Justicia de segunda

HABLAR DE justicia gratuita suele ser sin¨®nimo, entre jueces y abogados, de justicia de segundo orden. Pero de ellos depende, en lo esencial, que no lo sea y que tenga la misma calidad y eficiencia para todos los ciudadanos, con independencia de que posean o no recursos econ¨®micos.Desde hace 11 a?os, el Estado asume un importante coste econ¨®mico a cuenta de la asistencia letrada al detenido y del llamado tumo de oficio "respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar", seg¨²n el texto constitucional. Ahora, el Ministerio de Justicia e Interior ha dado luz verde a un proyecto que ampl¨ªa la financiaci¨®n p¨²blica al asesoramiento jur¨ªdico previo y al pago de peritos y dep¨®sitos. Era algo que se echaba en falta. Pero no s¨®lo eso. Tambi¨¦n se han revelado insuficientes los mecanismos de control sobre el fraude -el 30% de los casos- y sobre los abusos cometidos por los abogados en la prestaci¨®n del servicio. El proyecto ministerial pretende dar respuesta igualmente a esos problemas. A diferencia de anteriores intentos fallidos, ahora lo hace con la aquiescencia y colaboraci¨®n de los colegios de abogados.

El proyecto puede ser mejorado a su paso por el Parlamento. El techo econ¨®mico de los beneficiarios de la justicia gratuita -el doble del salario m¨ªnimo interprofesional- se ha quedado demasiado bajo respecto de anteriores propuestas de elevarlo al cu¨¢druple de ese salario. Izquierda Unida, promotora de la iniciativa legislativa que est¨¢ en el origen del proyecto del Gobierno, pretende que la gratuidad llegue hasta los ciudadanos que ganan el triple del salario m¨ªnimo.

Pero la justicia gratuita no s¨®lo es cuesti¨®n de cantidad, sino de calidad. Y para ello es fundamental el compromiso responsable de quienes la imparten o coadyuvan a impartirla: jueces, abogados, procuradores de los tribunales... Las denominadas comisiones de asistencia jur¨ªdica, integradas por dichos profesionales y por representantes de la Administraci¨®n, ofrecen el marco adecuado para ese compromiso. Seg¨²n el proyecto, corresponder¨¢ a dichas comisiones el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita, as¨ª como el control administrativo y colegial de los posibles abusos y casos de fraude. En sus manos est¨¢ que la justicia gratuita deje de ser la justicia de segundo orden que seg¨²n jueces y abogados ven¨ªa siendo.