Hacer justicia

Un tribunal condena a un sujeto y, simult¨¢neamente, pide el indulto para el condenado; el indulto pertenece al ejercicio del derecho de gracia,. que, seg¨²n la Constituci¨®n, corresponde al Rey, por donde resulta una de las facultades discrecionales del Gobierno, que, por cierto, ni siquiera tiene que ser justificada, un verdadero poder judicial del Gobierno, a su albedr¨ªo. Sucede con cierta frecuencia, por ejemplo, en sentencias sobre insumisi¨®n, y en otros casos; recientemente, un asunto de malversaci¨®n de fondos.Se puede pensar que, al actuar as¨ª, el tribunal ha querido hacer una obra de misericordia, un acto de piedad adicional a su funci¨®n de aplicar justicia; pero esta misericordia institucionalmente ejercida choca un poco, al menos en apariencia, con. el principio de igualdad, que es uno de los fundamentos constitucionales; si la misericordia de los jueces. no est¨¢ regulada por la ley, la aplicaci¨®n por un ¨®rgano judicial en unos casos y no en otros podr¨ªa hacer pensar en discriminaci¨®n insatisfactoria.

Pero es que no se trata, si se mira bien, de cuestiones de esp¨ªritu misericordioso, sino de equidad. Lo que sucede es, que el tribunal no est¨¢ conforme con su fallo y para corregirlo en un sentido m¨¢s equitativo recurre a la solicitud, al Gobierno, del indulto. Pero la equidad no es m¨¢s que la justicia llevada a las circunstancias del caso concreto; la conciencia judicial se satisface, de alg¨²n modo, buscando la equidad por la v¨ªa tortuosa del indulto.

Estamos, por tanto, ante un fallo clamoroso del sistema, constitucional: los ¨®rganos de justicia se confiesan impotentes para impartirla y tienen que recurrir al poder ejecutivo para que ¨¦ste, usando de su discreci¨®n, termine por hacer la justicia que est¨¢ vedada a los tribunales, de donde resulta que la justicia, en ese caso concreto, viene a depender de la magnanimidad del poder ejecutivo, del Gobierno, y de alg¨²n modo al margen de la ley. La realizaci¨®n de la justicia depender¨¢, por tanto, de un acto de gracia por parte del poder ejecutivo. Pero, si los ¨®rganos del poder judicial no pueden decidir justicia por s¨ª solos, algo chirr¨ªa en el sistema. Haga usted jueces independientes para esto.

Son supuestos, podr¨¢, decirse, de conflicto entre ley y justicia; los jueces tienen que aplicar la ley, pero ¨¦sta puede ser injusta, o al menos imperfecta; la petici¨®n de indulto es una v¨ªa de escape para ese conflicto. Pero esta argumentaci¨®n es m¨¢s que peligrosa, y falaz. En la Constituci¨®n hay derechos, principios, normas y criterios que sirven sobradamente para reconducir las leyes a la justicia, a la m¨¢s exquisita equidad; el legalismo que acaba siendo leguyelismo es un criterio de comodidad judicial" pero no satisface las expectativas ni los designios de una organizaci¨®n social que espera del Ejecutivo buen gobierno, y del poder judicial, justicia.No es una cuesti¨®n de purismo metodol¨®gico. Quiero recordar, sin ir m¨¢s lejos, lo que sucedi¨® en Alemania a partir de 1933; no es, ni remotamente, el caso, pero la soluci¨®n de recurrir al Gobierno para que ayude a fijar lo justo me parece viciosa, aunque cuente entre nosotros con alguna tradici¨®n pr¨¢ctica y legislativa, preconstitucional. Un tribunal no puede nunca "lavarse las manos".

Tambi¨¦n podemos verlo, y no es mala perspectiva, des" de el lugar del sujeto afectado: el derecho a un juicio justo comprende no s¨®lo el procedimiento adecuado, sino un fallo justo; el procedimiento existe para obtener justicia, no para que nos recreemos en las sutilezas y bondades de un riguroso formalismo que garantiza; porque lo que garantiza en un buen resultado; pero en estos casos el sujeto no ha obtenido lo que le corresponde, un fallo claro y equitativo. Nadie tiene derecho a un indulto; si ¨¦ste se le concede habr¨¢ recibido favor, no derecho, y cargar¨¢ socialmente con la calificaci¨®n penal negativa que, no corresponde a la equidad del caso concreto, seg¨²n la apreciaci¨®n del tribunal; para m¨¢s colmo, habr¨¢ recibido un favor, a modo de privilegio; y no es lo mismo, me parece, ser un ciudadano inocente que un delincuente agraciado por la bondad gubernativa.