Aborto, una pol¨¦mica de 15 a?os

En s¨®lo 15 a?os, los espa?oles han pasado del antiabortismo activo a asumir la despenalizaci¨®n de la interrupci¨®n libre del embarazo, seg¨²n atestiguan las encuestas realizadas en este plazo por el Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas. En 1979, el 60% de los espa?oles se mostraba contrario a la legalizaci¨®n gen¨¦rica del aborto, mientras hace apenas ocho meses (oto?o de 1994) casi la misma proporci¨®n, el 64%, est¨¢ de acuerdo con la actual ley de despenalizaci¨®n o desea incluso ampliarla.Este cambio tan profundo se demuestra a¨²n de forma m¨¢s radical cuando se formula una pregunta sencilla: ?cree que se debe castigar con penas de prisi¨®n a las mujeres que aborten en circunstancias distintas a las que permite la actual legislaci¨®n?

Hace ocho meses, la respuesta fue contundente: el 68% de los espa?oles se opone a que en estos casos las mujeres sean encerradas entre rejas. Y s¨®lo el 19% las considera reos de c¨¢rcel. Esta nueva percepci¨®n social est¨¢ en la base de la ampliaci¨®n de la ley actual que propone el Gobierno.

La evoluci¨®n de las encuestas indica que la sociedad. espa?ola se pone en guardia contra las medidas que puedan provocar un aumento fr¨ªvolo de las pr¨¢cticas abortivas, hasta el punto de convertirlas en un m¨¦todo anticonceptivo m¨¢s; pero se muestra claramente partidaria de solucionar los problemas cuando realmente se presentan. En pocos casos, la evoluci¨®n de la opini¨®n, p¨²blica ha ido modificando gradualmente, como en este, las posiciones de los partidos pol¨ªticos.

El primer salto sociol¨®gico se produjo en febrero de 1983, cuando el reci¨¦n elegido Gobierno socialista aprob¨® la despenalizaci¨®n en tres supuestos (riesgo para la salud de la madre, malformaci¨®n del feto y violaci¨®n).

La izquierda tomaba entonces una decisi¨®n que en otros pa¨ªses europeos ha abanderado el centro-derecha y que en Espa?a s¨®lo contaba con el precedente, de una ley del Gobierno republicano en plena guerra civil. El 57% de los ciudadanos apoy¨® la propuesta del nuevo Gobierno socialista y s¨®lo la tercera parte se opuso. La campa?a de explicaci¨®n del Ejecutivo debi¨® ser convincente: apenas dos a?os antes, en 1981, ¨²nicamente el 39% de los encuestados era partidario de despenalizar el aborto en "algunos supuestos".

Recurso al Constitucional

La despenalizaci¨®n de los tres supuestos abri¨® una pol¨¦mica que se mantiene hasta hoy mismo. Perdida la batalla parlamentaria, los grupos antiabortistas se propusieron imposibilitar en la pr¨¢ctica la aplicaci¨®n de la ley. Por otro lado, en PCE y m¨¢s tarde Izquierda Unida y numerosos colectivos feministas, incluidas las mujeres socialistas la consideraron insuficiente desde el principio. El Gobierno opt¨® por caminar paso a paso, pegado a la evoluci¨®n de la opini¨®n p¨²blica.

La primera despenalizaci¨®n de la democracia fue recurrida de forma inmediata por el PP (entonces Alianza Popular) ante el Tribunal Constitucional y la ley qued¨® paralizada desde finales de 1984 hasta el verano de 1985.La sentencia del Constitucional produjo un resultado contradictorio: por un lado, se proclam¨® la defensa del nasciturus; pero por otro posibilit¨® la extensi¨®n al componente ps¨ªquico del riesgo de, salud de la madre. Una opci¨®n que fue utilizada despu¨¦s por muchas mujeres.

Tras su entrada en vigor el 12 de julio de 1985, la ley se afianz¨® en la conciencia de la ciudadan¨ªa, al mismo tiempo que su aplicaci¨®n se iba desplazando de la sanidad p¨²blica, incapaz de proporcionar una atenci¨®n tan pol¨¦mica, a las cl¨ªnicas privadas. Los sondeos de 1986 a 1991 demuestran que las dos terceras partes partes de la poblaci¨®n espa?ola est¨¢n a favor de la despenalizaci¨®n en los y tres supuestos. Curiosamente es el caso de violaci¨®n el que concita un menor acuerdo siempre rozando el 65%.

