresos de hasta 7,6 veces el salario m¨ªnimo, -unas 475.000 pesetas brutas-) en la particular interpretaci¨®n del PP. El resto de Espa?a, entretanto, s¨®lo consideraba dignos de casa subvencionada a los que ganan un m¨¢ximo de 5,5 veces el salario m¨ªnimo: 345.000 pesetas. La idea que cautiv¨® al propio Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar.

La exportaci¨®n de Aznar

En una visita en noviembre de 1992, al primer edificio de estas caracter¨ªsticas que construy¨® la empresa Municipal de la Vivienda (EMV), el presidente del PP pidi¨® toda la documentaci¨®n disponible para exportar el plan para clases medias-altas a toda Espa?a.

Pero el entusiasmo se vio enturbiado, poco despu¨¦s de la visita de Aznar a Chamber¨ª, por el esc¨¢ndalo de la adjudicaci¨®n de 233 de esos pisos: 137 de ellos se concedieron irregularmente. Y uno de ellos, a una funcionaria de la EMV casada con un diputado regional del PP. Otros, a funcionarios municipales.

Finalmente, el fiscal decidi¨® archivar sus investigaciones porque no hubo delito, pero el Tribunal Superior de Justicia reconoci¨® derecho a piso a las 137 personas a las que se elimin¨® de la lista irregular de adjudicatarios.

Los titulares incendiarios con las denuncias de la oposici¨®n no apagaron la pasi¨®n del PP por los pisos para las clases medias, y las siguientes promociones han tenido cada vez m¨¢s ¨¦xito de p¨²blico.

El PP considera que los que ingresan hasta 7,6 veces el salario m¨ªnimo tienen derecho a un piso barato. El argumento utilizado para subir el techo de los beneficiarios se centra en el mayor poder adquistivo de los madrile?os y el alto precio de la vivienda respecto a otras ciudades.

Los responsables del PP consideran que "sus hijos" como suelen decir, no pueden acceder a un piso con precio de mercado libre porque no tienen suficiente dinero y tampoco entran en los concursos de protecci¨®n oficial porque no son "tan pobres".

La Ley del Suelo, aprobada en la Asamblea de Madrid con el consenso de los grupos pol¨ªticos tras arduas y largas negociaciones incluso en el seno del PSOE, obliga a que el 50% de los pisos que se construyan en municipios con m¨¢s de 25.000 habitantes tengan alg¨²n tipo de protecci¨®n oficial.

Esa nueva normativa, que Leguina trat¨® de aprobar desde 1989, establece adem¨¢s un sistema de conciliaci¨®n de intereses que da a los alcaldes derecho de veto sobre proyectos regionales y crea la comisi¨®n de concertaci¨®n territorial, una suerte de tribunal del urbanismo intermunicipal.

A pesar de que el Ayuntamiento no tiene competencias en materia: de vivienda y el alcalde suele quejarse de que los municipios asumen responsabilidades para las que no est¨¢n facultados legalmente -y para las que carecen de recursos-, jam¨¢s le ha molestado "tener que hacer pisos".

A trav¨¦s de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV), el alcalde ha promovido directamente y ha terminado en estos cuatro a?os de gesti¨®n 3.541 viviendas, de las que el 19% fueron de precio tasado.Planes ante las urnas

Tanto el alcalde como Leguina han conseguido rematar sus respectivos planes de ordenaci¨®n urban¨ªstica cuando ya se avecinaban las elecciones. El nuevo plan general de urbanismo de la capital -cuya elaboraci¨®n ha costado unos 5.000 millones de pesetas-, est¨¢ siendo fuertemente criticado por los grupos de la oposici¨®n, sindicatos y colectivos profesionales.

En ese plan se ha incluido la operaci¨®n si cabe m¨¢s emblem¨¢tica y tambi¨¦n pol¨¦mica del PP: la batalla por la aprobaci¨®n de seis nuevos barrios en Madrid con 70.000 viviendas ha mantenido la tensi¨®n entre Ayuntamiento y Comunidad durante dos a?os. Finalmente, ambas administraciones pactaron la aprobaci¨®n de cuatro de los seis ensanches -el consejo regional de Urbanismo ratificar¨¢ la recalificaci¨®n el pr¨®ximo mi¨¦rcoles- para zanjar la pol¨¦mica.

