PSOE y CiU unen sus votos para dificultar que la administraci¨®n indemnice por delitos de sus agentes
La Administraci¨®n p¨²blica ser¨¢ dif¨ªcilmente condenada a indemnizar por los da?os causados por los delitos de sus funcionarios y agentes si prospera el art¨ªculo 121 del C¨®digo Penal, en la redacci¨®n aprobada ayer por la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso, con los ¨²nicos votos de PSOE y CiU, la abstenci¨®n del PP y el voto en contra de IU y CC. Los casos de la colza y la presa de Tous -en los que todav¨ªa est¨¢n pendientes las indemnizaciones a los afectados- fueron in vocados por el diputado de IU Diego, L¨®pez Garrido, que fracas¨® en su intento de facilitar la responsabilidad civil subsidiaria de los entes p¨²blicos. Por el PSOE, Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano reconoci¨® lo pol¨¦mico del asunto y prometi¨® f¨®rmulas de acercamiento.
La comisi¨®n parlamentaria -que aprob¨® ayer 49 art¨ªculos y prev¨¦ sesiones intensivas la pr¨®xima semana para terminar el debate sobre los 627 con que cuenta el C¨®digo Penal- tuvo como tema estrella la responsabilidad civil subsidiaria del Estado, que ya lo fue en relaci¨®n con el frustrado proyecto de c¨®digo elaborado en 1992 por el entonces ministro de Justicia, Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo. Todos los grupos reconocen el avance experimentado por el proyecto de su sucesor Juan Alberto Belloch, aunque el propio grupo socialista admite las deficiencias del texto a debate.El precepto dice as¨ª: "El Estado, la comunidad aut¨®noma, la provincia, la isla o el municipio y dem¨¢s entes p¨²blicos, seg¨²n los casos, responden subsidiariamente de los da?os causados por los penalmente responsables de delitos o faltas dolosos [intencionados], cuando ¨¦stos sean autoridad, agentes de la misma o funcionarios p¨²blicos en el ejercicio de sus cargos o funciones y en el cumplimiento de los servicios p¨²blicos que les estuvieren confiados, si resulta probada la relaci¨®n directa y exclusiva entre su conducta y el servicio p¨²blico de que se trate, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios, exigible conforme a las normas de procedimiento administrativo, y sin que, en ning¨²n caso, pueda darse una duplicidad indenmizatoria. Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agente de la misma o funcionario p¨²blico, la pretensi¨®n deber¨¢ dirigirse simult¨¢neamente contra la Administraci¨®n o ente p¨²blico presuntamente responsable civil subsidiario".
Jurisprudencia de doble filo
L¨®pez Garrido, por IU, critic¨® con dureza que el precepto excluya de la responsabilidad civil subsidiaria de los entes p¨²blicos los delitos culposos o cometidos por negligencia y mencion¨® los casos de la intoxicaci¨®n con aceite colza y la rotura de la presa de Tous. Tambi¨¦n critic¨® la exigencia de una relaci¨®n "directa y, exclusiva" entre la conducta del funcionario y el servicio p¨²blico. En apoyo de su tesis invoc¨® la "jurisprudencia pac¨ªfica del Tribunal Supremo", que admite tal responsabilidad p¨²blica. La menci¨®n de la jurisprudencia, fue aprovechada por Mohedano para, en nombre del PSOE, recordar a IU que es "un arma de doble filo en manos de los legisladores, obligados a veces a crear un derecho que la modifique".Mohedano pidi¨® a la comisi¨®n que no se dejara llevar "por espejimos", dijo, "porque la v¨ªa penal no siempre es el camino m¨¢s adecuado para obtener indemnizaciones por las conductas de los funcionarios del Estado". Invoc¨® a su vez los casos de Tous y del aceite de colza para mostrar que, a pesar de la jurisprudencia favorable a las indemnizaciones, "la realidad es que no se ha solucionado", y a?adi¨® que en el caso Nani el Supremo neg¨® la responsabilidad civil subsidiaria. En todo caso, reconoci¨® las deficiencias del precepto, ofreci¨® futuras f¨®rmulas de acercamiento y pidi¨® reflexi¨®n a todos los grupos. Por el PNV, Emilio Olabarr¨ªa propuso, sin ¨¦xito, la supresi¨®n del precepto, que consider¨® "impresentable, por el intento de exonerar de responsabilidad civil subsidiaria a las Administraciones p¨²blicas". En cambio, una enmienda de CiU, por la que se ampl¨ªa tal responsabilidad civil a las conductas de los contratados por los entes p¨²blicos, fue aceptada por el PSOE, que negoci¨® el voto de este grupo y se asegur¨® la aprobaci¨®n del precepto.
Sometida a votaci¨®n la enmienda de IU -que extiende la responsabilidad subsidiaria a las conductas negligentes de los funcionarios y a la utilizaci¨®n por ellos de los medios que se le han confiado-, s¨®lo fue apoyada por Coalici¨®n Canaria (CC). Los votos unidos de PSOE y CiU la rechazaron, con la abstenci¨®n del PP. En los pasillos del Congreso se vincul¨® la d¨¦bil oposici¨®n del PP en esta materia con sus nuevas responsabilidades p¨²blicas y sus expectativas de alcanzar el Gobierno de la naci¨®n.
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