Los beneficios penitenciarios se aplicar¨¢n sobre la totalidad de la condena en delitos muy graves

La Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados aprob¨® ayer que los beneficios penitenciarios se computen sobre el total de la condena impuesta por delitos muy graves, si bien el juez de vigilancia penitenciaria, en casos de posible reinserci¨®n, podr¨¢ acordar que se les aplique el r¨¦gimen general de cumplimiento de penas, sobre el m¨¢ximo de 30 a?os de c¨¢rcel. IU calific¨® de inconstitucional el precepto del futuro C¨®digo Penal -que afectar¨¢ a terroristas, narcotraficantes, violadores y otros autores de delitos que alarman socialmente- y pidi¨®, sin ¨¦xito, su supresi¨®n. El PP record¨® que en otros pa¨ªses existe la reclusi¨®n perpetua.

De los 28 art¨ªculos del proyecto de C¨®digo Penal aprobados ayer, el que suscit¨® m¨¢s debate fue el relativo a la aplicaci¨®n ¨ªntegra o efectiva de las penas en determinados delitos. Por el PP, Julio Padilla record¨® la vieja reclamaci¨®n de su grupo en favor del cumplimiento ¨ªntegro de las penas, al menos para terroristas y narcotraficantes, ante la que el PSOE siempre remiti¨® al C¨®digo Penal.Desde el otro lado del espectro pol¨ªtico, el diputado de IU Diego L¨®pez Garrido pidi¨® la supresi¨®n del precepto, por ser contrario a la exigencia constitucional de la reinserci¨®n, "a la que toda persona tiene derecho", dijo. Consider¨® tambi¨¦n inconstitucional, por contrario al principio de igualdad, que la exclusi¨®n del r¨¦gimen general de los beneficios penitenciarios se aplique a determinados delincuentes.

L¨®pez Garrido critic¨® que uno de los elementos a tener en cuenta por el tribunal para aplicar la medida excepcional sea la alarma o perturbaci¨®n social producida por los hechos delictivos. Puso como ejemplo el de las ni?as violadas en Alc¨¤sser y razon¨® que el Derecho penal no puede depender de la atenci¨®n que presten los medios de comunicaci¨®n social a un determinado suceso.

La reinserci¨®n

Padilla neg¨® que la reinserci¨®n de los delincuentes guarde relaci¨®n con su salida temprana de la c¨¢rcel y pidi¨® a la izquierda que no se escandalizara ante una menci¨®n anterior realizada por ¨¦l sobre la cadena perpetua. Asegur¨® que el PP no la pide, "pero no se trata de una antigualla, ya que la tienen implantada ordenamientos jur¨ªdicos muy serios, como el de Alemania y el del Reino Unido".

El socialista Manuel de la Rocha ironiz¨® sobre la invocaci¨®n conservadora de la reclusi¨®n perpetua y apel¨® a la aspiraci¨®n del PP a gobernar. "El Gobierno democr¨¢tico de este Estado no puede renunciar a una soluci¨®n futura del terrorismo de ETA", dijo solemne.

El texto aprobado por la comisi¨®n prev¨¦ que el tribunal sentenciador, "atendida la alarma y perturbaci¨®n social que los hechos hayan producido", cuando se trate de condenas por delitos de terrorismo, narcotr¨¢fico, lesiones y agresiones sexuales graves, entre otros, "podr¨¢ acordar motivadamente que los beneficios penitenciarios y el c¨®mputo del tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que, a la vista del tratamiento, pueda resultar procedente. En este ¨²ltimo caso, el juez de vigilancia penitenciaria (...) podr¨¢ acordar razonadamente, o¨ªdo el Ministerio Fiscal, la aplicaci¨®n del r¨¦gimen general de cumplimiento" [sobre el m¨¢ximo de 30 a?os de c¨¢rcel].PSOE y PP votaron contra la supresi¨®n del art¨ªculo. De la Rocha se mostr¨® a favor de un acercamiento a IU, en un futuro tr¨¢mite parlamentario, mediante la eliminaci¨®n de la expresi¨®n "alarma y perturbaci¨®n social" pero neg¨® que el precepto sea inconstitucional.

. La comisi¨®n acept¨® varias enmiendas socialistas que mejoraron, entre otros, los preceptos relativos a la suspensi¨®n de las penas privativas de libertad de hasta dos a?os (ahora hasta un a?o) y a la novedad de la imposici¨®n por el juez de reglas de conducta, como condici¨®n de la suspensi¨®n de la pena. Entre ellas figuran la prohibici¨®n de acudir a determinados lugares; participaci¨®n en programas formativos, laborales, culturales, de educaci¨®n vial o sexual, y dem¨¢s deberes que el juez estime convenientes para la rehabilitaci¨®n del penado, "previa conformidad de ¨¦ste y siempre que no atenten contra su dignidad como persona".