La clausura vuelve a Las Salesas
Los magistrados del Supremo se atrincheran en sus nuevos despachos y expulsan del edificio a los fot¨®grafos
Siglo y medio despu¨¦s. de que el antiguo convento de la Visitaci¨®n fuese destinado a servir como Palacio de Justicia, un cerrado ambiente de clausura vuelve a impregnar los muros del edificio que cediera B¨¢rbara de Braganza, esposa de Fernando VI, a la orden de las Salesas Reales. El hasta hace poco bullicioso foro judicial de Madrid ha recuperado la paz conventual desde que sus actuales y exclusivos moradores, los magistrados del Tribunal Supremo, han acotado como "zona restringida" un centenar de reci¨¦n estrenados despachos y han recolocado al personal auxiliar entre s¨®tanos y viejas salas de juicio. Para que en adelante nadie vuelva a turbar la paz monacal de los de siertos corredores, los jerarcas han expulsado a los fot¨®grafos y las c¨¢maras de televisi¨®n. Por sorpresa y sin explicaciones.Todo empez¨® cuando alguien le hizo una foto al presidente de la Sala Tercera, ?ngel Rodr¨ªguez Garc¨ªa, un ajetreado d¨ªa en que hab¨ªa sesi¨®n plenaria sobre el caso GAL. Encolerizado , convoc¨® a la Sala de Gobierno y logr¨® sacar adelante una prohibici¨®n para que los fot¨®grafos y las c¨¢maras de televisi¨®n no pudiesen entrar en las salas de juicio.
Nadie ha sido capaz de explicar por qu¨¦ una fotograf¨ªa pudo molestar tanto al presidente de la Sala Tercera, de no ser por la posibilidad de aparecer se?alado como farolillo rojo en atrasos, por los 124,828 asuntos contenciosos pendientes que tiene su sala. Pero, salvo por eso, Rodr¨ªguez nunca antes hab¨ªa llamado la atenci¨®n de los periodistas, ni siquiera como jurista.
Menos extra?eza caus¨® que el presidente de la Sala Segunda, Fernando Cotta, saliese en defensa, no de los periodistas, sino de sus defenestradores. Cotta inici¨® su mandato pretendiendo dar una imagen institucional, pero el entusiasmo apenas le dur¨® tres o cuatro comparecencias ante las c¨¢maras. En una de ellas afirm¨®, que ser¨ªa inevitable aplicar al caso GAL el art¨ªculo 102 de la Constituci¨®n para que una eventual acusaci¨®n contra el presidente del Gobierno la promoviese el Parlamento. Medios judiciales y pol¨ªticos se le echaron encima y le dieron estopa hasta en el birrete.
Cotta afront¨® algunas comparecencias m¨¢s, pero daba una imagen envarada y titubeante, aun rodeado de sus compa?eros de la sala de admisi¨®n del caso GAL. Su ¨²ltima familiaridad con la prensa gr¨¢fica la tuvo a primeros de septiembre con un fot¨®grafo al que conmin¨® a deponer su c¨¢mara al sorprenderle, por la calle "en mangas de camisa".
Sin salir de su asombro por lo tajante e inesperado de la prohibici¨®n, los periodistas de tribunales demandaron del presidente del Tribunal Supremo, Pascual Sala, la revocaci¨®n de tan arbitraria medida. Nunca lo hubieran hecho. Sala convoc¨® una nueva reuni¨®n gubernativa, de la que sali¨® con una prohibici¨®n a¨²n m¨¢s extensa que la anterior, que excluye de las im¨¢genes todo el recinto del edificio. La treintena de profesionales que osaron pedir la mediaci¨®n presidencial pasaron a ser objeto de preferente atenci¨®n de las fuerzas de seguridad, que desde entonces le! someten a minuciosos registros antes de acceder al Supremo y, especialmente, al edificio del Consejo del Poder Judicial.
La teor¨ªa m¨¢s extendida sobre lo sucedido apunta a que en su reestrenada sede del Tribunal Supremo los magistrados no quieren que nadie ponga los pies encima del sill¨®n.
La reforma ha estado 3.447 millones en obras de restauraci¨®n, mobiliario y decoraci¨®n de los despachos de sus 85 magistrados de plantilla. A 40 millones el metro de magistrado.
A consecuencia de tal dispendio han comenzado a aflorar las primeras voces en favor de discriminar las puertas de acceso "para que no se estropee el mosaico" de la entrada principal, o las que han sugerido que los flashes de los c¨¢maras pueden estropear las pinturas reci¨¦n rehabilitadas. Pinturas que deben referirse a las de las paredes, porque los cuadros, am¨¦n de ser horribles en su mayor¨ªa, a¨²n no han vuelto a ser colgados.
En los 10 o 12 ¨²ltimos a?os las c¨¢maras han accedido con regularidad tanto al palacio como a sus salas de juicio, en una secuencia que se ha constituido ya en costumbre. Han sido captadas im¨¢genes de procesos a militantes del PP, como en el cas¨® Naseiro y el de la miner¨ªa de Le¨®n; de parlamentarios de HB por el esc¨¢ndalo en la Casa de Juntas de Gernika; de recursos de polic¨ªas (caso Nani); de centenares de perjudicados por el envenenamiento por el aceite de colza, y de toda una larga lista de banqueros y empresarios inculpados en la presunta fmanciaci¨®n irregular del PSOE.
Ahora, la coincidencia de la exclusi¨®n de las c¨¢maras con los preliminares del caso GAL y con la proximidad del juicio oral del caso Filesa, que afectan a las altas instancias gubernamentales y del PSOE, parece dar pie a otra interpretaci¨®n.
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