Secretos europeos

Si Espa?a fuese el Reino Unido, el ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, no habr¨ªa tenido que plantear un conflicto de j¨²risdicci¨®n con el juez Baltasar Garz¨®n para evitar que ¨¦ste le acuse de denegaci¨®n de auxilio a la justicia por negarle los papeles del Cesid sobre la guerra sucia. Le habr¨ªa bastado remitirle un "certificado de inmunidad". Este significativo nombre tienen los documentos que, al amparo de la Ley brit¨¢nica de Secretos Oficiales, de 1 de marzo de 1990, pueden remitir los ministros a los jueces neg¨¢ndose a facilitar la informaci¨®n que les solicitan con el argumento de que su difusi¨®n da?ar¨ªa el inter¨¦s p¨²blico.

La ¨²ltima vez que el Gobierno brit¨¢nico utiliz¨® esta prerrogativa, fue en el proceso contra los responsables de una empresa, acusada de violar el embargo de armas contra Irak, relacionados a su vez con los servicios secretos. La defensa aleg¨® que las exportaciones estaban amparadas por certificados oficiales y el tribunal solicit¨® la documentaci¨®n pertinente a los ministerios de Comercio, Interior y Asuntos Exteriores. La Administraci¨®n se neg¨® a entregar los documentos, mediante el procedimiento de los "certificados de inmunidad" sin que dicha negativa fuese recurrida ni los ministros incurriesen en responsabilidad alguna. El proceso fue sobrese¨ªdo.

Los Estados de m¨¢s rancia tradici¨®n democr¨¢tica de Europa no tienen empacho en poner coto a la actuaci¨®n de los tribunales mediante el recurso al secreto oficial, incluso cuando existen indicios de delito. En Alemania, el art¨ªculo 96 del C¨®digo de Procedimiento. Penal se?ala que los jueces no pueden requerir la entrega de documentaci¨®n si la autoridad competente declara que "del conocimiento del contenido de dichas actas o documentos puede derivarse un perjuicio para el Estado o para un land [Estado] federado". La Ley de la Funci¨®n P¨²blica. alemana se?ala que los funcionarios no pueden declarar "ni ante un tribunal ni extrajudicialmente" sobre asuntos conocidos durante el ejercicio de su cargo que puedan perjudicar importantes intereses p¨²blicos, pudiendo ser castigados con hasta cinco a?os de c¨¢rcel si incumplen esta obligaci¨®n

En Francia, un decreto de mayo de 1981 impide el acceso a informaci¨®n secreta de todas aquellas personas que no est¨¦n expresamente autorizadas para ello. El Gobierno franc¨¦s se ha escudado en los secretos de Estado para negar informaci¨®n entre otros casos, sobre el secuestro del terrorista Carlos en Sud¨¢n o sobre el hundimiento del buque de Greenpeace Rainbow Warrior en Nueva Zelanda sin que los tribunales cuestionaran esta actitud.

En Italia, por el contrario, la ¨²ltima palabra corresponde al Parlamento. El presidente de Consejo de Ministros determina las materias que se considera secretos de Estado y sobre la cuales ni los funcionarios pueden declarar ante los tribunales ni los jueces reclamar documentaci¨®n alguna. El funcionario que, amparado por el presidente, se niega a declarar queda exento de ser acusado de denegaci¨®n de auxilio a la justicia No obstante, es un comit¨¦ parlamentario -formado por cuatro diputados y cuatro senadores el que valora si la alegaci¨®n de secreto de Estado carece o no de fundamento. Hasta ahora, el comit¨¦ parlamentario no ha desautorizado nunca al presidente del Gobierno.