El Gobierno conf¨ªa en el Tribunal Supremo para que las acusaciones se detengan en Barrionuevo

La inminente elevaci¨®n del caso GAL al Tribunal Supremo por el juez Baltasar Garz¨®n ante la aparici¨®n de indicios delictivos contra el diputado socialista y ex mininistro del Interior Jos¨¦ Barrionuevo -dada la condici¨®n de aforado de ¨¦ste- es contemplada desde el Gobierno con alivio, por estimar que el asunto se detendr¨¢ ah¨ª. En cuanto a la pretendida responsabilidad del presidente del Gobierno, Felipe Gonz¨¢lez, fuentes socialistas relacionan las acusaciones con los esfuerzos de los populares por acceder muy pronto al poder, para lo que sus dirigentes ofrecen o insin¨²an en privado soluciones que conduzcan al perd¨®n de los inculpados, pero siempre desde un futuro Ejecutivo del Partido Popular.

La pr¨®xima remisi¨®n del caso GAL a la Sala Segunda, de lo Penal del Tribunal Supremo produce en el Gobierno una sensaci¨®n de desahogo, entre otras razones, por el contraste entre la intrepidez y capacidad instructora del juez Garz¨®n y un tribunal poco ¨¢gil para investigar delitos e impedido legalmente para delegar en el juez Garz¨®n, seg¨²n fuentes de dicha sala. Tendr¨¢ que designar instructor a un magistrado de la misma, que compartir¨¢ ¨¦sta tarea con otras funciones jurisdiccionales en el Supremo, lo que asegura una "instrucci¨®n ni trepidante ni ¨¢gil".La elevaci¨®n del caso al Supremo no se producir¨ªa si Barrionuevo hubiera renunciado a su condici¨®n de diputado. Fuentes de la investigaci¨®n aseguran que, de haber hecho tal renuncia, el juez Garz¨®n, tras inculparle, habr¨ªa decretado su libertad provisional. Sin embargo, tanto Barrionuevo como su entorno jur¨ªdico y pol¨ªtico se han negado a arrostrar una investigaci¨®n a cargo del juez antiguo compa?ero de esca?o.

Desde el punto de vista de la depuraci¨®n de las responsabilidades penales, fuentes de la Audiencia Nacional se?alan que, a pesar de la aparente mayor agresividad jur¨ªdica de este ¨®rgano judicial, existe una hostilidad mayor hacia el Ejecutivo en el Supremo, cuya sala segunda ser¨¢ presidida a partir de ma?ana, lunes, por un magistrado muy conservador, Fernando Cotta. En todo caso, no es probable que esta sala se haga cargo del caso hasta septiembre. La sala de vacaciones, que presidir¨¢ Pedro Gonz¨¢lez Poveda, y de la que formar¨¢ parte Jos¨¦ Antonio, Mart¨ªn Pall¨ªn, no podr¨¢ hacerlo.

Secuestro prescrito

Una de las soluciones al caso GAL que se apuntan (desde ¨¢reas gubernamentales guarda relaci¨®n con que las imputaciones m¨¢s concretas y consistentes hasta ahora se refieren al secuestro de Segundo Marey, delito que, en lo que se refiere a Barrionuevo, est¨¢ prescrito por haber transcurrido m¨¢s de 10 a?os sin dirigir el procedimiento contra ¨¦l. El secuestro fue perpetrado en diciembre de 1983 y de no haberse reactivado el caso en 1993 por el fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo habr¨ªa prescrito para todos los presuntos culpables.En cuanto al criterio procedente del Ministerio de Justicia e Interior, que atribuye "poco peso jur¨ªdico" a las declaraciones de Miguel Planchuelo, Juli¨¢n Sancrist¨®bal, Francisco ?lvarez y otros comparecientes ante Garz¨®n, fuentes judiciales se?alron que, por el contrario, "cuando se trata de testimonios coincidentes tienen bastante consistencia" y recordaron que existen "miles de condenados por pruebas de menor peso jur¨ªdico que los indicios hasta ahora hallados".

La actitud del entorno del Gobierno es la de que contin¨²en trabajando los jueces y, en general, parece confiar en que no tiene nada que temer de la actividad judicial. El abogado y diputado socialista Jos¨¦ Mar¨ªa Mohedano considera que, "sea Garz¨®n o sea el Tribunal Supremo, los jueces deben seguir su trabajo". Como otros dirigentes socialistas, Mohedano rechaza, por el contrario, soluciones del tipo de una ley de "punto final".

"Con un Gobierno socialista nunca podr¨¢ haber intentos de tapar presuntas responsabilidades propias", argumenta Mohedano, para el que "no ser¨ªa conveniente pol¨ªticamente, y jur¨ªdicamente es imposible, porque la Constituci¨®n prohibe los indultos generales". Y a?ade: "Tal soluci¨®n, innecesaria, s¨®lo cabe conectarla con el intento conservador de precipitar un cambio del Gobierno, que dejar¨ªa en manos del Ejecutivo del PP un futuro indulto, en su caso, tras el juicio correspondiente, y que sena recibido por los cuerpos policiales como un b¨¢lsamo".

En cuanto a la posible inculpaci¨®n de Felipe Gonz¨¢lez, tras la declaraci¨®n del ex dirigente socialista vasco Ricardo Garc¨ªa Damborenea, el diputado socialista Manuel de la Rocha cree que "es dif¨ªcil que por una sola declaraci¨®n testifical el Supremo solicite el suplicatorio para proceder contra el presidente del Gobierno". De darse tal circunstancia, De la Rocha estima que "en 48 horas se provocar¨ªa una crisis muy dif¨ªcil de superar, que exigir¨ªa la inmediata disoluci¨®n del Parlamento". Cree que, en todo caso, tal petici¨®n no se producir¨ªa hasta septiembre.

Otros socialistas consultados coinciden en los efectos pol¨ªticos de la situaci¨®n. As¨ª, consideran que, una vez que el caso llegue al Supremo, Barrionuevo deber¨ªa renunciar a su condici¨®n de aforado, aunque no a la de diputado, o al menos pedir al PSOE que vote favorablemente la concesi¨®n del suplicatorio "para poder defenderse". Barrionuevo mantiene tanto en p¨²blico como en privado que no existi¨® la conversaci¨®n telef¨®nica que se le atribuye con Sancrist¨®bal sobre el secuestro de Marey.