El globo de Crillon

A MARIO Conde y a sus corifeos se les acaba de pinchar uno de los globos de colores -el caso Crillon el que pretend¨ªan distraer a la opini¨®n p¨²blica y sobre todo a la justicia, del proceso que tiene abierto por estafa y apropiaci¨®n indebida en cuant¨ªa de 7.000 millones de pesetas durante su etapa al frente de Banesto. La Sala Segunda del Supremo ha archivado las diligencias abiertas por este caso, en las que el ex presidente de Banesto intent¨® personarse sin ¨¦xito como presunto perjudicado. La estrategia de Conde era clara. Acusar a miembros del Gobierno de espionaje ilegal para conferir una fantasmag¨®rica motivaci¨®n pol¨ªtica a la intervenci¨®n de Banesto, y buscar as¨ª una posible nulidad del proceso penal que instruye contra ¨¦l el juez Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n y que le llevar¨¢ a juicio ante la Audiencia Nacional.Para intentar evitar esto, ahora ya s¨®lo le queda a Conde la baza de neutralizar al juez instructor, que est¨¢ realizando una minuciosa y eficaz labor sumarial. En ello est¨¢ Conde. Con la animosa colaboraci¨®n del peri¨®dico El Mundo, hagi¨®grafo del ex banquero y principal divulgador de la tesis de la persecuci¨®n pol¨ªtica, bajo la cual Conde pretende disfrazar su desastrosa y presumiblemente delictiva gesti¨®n al frente de Banesto. Un d¨ªa s¨ª y otro tambi¨¦n este medio cuestiona la legitimidad del juez Garc¨ªa-Castell¨®n para instruir el sumario por una supuesta apariencia de parcialidad objetiva que se derivar¨ªa de su nombramiento como juez. de apoyo del titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 3 de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras. Es decir, los mismos argumentos que dicho peri¨®dico ha calificado como un intolerable ataque a la independencia judicial cuando alguno de los implicados en el caso GAL han intentado esgrimirlos, contra el juez Garz¨®n a causa de su paso por el Ministerio del Interior y la supuesta rivalidad profesional o pol¨ªtica entre los ex mandos encausados y su antiguo compa?ero.

El archivo del caso Crillon destruye tambi¨¦n una maniobra de distracci¨®n m¨¢s de Luis Rold¨¢n, que pretendi¨® atenuar sus presuntas responsabilidades penales al frente de la Guardia Civil lanzando tinta de calamar hacia arriba. Y s¨®lo un d¨ªa despu¨¦s de que el Supremo desinflara su otra maniobra contra la supuesta ilegalidad de su captura y puesta a disposici¨®n judicial. Con esta t¨¢ctica de acusar a los superiores -profusamente empleada en este y otros casos- Rold¨¢n busc¨® meter al ex vicepresidente del Gobierno Narc¨ªs Serra y al ex ministro de Defensa Juli¨¢n Garc¨ªa Vargas en el mismo saco de la malversaci¨®n de fondos reservados en el que est¨¢ metido hasta las cejas el ex director de la Guardia Civil. Es importante, pues, que el Supremo haya evitado que dos personajes a los que se acusa de graves, delitos -Luis Rold¨¢n al frente de la Guardia Civil y Mario Conde al frente de una entidad financiera de la importancia de Banesto-, pudieran utilizar el caso Crillon como cortina de humo tras la que esconder sus personales e intransferibles responsabilidades.

Tambi¨¦n lo es la doctrina que el Supremo establece sobre la legitimidad del Estado democr¨¢tico para realizar y financiar con fondos reservados informes tipo Crillon "en defensa de intereses p¨²blicos relevante que se pueden conectar perfectamente con la seguridad p¨²blica general". La relevancia es evidente en la investigaci¨®n de actividades del entonces presidente de uno de los principales bancos ante el riesgo entonces posible, hoy evidente, de que irregularidades en su gesti¨®n pudieran causar graves da?os al "sistema financiero nacional. Y eso s¨®lo puede hacerse conoci¨¦ndolas, y en el caso del anterior presidente de Banesto, prestando "una especial atenci¨®n a las actividades que se desarrollaban en el extranjero".

Por supuesto que esta actuaci¨®n de los poderes p¨²blicos, justificada en la defensa de los bienes colectivos, debe hacerse con sujeci¨®n estricta al marco legal y sin vulnerar los derechos fundamentales de la persona. Pero el Supremo ha analizado el contenido del informe Crillon y no ha encontrado rastro de delito ni de vulneraci¨®n de derechos c¨ªvicos. No ha existido, chantaje sobre Conde, no se le ha privado del ejercicio de sus derechos constitucionales ni se ha acreditado tampoco que fuera espiado ilegalmente mediante el pinchazo de su comunicaciones telef¨®nicas. Si eso le preocupaba, Conde puede dormir tranquilo. No es v¨ªctima, ni siquiera presunta; s¨®lo presunto delincuente.

El caso Crillon, como sucedi¨® con los papeles de Laos, ha ocupado cientos de p¨¢ginas de peri¨®dicos -incluido ¨¦ste-, ha generado titulares de hasta cinco coIumnas en primera p¨¢gina y dado pie a virulentas acusaciones contra Serra, al que se ha llegado a calificar casi de delincuente. No est¨¢ de m¨¢s que alguna vez los periodistas reconozcamos nuestros errores. Es probable que mejore nuestra credibilidad.