Las acciones de los grupos pro vida llegan a cuestionar tambi¨¦n a las cl¨ªnicas privadas. En algunos casos extremos como Navarra, la presi¨®n social imposibilita desde entonces la aplicaci¨®n de la ley. Las mujeres navarras que quieran utilizar su derecho a abortar deben buscar el amparo de la ley en otra comunidad aut¨®noma.

Con la ley todav¨ªa fresca en el BOE se desencaden¨® el debate intemo en el partido socialista, auspiciado por el lobby femenino que cuenta con el apoyo de Carmen Romero, esposa del presidente del Gobierno, para una ampliaci¨®n de la ley. La receptividad de sus compa?eros varones ser¨¢ escasa durante mucho tiempo.

Las propias mujeres socialistas se enfrentan a un dilema. Un sector busca el camino de la apertura a trav¨¦s de un cuarto supuesto, relacionado con la falta de recursos econ¨®micos de la madre. Y otro se va decantando poco a poco por una ley de plazos. Los sondeos son tozudos y se encargan de resolver la pol¨¦mica. Los datos de la segunda mitad de la d¨¦cada de los ochenta no admiten duda: la sociedad rechaza una y otra vez despenalizar el aborto por falta de recursos econ¨®micos de la madre. La mitad de la poblaci¨®n se opone expresamente entre 1986 y 1991.

Sin embargo, se va abriendo paso otra f¨®rmula, aparentemente m¨¢s radical: dejar la decisi¨®n final en manos de la mujer durante las 12 primeras semanas de gestaci¨®n. Si en 1979 s¨®lo el 19% de los espa?oles conced¨ªa a las mujeres la libre decisi¨®n sobre su cuerpo en este asunto, 12 a?os m¨¢s tarde, en 1991, los partidarios de esta posibilidad son equivalentes a sus detractores. Una tendencia que se ha consolidado: en octubre del a?o pasado, las tres cuartas partes de los ciudadanos favorables a ampliar la ley otorgan la ¨²ltima palabra a la mujer.

Vuelve la discusi¨®n

El renacimiento de la pol¨¦mica se produce tras las elecciones de 1993. La ampliaci¨®n de la ley del aborto figura en el programa electoral del PSOE, e Izquierda Unida se hab¨ªa comprometido a presentar su propio proyecto.

Belloch, adem¨¢s, ten¨ªa ante s¨ª un objetivo sumamente ambicioso: un nuevo C¨®digo Penal. "No quiero que la discusi¨®n del C¨®digo Penal se convierta en una pol¨¦mica sobre el aborto", afirm¨® Belloch poco despu¨¦s de llegar al Ministerio de Justicia. Para evitarlo se comprometi¨® a sacar el asunto del aborto del C¨®digo Penal, bas¨¢ndose en unos sondeos inequ¨ªvocos: la sociedad espa?ola no es partidaria de encarcelar a las mujeres que aborten incluso fuera de los supuestos legales.

Otras encuestas reforzaban esta opini¨®n: un 45% de la poblaci¨®n es partidario de ampliar la actual ley, otorgando a la mujer la ¨²ltima decisi¨®n, dentro de las 12 primeras semanas. La otra mitad de la poblaci¨®n se opone a la ampliaci¨®n. Pero de ellos, la tercera parte se siente tranquila si la nueva ley se compromete a ofrecer informaci¨®n y posibilidades altemativas a la mujer antes de decidirse a interrumpir su embarazo.

Con estos datos en la mano, s¨®lo faltaba la decisi¨®n pol¨ªtica. Una decisi¨®n que ha provocado la mayor crisis en los apoyos que el nacionalismo catal¨¢n ofrece al Gobierno socialista para su mantenimiento en el poder Uni¨® Democr¨¢tica de Catalunya, el socio democristiano de Pujol, se opone con todas sus fuerzas en un momento en que la situaci¨®n del Gobierno es m¨¢s delicada que nunca.

Pese a que influyentes dirigentes de Convergencia Democr¨¢tica de Catalunya afirman que "nuestra colaboraci¨®n con Felipe Gonz¨¢lez no se va a romper por el tema del aborto", la incomodidad de muchos de ellos es patente. Y el PP no est¨¢ dispuesto a distraerse de otros temas polemizando una vez m¨¢s sobre un asunto que tradicionalmente ha marcado la diferencia entre izquierda y derecha. "La opini¨®n p¨²blica no considera urgente la modificaci¨®n de la ley actual", afirma Luisa Fernanda Rudi.

No obstante, la pol¨¦mica est¨¢ ah¨ª. Mucho menos dram¨¢tica que hace 15 a?os, por supuesto. Pero igual de trascendente.