Bajo sospecha

PUES LO ha hecho. El Gobierno ha ignorado todas las advertencias y ha convertido al coronel de la Guardia Civil Enrique. Rodr¨ªguez Galindo en, general. Ha pasado por alto hasta sus propios datos, ya que las sospechas de la implicaci¨®n de guardias civiles del cuartel donostiarra de Intxaurrondo en el secuestro y posterior asesinato de, los etarraslasa y Zabala se fundamentan en indicios veros¨ªmiles resultantes de investigaciones- del propio Ministerio de Justicia e Interior. Era m¨¢s que obvio que esos indicios aconsejaban paralizar el ascenso a general de ese militar, responsable del citado cuartel cuando sucedieron los hechos. El Gobierno no lo ha visto as¨ª.Parece evidente que s¨®lo una segunda intenci¨®n puede explicar el empecinamiento del Gobierno en, hacer efectivo el ascenso. La tesis m¨¢s piadosa es que esta decisi¨®n es la forma de sacar a Galindo de Intxaurrondo sin pasar por tr¨¢mites de una destituci¨®n o apartamiento del cargo, con posibles repercusiones sobre la cohesi¨®n y actitud. de los equipos antiterroristas.

Pero si se trata de esto tampoco faltan motivos de inquietud. O bien se estar¨ªa comprando el silencio del hoy -ya general, algo no descartable a la vista de lo ?aro que ha resultado al Gobierno descuidar ese pago en otros casos famosos, o bien se estar¨ªa tratando de evitar el boicoteo desde dentro de la acci¨®n policial. La insistencia por parte de los medios defensores de Rodr¨ªguez Galindo en la vital importancia de los informadores antiterroristas controlado por ¨¦l alimenta la sospecha de alg¨²n sutil chantaje.

Aceptar esta ¨²ltima hip¨®tesis es tan contradictorio con el empe?o reformista de Belloch como lo fue, en marzo, la decisi¨®n de indultar a dos guardias, tambi¨¦n adscritos a Intxatirrondo, condenados por torturas. La credibilidad de ese empe?o pasa por acabar con esas pr¨¢cticas y con los sedicentes expertos antiterroristas, supuestamente imprescindibles, que chantajean a los ministros del Interior desde hace 20 a?os.

Es cierto que, en relaci¨®n al caso Lasa-Zabala, que investiga el juez Bueren, s¨®lo puede hablarse de indicios. Nadie ha presentado pruebas contra el ahora general. Pero no se trata por el momento de establecer responsabilidades penales, sino de decidir si hab¨ªa o no motivos que aconsejasen aplazar el proyectado ascenso hasta concluir la investigaci¨®n. Lo que es evidente es que si de esa investigaci¨®n resultase la implicaci¨®n directa de guardias a las ¨®rdenes del coronel Rodr¨ªguez Galindo, ¨¦ste deber¨ªa responder en la medida que determinasen los jueces, de las actuaciones ilegales de sus subordinados.

El Estado y la sociedad agradecen los servicios de los guardias y mandos de ese cuartel, del que han partido algunas de las m¨¢s eficaces operaciones contra ETA. Pero esos m¨¦ritos, individuales o colectivos, no convalidan cr¨ªmenes como el del secuestro y asesinato de Lasa y Zabala. Una cautela m¨ªnima reforzada por la experiencia de quienes estuvieron a punto de hacer ministro al ex director de la Guardia Civil- habr¨ªa aconsejado congelar el ascenso hasta la culminaci¨®n de la investigaci¨®n. Quiz¨¢ se arrepientan pronto.