?Obediencia debida?

EL 'CASO GAL' estalla de nuevo. Y est¨¢ vez, parece que de forma definitiva. Hace siete meses, los ex polic¨ªas Jos¨¦ Amedo y Michel Dom¨ªnguez comenzaron sus particulares -y peculiares- declaraciones ante el juez Garz¨®n. Casi todos los implicados restantes han iniciado ahora una carrera hacia la Audiencia Nacional para tratar de canjear sus declaraciones por un trato comprensivo del juez Baltasar Garz¨®n. La estrategia de los implicados resulta obvia: aceptan una implicaci¨®n general, sin autoinculparse de forma fehaciente, y se amparan en su condici¨®n de subordinados en una trama en la que estar¨ªan implicados sus superiores jer¨¢rquicos y miembros del Gobierno, a quienes deb¨ªan obediencia en el momento de los hechos.Sean cuales fueren las motivaciones de este repentino y colectivo ejercicio de memoria, lo cierto es que los indicios de criminalidad se van multiplicando y son cada vez m¨¢s s¨®lidos; los testimonios aportados estos d¨ªas en cascada tienen m¨¢s valor probatorio de acuerdo a su mayor proximidad al n¨²cleo de los hechos; y, consecuentemente, el campo de la investigaci¨®n sumarial se ha ampliado hasta l¨ªmites de momento desconocidos. Lo que parece ya obvio es que la instrucci¨®n se mete de lleno en el seno del Gobierno.

Procesalmente, pues, el caso GAL avanza hasta situarse, quiz¨¢ ineludiblemente, ante las puertas de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Al juez Garz¨®n le va a ser legalmente muy dif¨ªcil continuar con el su mano una vez que sus acusados acusadores apuntan directamente al ex ministro del. Interior Jos¨¦ Barrionuevo. No va a ser posible mantener la peculiar situaci¨®n en la que ha estado el diputado Barrionuevo, que,- sin estar formalmente implicado, aparece p¨²blicamente como tal a ra¨ªz de la revelaci¨®n de algunos testimonios contenidos en el sumario, que se mantiene parcialmente secreto, aunque no hay acusaci¨®n que no sea inmediatamente trasladada al p¨²blico. Una situaci¨®n -estar y no estar en el sumario- que ha causado una evidente indefensi¨®n y que s¨®lo puede ser atajada con una imputaci¨®n en toda regla, aunque ello exija trasladar el sumario al Tribunal Supremo.

Pol¨ªticamente es ya abrumadora la certeza de que ha sido un desastre de primera magnitud la estrategia del Gobierno de intentar ignorar -y ocultar- un asunto que, adem¨¢s de una chapuza criminal (algo que, en todo caso, corresponder¨¢ determinar a los tribunales), fue un inmenso error pol¨ªtico. En este contexto, la palabra de Felipe Gonz¨¢lez reiterando, como ayer hizo una vez m¨¢s, la inocencia del Gobierno queda cada vez m¨¢s aislada en medio de un alud de testimonios que no van precisamente en esa direcci¨®n.

El que fue ministro del Interior en la ¨¦poca de los GAL, Jos¨¦ Barrionuevo, ha recurrido a la fragilidad humana para explicar el s¨²bito cambio de actitud de sus antiguos subordinados, que ahora le imputan ante Garz¨®n -dando consistencia a los testimonios indirectos de Amedo y Dom¨ªnguez- haber sido la instancia pol¨ªtica que dio el visto bueno al secuestro de Segundo Marey. Pero siempre hay que contar con el factor humano en el desarrollo de cualquier acontecimient¨®. No vale, por tanto, lamentarse ahora de que el juego de intereses de unos y otros implicados en el sumario de los GAL les lleve a una especie de s¨¢lvese quien pueda, nada ajeno, por cierto, a la condici¨®n humana. La sensaci¨®n de abandono, el agravio comparativo, as¨ª como el uso objetivo de la prisi¨®n preventiva como forma de quebrar la voluntad de los implicados, explica que la madeja de los GAL se desenrede ante los ojos del juez Garz¨®n.

Los implicados convertidos en masa en acusadores -desde el implicado de m¨¢s bajo rango policial hasta el antiguo director de la Seguridad del Estado Juli¨¢n Sancrist¨®bal- han optado por echar sobre instancias, superiores toda la responsabilidad de lo su cedido con la ilusoria idea de que as¨ª se les exculpar¨¢ de la suya. Se tratar¨ªa de convertir la delaci¨®n no ya en atenuante, sino en eximente. Pero hace a?os que la obediencia debida y el actuar bajo ¨®rdenes superiores han dejado ser en Espa?a circunstancias eximentes o atenuantes de actuaciones contrarias a las leyes y a la Constituci¨®n. Tras la intentona del 23-F, los c¨®digos son claros: ning¨²n funcionario militar, policial o civil puede escudarse en la "obediencia debida" para justificar un acto ilegal. Su obligaci¨®n es desobedecer y denunciar esa orden ante quien corresponda. Es lo que deber¨ªan haber hecho en su d¨ªa Sancrist¨®bal, ?lvarez, Planchuelo.... y el resto de funcionarios, incluidos Amedo y Dom¨ªnguez, si resultara, cierto -que eso tambi¨¦n debe ser probado- que se limitaban a ejecutar ¨®rdenes. ?O no sab¨ªan que secuestrar y asesinar es delito, sea su autor un funcionario del Estado o un terrorista? Si lo hicieron son responsables. Y habr¨¢n de volver a la c¨¢rcel si as¨ª se demuestra en un juicio con todas las garant¨ªas, incluidos quienes se pasean desde hace meses por Madrid como los condenados m¨¢s libres de Espa?a.