Las etiquetas de los alimentos deber¨¢n incluir tambi¨¦n el precio por kilo

Un kilo de patatas cuesta 2.240 pesetas. Un kilo de arroz vale 6.600 pesetas. Con estos ejemplos pr¨¢cticos sacados del supermercado vecino, la comisaria de Consumo de la UE, Emma Bonino, provoc¨® ayer aplausos en Bruselas. Bonino presentaba la directiva comunitaria de protecci¨®n al consumidor, por la que los alimentos deber¨¢n consignar en sus etiquetas no s¨®lo su precio de venta, sino tambi¨¦n el precio por unidad de medida (kilo o litro). Los peque?os comerciantes dispondr¨¢n de seis a?os para adaptarse a las nuevas reglas.

"Les voy a hablar de la Europa ¨²til", anunci¨® Bonino, armada en la austera sala de prensa del ejecutivo comunitario con una ins¨®lita cesta de la compra, un lector ¨®ptico que parpadeaba y una pantalla de televisi¨®n. Pero las c¨¢maras de televisi¨®n y los m¨¢s yuppies periodistas financieros brit¨¢nicos, siempre ocupados en asuntos m¨¢s graves y solemnes, ya hab¨ªan hecho mutis. Se perdieron el ilustrativo espect¨¢culo.Bonino escogi¨® cuatro productos reci¨¦n comprados en el supermercado. Y ech¨® cuentas. Un botell¨ªn de agua mineral, con capacidad de 325 mililitros, 55 francos belgas, esto es, 220 pesetas: precio por litro del agua milagrosa, 676 pesetas. Una latita de at¨²n de 47 gramos, 61 francos (244 pesetas), ergo, el precio del kilo de at¨²n alcanza las 5.188 pesetas. Una bolsa de patatas fritas de 25 gramos de peso, 14 francos belgas (56 pesetas): el kilo sale a 2.240 pesetas. Cien gramos de arroz envasado -"lo siento, no me hab¨ªa dado cuenta de que era canadiense", repar¨® la comisaria, reponsable tambi¨¦n de la Pesca, a la que el flet¨¢n ha causado serios quebraderos de cabeza- le costaron 165 francos (660 pesetas), luego el kilo se cotiza a 6.600 pesetas.

Esta demagogia de los hechos no pretend¨ªa iniciar una campa?a de boicoteo a productos de consumo envasados, ni siquiera a los franceses, amenazados por la vigilancia ecologista sobre las pruebas nucleares.

La comisaria se cuid¨® de recordar la utilidad de las latas de at¨²n "para una comida campestre o para la playa, es evidentemente m¨¢s pr¨¢ctica en esos casos que un bistec". Simplemente, pretendi¨® demostrar que el consumidor tiene derecho a conocer toda la informaci¨®n, para que pueda hacer sus c¨¢lculos, mirar, buscar y comparar: toda la informaci¨®n, no s¨®lo el precio de la latita, sino la referencia global de la unidad de medida. Y descubrir as¨ª que determinados productos aparentemente humildes son intercambiables "en la joyer¨ªa m¨¢s lujosa".

Aunque esta doble referencia se practica en bastantes establecimientos de la Uni¨®n Europea (UE), s¨®lo es obligatoria en Suecia y en Francia.

La nueva directiva, exigida por el Parlamento Europeo y por las asociaciones de consumidores, viene a sustituir a otra m¨¢s antigua, tan complicada de aplicar que nunca se ha puesto en pr¨¢ctica. Ahora los Gobiernos de los Quince deber¨¢n aprobarla en el Consejo de ministros responsables de Consumo.

Puede haber dificultades, porque en algunos pa¨ªses ya han empezado las campa?as contra el presunto intervencionismo burocr¨¢tico la Comisi¨®n en este asunto. La propia Bonino adujo dos ejemplos de 'falacias" con las que se la ha atacado: "dicen que queremos imponer la venta de camiones por toneladas o de los vestidos por cent¨ªmetro cuadrado de tela", cuando la obligatoriedad de la doble informaci¨®n s¨®lo se aplicar¨¢ a los productos alimentarios.

Se har¨¢ adem¨¢s con flexibilidad, dijo Bonino. Esto es, aplicando el principio de subsidiariedad -gesti¨®n de las decisiones por la Administraci¨®n m¨¢s adecuada o pr¨®xima- en los casos necesarios. Por ejemplo, en algunos pa¨ªses ciertos productos no se: venden al peso, sino al trozo; en otros, difieren las unidades de referencia: los huevos se comercializan en Dinamarca al peso, y no por docenas o unidades.

El calendario tambi¨¦n ser¨¢ flexible. Se necesitar¨¢n al menos dos a?os para que la norma obtenga las bendiciones pertinentes y entre en vigor. Despu¨¦s, los peque?os comercios dispondr¨¢n de cuatro a?os adicionales para adaptarse. 0 sea, para equiparse con los lectores ¨®pticos. Estos aparatos cuestan en B¨¦lgica entre las 60.000 y las 100.000 pesetas, "una cantidad no exagerada si se reparte en seis a?os", seg¨²n la comisaria.

Este plazo coincidir¨¢ seguramente con el de otra obligaci¨®n informativa en los comercios: la derivada de la, implantaci¨®n de la moneda ¨²nica, que requerir¨¢ ofrecer a los clientes la traducci¨®n de los precios nacionales al ecu, o como quiera que acabe llam¨¢ndose.

Pero aunque se extreme la flexibilidad, cualquier nueva iniciativa legislativa de la Comisi¨®n levanta suspicacias. "?Por qu¨¦ creen necesaria una nueva legislaci¨®n, acaso no pueden elaborarla los Estados miembros para cada pa¨ªs?", inquir¨ªan los anglosajones. "Porque han pasado muchos a?os y s¨®lo dos Estados lo han hecho. Nosotros tambi¨¦n debemos velar por la transparencia. y por los derechos del consumidor", replicaba la comisaria Bonino.