Pertierra acusa a Garz¨®n de actuar al margen de la ley en la disputa por los 'papeles del Cesid'

MIGUEL GONZ?LEZ El juez Baltasar Garz¨®n ha actuado al margen de la ley en el conflicto por los papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA, ignorando, o neg¨¢ndose a acatar la Ley de Secretos Oficiales, la de Conflictos de Jurisdicci¨®n y la de Enjuiciamiento Criminal. As¨ª lo afirma el ministro de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, en el escrito que ayer present¨® en el registro del Tribunal Supremo, con el que plantea oficialmente el conflicto de jurisdicci¨®n con el juez. El Tribunal de Conflictos, bajo la presidencia del titular del Supremo, Pascual Sala, se reunir¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 14 para decidir si admite a tr¨¢mite el caso.

El escrito presentado ayer por Su¨¢rez Pertierra tiene la misma extensi¨®n, 14 folios, que el auto dictado el jueves por Baltasar Garz¨®n y no es menos duro con la conducta del juez de lo que lo fue el magistrado con la del ministro. Si Garz¨®n acusaba a Pertierra de pretender "la consuma cion de un aut¨¦ntico fraude de ley", Pertierra acusa a Garz¨®n de actuar al margen de la legalidad.Las actuaciones realizadas por el instructor desde que, el pasado 15 de octubre, se le plante¨® un conflicto de jurisdicci¨®n en torno a los papeles del Cesid merecen a los servicios jur¨ªdicos de Defensa el calificativo de ilegales. Todo el documento est¨¢ encaminado a demostrar que Garz¨®n act¨²a con un manifiesto desconocimiento de la ley y que, cuando la acepta formalmente, se rtiega a acatarla en la pr¨¢ctica.

El Estado de Derecho, llega a afirmar el ministro, no se basa ¨²nicamente en el control judicial de la actividad de la Administraci¨®n, sino tambi¨¦n en la escrupulosa e inexcusable adecuaci¨®n a la legalidad de las decisiones de los jueces; lo que, a su juicio, no sucede en el caso de Garz¨®n.

Suspensi¨®n del procedimiento

El escrito concluye pidiendo al tribunal que tenga por formalizado el conflicto; que requiera al juez para que, a, la mayor brevedad, le remita todas sus actuaciones respecto a los papeles del Cesid; que le requiera, igualmente, para que suspenda el procedimiento en todo lo referido a la consecuci¨®n de los citados papeles secretos; que tenga por remitidas las actuaciones que obran en poder del Ministerio de Defensa; y que, una vez cumplidos los tr¨¢mites, dicte sentencia en el sentido pretendido por Su¨¢rez Pertierra. Es decir, que ordene a Garz¨®n inhibirse de conocer los documentos del Cesid citados por el ex agente Juan Alberto Perote, porque los mismos est¨¢n amparados por la ley de Secretos Oficiales.

La Sala de Conflictos Jurisdiccionales, que preside el titular del Tribunal Supremo, Pascual Sala, con voto de calidad, e integran, adem¨¢s, otros dos magistrados del Supremo y tres miembros del Consejo de Estado, se reunir¨¢ el pr¨®ximo d¨ªa 14 para decidir si admite a tr¨¢mite el asunto. En caso de admitirlo, se dirigir¨¢ a Garz¨®n para reclamarle las actuaciones y las trasladar¨¢ al fiscal y a la Administraci¨®n por un plazo com¨²n de diez d¨ªas, dictando sentencia en los diez siguientes.

Estos plazos podr¨ªan ampliarse s¨ª el tribunal apreciase irregularidades que le impidiesen pronunciarse o considerara necesario reclamar los antecedentes del caso. En cualquier supuesto, la sentencia deber¨ªa dictarse en un m¨¢ximo de dos meses desde su admisi¨®n a tr¨¢mite y contra la misma s¨®lo cabr¨¢ recurso de amparo ante el Constitucional.Aunque cabe a posibilidad de que el tribunal, en su sentencia, declare que el contencioso fue planteado incorrectamente, el escrito de Su¨¢rez Pertierra intenta demostrar lo contrario.

En concreto, el ministro alega que Garz¨®n dirigi¨® tres requerimientos al director general del Cesid, F¨¦lix Miranda, exigi¨¦ndole la entrega de documentos cuyo car¨¢cter clasificado conoc¨ªa, con la advertencia de que no ser¨ªa acusado de revelaci¨®n de secretos si los entregaba; mientras que, en caso contrario, pod¨ªa incurrir en un delito.

Frente a la afirmaci¨®n del ¨²ltimo auto de Garz¨®n de que no pretendi¨® arrebatar al Gobierno su competencia exclusiva para desclasificar documentos, Defensa replica que el juez nunca pidi¨® la desclasificaci¨®n de los papeles sino la entrega pura y simple de los mismos y que, en el requerimiento dirigido al ministro, le dio un plazo perentorio de cuatro d¨ªas, dos de ellos festivos, para entregarlos; insuficiente a todas luces para proceder a su preceptiva desclasificaci¨®n.Violentada divisi¨®n de poderes

El car¨¢cter conminatorio e imperativo de los requerimientos de Garz¨®n, intimando expresamente a un miembro del Gobierno sobre la comisi¨®n de un delito, supone una forma de violentar la divisi¨®n de poderes, seg¨²n Su¨¢rez Pertierra.

Pero Garz¨®n, agrega, no s¨®lo invade competencias ajenas cuando reclama papeles secretos, sino tambi¨¦n cuando, con manifiesto desconocimiento de la ley de Conflictos de Jurisdicci¨®n, se arroga la capacidad de no admitir a tr¨¢mite el contencioso, lo que s¨®lo puede hacer el Tribunal de Conflictos.

A juicio de Defensa, el juez ha llegado al extremo de formular a las partes personadas en el sumario del Monbar una pregunta ilegal; la de si deb¨ªa o no admitir a tr¨¢mite el conflicto. Adem¨¢s, ha vulnerado la Ley de Enjuiciamiento Criminal al sugerirles que se pronuncien sobre la comisi¨®n de un delito de denegaci¨®n de auxilio a la justicia por parte del ministro de Defensa, que goza de fuero ante el Tribunal Supremo.

El escrito de Defensa considera inadmisibles jur¨ªdicamente algunas decisiones de Garz¨®n, como la no admisi¨®n del conflicto, y le acusa de incurrir en un sofisma cuando dice reconocer la competencia del Gobierno para desclasificar documentos y, a la vez, le conmina a entregarlos.

Por otra parte, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera ha pedido a la juez de instrucci¨®n n¨²mero 43 de Madrid, Mar¨ªa Jes¨²s Coronado, que le ha imputado en un delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos por mal uso de los fondos reservados, que remita las diligencias al juez del Tribunal Supremo Eduardo M¨®ner, para que las acumule al caso GAL.