La juez Coronado imputa a Corcuera, Vera y Sancrist¨®bal malversaci¨®n de fondos
Mar¨ªa Jes¨²s Coronado, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 43, dict¨® ayer un auto de imputaci¨®n contra el ex ministro del Interior Jos¨¦ Luis Corcuera; el ex secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el ex director de la Seguridad del Estado, Juli¨¢n Sancrist¨®bal, por supuesto delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos "y cualquier otro que se pudiera derivar de la investigaci¨®n". La resoluci¨®n fue adoptada en el proceso que la juez tramita por uso irregular de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, como consecuencia de una denuncia del diputado del PP Federico Trillo. El abogado de Corcuera, Leopoldo Torres, anunci¨® ayer que recurrir¨¢ la decisi¨®n de la juez.
, La denuncia de Trillo hac¨ªa referencia al pago de sobresueldos y apropiaci¨®n para uso privado de fondos reservados del Ministerio del Interior. La juez ha contado en su investigaci¨®n con los soportes documentales de las cuentas del Banco de Espa?a que los responsables de Interior manejaban.Bas¨¢ndose en esos soportes y en los testimonios de varias personas que recibieron partidas con cargo a los fondos reservados, la juez precisa que la investigaci¨®n realizada hasta el momento, "viene evidenciando que determinados extremos de la denuncia son ciertos".
La juez recoge diversos testimonios, desde funcionarios del ministerio a gobernadores civiles que cobraron de los fondos, la mayor¨ªa de ellos dinero en efectivo metido en sobres blancos pegados con cinta autoadhesiva o bien en talones.
Compra de joyas
Respecto, a las acusaciones a Corcuera, se basan en la declaraci¨®n del joyero Jos¨¦ Miguel Vargas, quien manifest¨® que entre 1990 y 1992 el ministro le pag¨® en met¨¢lico joyas que compraba para regalos a las esposas de los altos cargos del Ministerio.
Las compras no fueron intervenidas por expediente administrativo alguno, seg¨²n se?ala el auto de la juez Coronado. La juez considera indiciariamente que se ha producido una desviaci¨®n de caudales p¨²blicos para fines para los que no est¨¢n espec¨ªficamente previstos.
Agrega que inicialmente la investigaci¨®n se centr¨® en los a?os 1987 a 1994, pero que ha sido ampliada fijando el punto de partida en 1983, "resultando que durante todo este tiempo las cuentas con las que se han realizado los pagos tanto en efectivo como a trav¨¦s de cheques bancarios, que han podido transgredir el l¨ªmite de la falta de control y discrecionalidad que ampara el uso de los fondos reservados por su propia naturaleza, han contado con diferentes titulares".
Los titulares sucesivos han sido Luis Bernaldo de Quir¨®s, Manuel Ballesteros, Primitivo Seivane, Juan Antonio M¨ªnguez y Juan de Justo, que han prestado declaraci¨®n y han se?alado que manejaban los fondos siguiendo ¨®rdenes de Sancrist¨®bal, primero, y Vera despu¨¦s, y que eran ¨¦stos los que efectuaban la ¨²ltima disposici¨®n de los cheques o del efectivo.
Pulseras y no cestas
Corcuera se mostr¨® ayer sorprendido por encontrarse imputado sin siquiera haber sido llamado a declarar. El ex ministro manifest¨® a este peri¨®dico que eso le ha ocurrido por haber regalado pulseras en lugar de cestas de navidad y precis¨® que ¨¦l actu¨® conforme a la circular 3 / 1966 de la Intervenci¨®n General del Estado, relacionada con gastos de solemnidad, atenciones y otros de car¨¢cter social o gastos reservados de disposici¨®n discrecional por el ministro. En esa norma se se?ala que no es necesaria la justificaci¨®n de los gastos de car¨¢cter social.
Rafael Vera, por su parte, declar¨® a la cadena SER que est¨¢ dispuesto a aclarar cualquier extremo relativo a los fondos reservados, aunque no podr¨¢ contestar a las cuestiones que afecten a la seguridad del Estado. Vera a?adi¨® que hay gente interesada en mezclar el caso GAL con el uso irregular de los fondos reservados para colocar en situaci¨®n complicada a Felipe Gonz¨¢lez y al Gobierno.
Gonz¨¢lez afirm¨® anoche en T¨²nez que desconoc¨ªa las imputaciones contra Corcuera, Vera y Sancrist¨®bal y a?adi¨® que la determinaci¨®n del delito en el uso irregular de fondos reservados corresponde a los jueces.
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