Prohibido callarse

?Se ha vulnerado el art¨ªculo 18 de la Constituci¨®n! El espionaje ilegal del Cesid ha indignado a los m¨¢s firmes defensores de los derechos individuales tanto por la gravedad de los hechos -escuchas a diestro y siniestro- como por qui¨¦n los ha cometido: los propios servicios secretos, bajo control del Gobierno. Pero de la corajina se ha pasado de inmediato al asombro y la perplejidad. La voz de alarma la dio el mi¨¦rcoles el vicepresidente del Ejecutivo, Narc¨ªs Serra, en el Parlamento. En Espa?a hay al menos 30.000 esc¨¢neres sin ning¨²n control captando lo que buenamente puedan. A los juristas se les han puesto los pelos de punta. "Es aterrador. Habr¨ªa que hacer algo cuanto antes", exclam¨® Francisco Rubio Llorente al ser requerida su opini¨®n por este peri¨®dico. Los expertos en tecnolog¨ªa lo pintan a¨²n peor. Serra se refer¨ªa s¨®lo a los esc¨¢neres "de tipo medio". La cifra global es bastante m¨¢s elevada. La realidad es que por mucho que la ley diga que est¨¢ prohibido violar la intimidad de las conversaciones, por mucho que los jueces cierren la mano, las palabras ya no se las lleva el viento. Hoy por hoy cualquiera puede escuchar y grabar. "A nadie parece preocupar la captaci¨®n de conversaciones por parte de entidades o ciudadanos individuales", se quej¨® Serra en el Pleno del C¨®figreso. Aunque su intervenci¨®n pas¨® inadvertida, los hechos parecen darle la raz¨®n. Hay esc¨¢neres, seg¨²n los t¨¦cnicos, por todas partes. El caso del periodista Carlos Arriazu, detenido cuando pinchaba un tel¨¦fono en Nueva York, ha venido a confirmar el espanto de los juristas. Este fin de semana trascend¨ªa que una revista y un peri¨®dico poseen cintas del juez Garz¨®n. Y los reporteros de la prensa del coraz¨®n a?ad¨ªan otro ejemplo caliente: la reconciliaci¨®n entre Ana Obreg¨®n y el conde de Lecquio. Un secreto pillado al vuelo por un esc¨¢ner.La historia pol¨ªtica espa?ola reciente estaba ya, antes de que estallase el caso Cesid, salpicada de escuchas ilegales. Ni es la primera vez que la prensa publica informaciones sobre pinchazos ni que las denuncias llegan a los tribunales. Sin embargo, son pocas las condenas. Al menos period¨ªsticamente s¨®lo dos han llamado la atenci¨®n: la del caso Garaikoetxea y la del director de La Cr¨®nica del Sur, condenado a cuatro meses de arresto por escuchas ilegales.

Tampoco es la primera vez que Narc¨ªs Ser¨ªa pasa por el trance de acudir al Parlamento para dar explicaciones sobre la posible implicaci¨®n del Cesid en pr¨¢cticas de este tipo. En 1988, ante las acusaciones de espionaje telef¨®nico al director de Asuntos Consulares, Rafael Pastor Ridruejo, Serra, entonces ministro de Defensa, comprometi¨® su "palabra pol¨ªtica" para convencer a la oposici¨®n de que los servicios de espionaje no ten¨ªan nada que ver.

Desde entonces las leyes se han endurecido. A finales de 1994 el C¨®digo Penal elev¨® las sanciones. e incluso cre¨® un delito nuevo: la difusi¨®n y revelaci¨®n de escuchas ilegales por quien ni siquiera hubiera participado en su captaci¨®n.. Pero nadie se siente contento. El espionaje pol¨ªtico e industrial, las escuchas de la prensa del coraz¨®n, los detectives sin escr¨²pulos, el mero placer de escuchar al vecino... han derivado en una flagrante y continuada vulneraci¨®n del derecho a la intimidad personal.

Carlos de la Vega, magistrado jubilado del Tribunal Supremo y em¨¦rito del Tribunal Constitucional, es categ¨®rico al animar a los ciudadanos a no bajar la guardia. "Yo tengo 73 a?os y todav¨ªa me cabreo. El derecho a la intimidad es fundamental, y no vale decir que no estamos suficientemente amparados". En su opini¨®n, Espa?a dispone de materia legal suficiente para garantizar el derecho a la intimidad. "Lo que hay que hacer es ejercer el derecho. Yo siempre digo, recordando a un pensador liberal, que el hombre s¨®lo se salvar¨¢ mientras conserve la facultad de indignarse. Echo en falta esa reacci¨®n. Hay que indignarse moralmente y personalmente. ?Qu¨¦ cara la de ese periodista que dice que en la prensa espa?ola las escuchas son pr¨¢ctica habitual!"

Francisco Rubio Llorente, exvicepresidente del Tribunal Constitucional, tampoco sale de su asombro. El dato de 30.000 esc¨¢neres sin control, prestos a escuchar a cualquier ciudadano, le parece "aterrador". Suficientemente preocupante como para sugerir a las autoridades que de inmediato promuevan un debate sobre la conveniencia de cambiar.la legislaci¨®n. "?Ocurre lo mismo en los restantes pa¨ªses de la Uni¨®n Europea?", se pregunta.

