Justicia o venganza

ANTE CASOS de cr¨ªmenes tan atroces como el de Anabel Segura, la exigencia de justicia tiende a confundirse f¨¢cilmente con la venganza y con la ley del tali¨®n de las sociedades b¨¢rbaras. Pero, desechada con fuerza esa reacci¨®n inmediata e impulsiva, impropia de una sociedad civilizada y de un Estado de derecho en el que nadie es culpable mientras no lo decida un tribunal de justicia mediante un proceso con todas las garant¨ªas, tiene sentido preguntarse sobre el trato que el sistema penal otorga a los desalmados -ya convictos- que secuestran y asesinan, violan, destrozan cuerpos en atentados terroristas o destruyen a j¨®venes y a familias enteras con el criminal comercio de la droga.El sistema penal y penitenciario vigente se caracteriza, entre otras cosas, por establecer penas te¨®ricamente elevadas, absolutamente desproporcionadas en algunos delitos, pero que reduce despu¨¦s sustancialmente de manera harto mec¨¢nica y sin relaci¨®n alguna, en muchos casos, con el objetivo de reinserci¨®n social ni la personalidad del potencial beneficiario de la medida. Y ello como consecuencia de seguir manteniendo la reducci¨®n de penas por el trabajo introducida en el C¨®digo Penal en 1944 como forma de amortiguar los efectos de las elevadas condenas que tienen a¨²n su origen en la represi¨®n que sigui¨® a la guerra civil. Tampoco diferencia suficientemente el tratamiento de determinadas conductas delictivas -ciertos homicidios, violaciones y, en general, delitos contra menores, que, adem¨¢s de ser objeto de la ley penal, pueden serlo m¨¢s de la medicina psiqui¨¢trica. No se puede aplicar sin m¨¢s a este tipo de delincuentes el sistema general penitenciario, sino otro m¨¢s especializado, vinculado a la naturaleza del delito.

Tienen sentido las preguntas que se hacen al respecto desde la calle, sobre todo cuando cobran actualidad por tr¨¢gicos y alarmantes fallos del sistema. Pero las respuesta no puede surgir desde la ira y el dolor que suscitan cr¨ªmenes como el de Anabel Segura. Sacar en este momento, como han hecho algunos dirigentes del Partido Popular (PP), la bandera -por lo dem¨¢s confusa- del cumplimiento ¨ªntegro de las penas no deja de ser un ejercicio de demagogia y mal gusto. Sobre todo cuando existe en el Senado un debate sobre el nuevo C¨®digo Penal, donde el tema puede y debe ser abordado con el rigor requerido.

Si con el cumplimiento ¨ªntegro de las penas los dirigentes del PP pretenden negar a determinados delincuentes la posibilidad de reinsertarse, tienen raz¨®n quienes afirman que ello exigir¨ªa la reforma de la Constituci¨®n. Si es eso lo que quieren, deber¨ªan decirlo claramente. Porque con la Constituci¨®n en la mano no cabe establecer una forma de cumplimento de penas que impida toda posibilidad de reinserci¨®n social. Si lo que pretenden es que las penas sean proporcionadas a la gravedad del delito, que se cumplan sustancialmente y que en los delitos m¨¢s graves -terrorismo, narcotr¨¢fico, violaci¨®n, asesinato- se endurezcan las condiciones de acceso a los beneficios penitenciarios, la posici¨®n es defendible. De hecho, es la que han plasmado el resto de fuerzas pol¨ªticas en la redacci¨®n del nuevo C¨®digo Penal, pendiente de tramitaci¨®n en el Senado.

El nuevo C¨®digo Penal es tributario, como no pod¨ªa ser de otro modo, de la enorme inquietud social generada por ese tipo de delincuencia. Tambi¨¦n es fruto de una meritoria labor de consenso parlamentario. El PP ha asumido muchas de las posturas de los restantes grupos y ¨¦stos han acercado las suyas a la del PP sobre el cumplimiento de las penas hasta el l¨ªmite de lo constitucionalmente admisible. Ir m¨¢s all¨¢ ser¨ªa convertir el sistema penal en un instrumento de venganza social, impropio de un ordenamiento legal democr¨¢tico.