?Qui¨¦n juzga a los jueces?

La responsabilidad de los jueces por decisiones atrabiliarias o no comprensibles es dif¨ªcil de exigir, fuera de la correcci¨®n que puede provenir de los recursos que las partes interpongan contra tales resoluciones o de la dif¨ªcil condena por prevaricaci¨®n. En la reforma de la ley org¨¢nica del Poder Judicial acometida por el equipo de Juan Alberto Belloch en Justicia en 1993, -la ley que reforma la org¨¢nica del Poder Judicial es de 8 de noviembre de 1994- se plante¨® esta materia, pero las asociaciones judiciales se opusieron a la injerencia de los ¨®rganos de gobierno en la actividad jurisdiccional de los jueces y magistrados. El Gobierno lo dej¨® para m¨¢s adelante.La Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, se sensibiliz¨® en su X Congreso Nacional, celebrado en Madrid en noviembre de 1993, sobre esta materia. Frente a los proyectos de Justicia de diciplinar tambi¨¦n las resoluciones judiciales, aprob¨® una conclusi¨®n, seg¨²n la cual "en ning¨²n supuesto de ejercicio de la funci¨®n jurisdiccional podr¨¢ iniciarse una actuaci¨®n disciplinar¨ªa por parte de los ¨®rganos de gobierno del poder judicial". Jueces para la Democracia, minoritaria y progresista, debati¨® tambi¨¦n sobre este asunto y lleg¨® a la conclusi¨®n del riesgo de dejar en manos de los ¨®rganos de gobierno la correcci¨®n disciplinaria de las decisiones judiciales. De ese modo se excluy¨® del proyecto de ley definitivo la falta grave consistente en introducir en una resoluci¨®n apreciaciones descalificadoras o contrarias a la dignidad del justiciable. Estaba entonces proxima la sentencia de un juez benevolente con un ATS que hab¨ªa besado los pechos a una anciana, sin el consentimiento de ¨¦sta, y que se hab¨ªa permitido opinar sobre la leve falta, dadas las mejores ocasiones a disposici¨®n del sanitario.

Contin¨²a vigente la responsabilidad civil y penal de los titulares del poder judicial porsu actuaci¨®n jurisdiccional, pero en la. pr¨¢ctica son dif¨ªciles de exigir. La penal porque el mecanismo del antejuicio [privilegio previo a la admisi¨®n de una querella] ha venido entorpeciendo el enjuiciamiento penal de los jueces y magistrados. La supresi¨®n de tal requisito por la ley del Jurado y el futuro sometimiento de los jueces al Tribunal del Jurado para juzgar algunos delitos judiciales significar¨¢ una novedad.

En el ¨¢mbito civil son muy pocos los casos en que los tribunales han condenado al juez que ha causado unos perjuicios econ¨®micos o morales a los ciudadanos a indemnizarles. Incluso el Ministerio de Justicia e Interior, legalmente autorizado a repercutir sobre los jueces todas o partes de las indemnizaciones que viene pagando el Estado por anormal funcionamiento judicial, hace poco uso de tal facultad. Y los ciudadanos, una vez que logran obtener del erario p¨²blico la compensaci¨®n a los perjuicios sufridos, se olvidan de actuar civilmente contra el juez. La consecuencia es que las p¨®lizas de seguros que suscriben muchos jueces, por si acaso, apenas tienen que ser utilizadas, hasta el punto de que algunas compa?¨ªas han bajado las primas.