Jos¨¦ Antonio Mart¨ªn Pall¨ªn, magistrado del Tribunal Supremo, responde en cierto modo a su pregunta. "La sociedad espa?ola no ha dado muestras, a diferencia de otras europeas, de tener una gran sensibilidad por la protecci¨®n de su intimidad". Como ejemplo pone el debate surgido en Francia y en los pa¨ªses escandinavos en relaci¨®n con el manejo y tratamiento de "datos sensibles", referentes a ideolog¨ªa, religi¨®n, creencias y h¨¢bitos sexuales. Y lo mismo razona sobre las escuchas. En su criterio, en Espa?a quienes m¨¢s celo ponen en proteger las conversaciones telef¨®nicas son las empresas. "Se preocupan mucho m¨¢s en conservar sus secretos que los ciudadanos en salvaguardar su intimidad". De todas maneras, Mart¨ªn Pall¨ªn es moderadamente optimista. "He observado que la insensibilidad de los ciudadanos desaparece cuando tienen constancia de que han sido espiados cuando transmit¨ªan sus ideas o simplemente sus mensajes de afecto".

La salvaguarda de un derecho fundamental como ¨¦ste, que constituye "un pilar b¨¢sico de la Constituci¨®n", deber¨ªa preocupar preferentemente, seg¨²n Mart¨ªn Pall¨ªn, a los poderes p¨²blicos. "Y en todo caso la intromisi¨®n ileg¨ªtima en las conversaciones deber¨ªa ser sancionada a¨²n m¨¢s duramente, distinguiendo entre la interceptaci¨®n realizada por un funcionario p¨²blico y la realizada por un particular, para castigar aqu¨¦lla m¨¢s gravemente que ¨¦sta".

Pero qui¨¦n protege a qui¨¦n. Durante el periodo de la extinta UCD se hablaba frecuentemente de la falta de control que el Gobierno ten¨ªa sobre sus esp¨ªas. Seg¨²n public¨® la revista Cambio 16, el propio presidente del Gobierno, Adolfo Su¨¢rez, orden¨® reforzar la seguridad de la l¨ªnea telef¨®nica que le comunicaba con el Rey, por si sus agentes le escuchaban. Y el entonces ministro del Interior, Rodolfo Mart¨ªn Villa, mandaba limpiar su despacho regularmente.

Partidos pol¨ªticos y sindicatos tambi¨¦n han denunciado en los ¨²ltimos a?os la existencia de micr¨®fonos en sus tel¨¦fonos. El caso m¨¢s sonado fue, quiz¨¢, el pinchazo de la Ertzaintza (polic¨ªa vasca) a Carlos Garaikoetxea en 1986. Deriv¨®, en la primera sentencia condenatoria por escuchas contra un cuerpo de polic¨ªa. El tribunal apreci¨®, seg¨²n la sentencia de 1991, un delito en grado de frustraci¨®n, y castig¨® con una pena de un mes y un d¨ªa de arresto y seis a?os de inhabilitaci¨®n al sargento mayor Joseba Goikoetxea, asesinado por ETA en,1993.

Condenas apenas hay, pero los barridos y los consiguientes chantajes, como insinuaba recientemente Ram¨®n Mendoza, presidente del Real Madrid, est¨¢n a la orden del d¨ªa. Hay un temido trasiego de informes y de cintas. Y algunos juristas se preguntan si este mercadillo llegar¨ªa a desinflarse si la prensa de todos los colores, dejase de utilizar las conversaciones ¨ªntimas.

Unos, en cualquier caso, recuerdan que el C¨®digo Penal ya sanciona la difusi¨®n de las escuchas ilegales, y reclaman que se cumpla la ley. Otros prefieren resaltar la cara amable de los medios de comunicaci¨®n. "Gracias a la prensa, la gente ha empezado a inquietarse por sus derechos. Hasta ahora daba la impresi¨®n de que los ciudadanos estaban un poco dormidos", se felicita Carlos de la Vega, quien subraya que la intimidad no debe ser sacrificada por ning¨²n otro inter¨¦s.

Para este magistrado, la clave est¨¢ en la pedagog¨ªa. "Hay que difundir entre los ciudadanos lo que dicen la Constituci¨®n y el C¨®digo Penal, para que sepan que tienen leyes que les protegen. Hay que recordarles con insistencia sus derechos", proclama.

Todas las escuchas ilegales son acciones que deben inquietar al ciudadano, enfatiza Marc Carrillo, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional. ?l es de los que consideran que no hacen falta reformas legislativas y si mano dura. "Las leyes son claras y est¨¢n para cumplirlas", apostilla recordando que fue un caso de escuchas el detonante de la introducci¨®n en el C¨®digo Penal de sanciones para los responsables de difundir informaciones cuya procedencia se sabe ilegal. "Y ¨¦ste", apunta, "es un claro ejemplo de ello. El responsable de un medio no puede escudarse en el inter¨¦s p¨²blico de una informaci¨®n para publicarla si sabe que ha sido obtenida ilegalmente".

El teniente fiscal del Tribunal Superior Jos¨¦ Mar¨ªa Mena es el menos alarmista. "Es natural que el ciudadano est¨¦ escandalizado por lo ocurrido en el Cesid. Pero yo creo que ni hacen falta m¨¢s reformas legislativas ni culpabilizar a toda la instituci¨®n por el caso descubierto. Si ha existido una vulneraci¨®n de la ley hay que acusar de ello al responsable directo".

Esta informaci¨®n ha sido elaborada por Blanca C¨ªa, Naiara Galarraga y Ricardo Villa.