Menosprecio a la Constituci¨®n

"La conducta indiciarla de Vera encierra, entre otros, un grav¨ªsimo ataque al sistema constitucional. El segundo alto cargo de la seguridad del Estado trataba de impedir, utilizando dinero p¨²blico, que los ¨®rganos jurisdiccionales cumplieran eficazmente las funciones que les atribuye el art¨ªculo 117 de la Constituci¨®n, esto es, que obstruy¨® la acci¨®n de la justicia ", conducta que se prolong¨® hasta que ces¨® en su cargo en enero de 1994 (las cursivas son s¨®lo m¨ªas).Esto no lo ha dicho el Abc o El Mundo; no lo ha dicho la oposici¨®n derechista; no son frases de Garz¨®n; no son comentarios de tertulia radiof¨®nica o de un periodista apesebrado en alg¨²n buen abrevadero. Lo afirma en un auto la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, que confirma el anterior auto de procesamiento en t¨¦rminos extremadamente, inusualmente duros. Y si ha cre¨ªdo conveniente pronunciarse con tanta dureza habr¨¢ que suponer que es porque los indicios apreciados as¨ª lo justifican.

De modo que, a estas alturas, los errores anteriores pasan factura. Pues si el argumento era la imparcialidad del juez Garz¨®n, la audiencia, al parecer, no s¨®lo no desmiente sus actuaciones, sino que las confirma y elogia la instrucci¨®n. Habr¨¢ pues que preguntarse d¨®nde estaba la imparcialidad si en el acusado Garz¨®n o en los entonces acusadores. ?O es que, tambi¨¦n la Audiencia es de dudosa parcialidad? Y si se trataba de esperar a decisiones judiciales para exigir responsabilidades pol¨ªticas, ah¨ª est¨¢n las dos primeras decisiones: las que, tras una ejemplar instrucci¨®n, procesa a Rold¨¢n por seis grav¨ªsimos delitos y esta segunda, de Audiencia, que confirma la instrucci¨®n de Garz¨®n.

?Se dir¨¢ ahora que no son decisiones firmes, que debemos esperar hasta el final, hasta que se pronuncie no s¨¦ quien, el Constitucional, Estrasburgo? Pues s¨ª, aunque parezca mentira, as¨ª es. Al parecer el PSOE afirma que, en aras de la presunci¨®n de inocencia de Vera, se procede a avalar su fianza de 200 millones de pesetas, con un coste anual de cuatro millones.

Y esto ya roza el sarcasmo. "Los partidos pol¨ªticos", dice el art¨ªculo 6 de la Constituci¨®n, "expresan el pluralismo pol¨ªtico, concurren a la formaci¨®n y manifestaci¨®n de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participaci¨®n pol¨ªtica". N¨®tese que no se dice que los partidos son sociedades de aseguramiento de responsabilidad civil, mercantil o penal; n¨®tese que no se dice que son clubes de amigos. N¨®tese, por el contrario, que les atribuye responsabilidades constitucionales, que son ¨®rganos pol¨ªticos p¨²blicos. Y que por ello se financian (aparte de como todos sabemos y comprobamos a diario) con fondos p¨²blicos, es decir, con cargo a los impuestos que pagan los contribuyentes, aunque su voracidad haga que tales sumas sean gotas de agua en un mar de endeudamiento.Pues bien, ?qu¨¦ tal la brillante idea de pagar con nuestros impuestos la defensa y los avales de personas que -como ha sido comprobado judicialmente- obstruyen la acci¨®n de la justicia utilizando para ello nuestros impuestos? Al parecer, el dinero p¨²blico sirve para todo: para pagar a los jueces, para obstruir su labor y, por supuesto, para pagar la defensa de quien obstruye su labor.

Comprendo que los amigos de Vera lo defiendan; faltar¨ªa m¨¢s. Comprender¨ªa igualmente que abrieran una suscripci¨®n p¨²blica para pagar su defensa; est¨¢n en su derecho y ello incluso les honrar¨ªa. Pero que con dinero de los contribuyentes el partido de Gobierno pague la defensa y el aval de Vera u otros procesados que han actuado anticonstitucionalmente es un sarcasmo para los contribuyentes y un claro menosprecio de la Constituci¨®n. Pues al proceder de este modo, el Partido Socialista Obrero Espa?ol (s¨ª, el mismo partido de Pablo Iglesias y de Juli¨¢n Besteiro) se al¨ªa objetivamente con quienes llevaron a cabo "un grav¨ªsimo ataque al sistema constitucional" y no con quienes lo han defendido. Una responsbilidad que hoy, les guste o no, comparten objetivamente todos sus militantes.