En realidad s¨®lo se aplazaba la discusi¨®n sobre los crecimientos m¨¢s conflictivos: los nuevos barrios de Vallecas (17.000 viviendas) y Arroyo del Fresno (junto al monte del Pardo, 3.000 pisos). Las actuaciones menos problem¨¢ticas, las que nunca fueron totalmente desechadas por la Consejer¨ªa de Pol¨ªtica Territorial (37.307 viviendas), tendr¨¢n la luz verde ahora; el resto se incluye en el plan de Urbanismo que ratificar¨¢ el ganador de las elecciones regionales del 28 de mayo.

El plan regional de Estrategia Territorial -ha costado 450 millones de pesetas- tiene poco que ver con el municipal. Se limita a acotar zonas medioambientalmente protegidas, ¨¢mbitos donde se ha de concentrar la industria de la regi¨®n y los terrenos donde se deben construir las viviendas que necesita la comunidad: en los municipios de Alcal¨¢ de Henares, Rivas-Vaciamadrid Arganda, Pinto, Valdemoro, Parla, M¨®stoles, Navalcarnero, Majadahonda, Las Rozas y Collado Villalba.

PSV

Ambas administraciones han sufrido en sus carnes la suspensi¨®n de pagos de PSV. La cooperativa se llev¨® 67 parcelas (unos 4.000 pisos) del Plan 18.000 (municipal) y la mitad de las casas proyectadas en Valdebernardo (consorcio formado por la Comunidad y las cooperativas para dar un techo a 6.000 familias).

La figura del consorcio ha sido la elegida por la Comunidad para llevar a cabo sus operaciones urban¨ªsticas en la regi¨®n. En esos organismos han participado los ayuntamientos, cooperativas e incluso el Ministerio de Obras P¨²blicas. Ejemplo de sus actuaciones han sido Madrid Sur, Legan¨¦s Norte, Getafe Norte, Loranca -en Fuenlabrada, donde hasta 1993 se levantaron los esqueletos de la urbanizaci¨®n inacabada Nuevo Versalles-. En total, 12 consorcios para vivienda y otros tres pol¨ªgonos industriales con n¨²cleo residencial (La Garena, Arroyo Culebro y Parque Oeste).

Ese sistema de gesti¨®n del suelo ha dado bastante buenos resultados (salvando los problemas derivados de PSV): Madrid Sur es un buen ejemplo. Los j¨®venes de Vallecas consiguieron un piso de buena calidad a un precio razonable (entre 10 y 15 millones) con poco retraso respecto a las fechas de terminaci¨®n previstas.

Pero casi dos a?os despu¨¦s de que llegasen los primeros vecinos la estaci¨®n de tren prometida es todav¨ªa un proyecto, al igual que el ambulatorio del Insalud y el polideportivo. A cambio, las obras de la sede de la Asamblea de Madrid en una manzana del barrio ya han comenzado.

El Ayuntamiento forma parte de ese consorcio y tambi¨¦n del Pasillo Verde que gestiona el enterramiento de las v¨ªas del tren entre las estaciones de Pr¨ªncipe P¨ªo y M¨¦ndez ?lvaro, junto con Renfe. Esta ambiciosa operaci¨®n (la anunciaban cuando se cre¨® en 1989 como la mayor intervenci¨®n urban¨ªstica jam¨¢s realizada en Madrid) iba a costar 18.000 millones y se terminar¨ªa en cuatro a?os. Pero la crisis del mercado de oficinas oblig¨® a recalificar los terrenos y doblar el n¨²mero de pisos y aumentar el precio del suelo para poder cuadrar las cuentas del consorcio. El presupuestos global superar¨¢ los 43.000 millones de pesetas y la anunciada M-30 del ferrocarril no entrar¨¢ en servicio completamente hasta 1997.