La fiscal¨ªa tomar¨¢ declaraci¨®n a De la Rosa sobre la presunta operaci¨®n contra el Rey

La Fiscal¨ªa General del Estado ha aplazado la consulta sobre las presuntas maniobras contra el Rey que ten¨ªa previsto plantear hoy, en la Junta de Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, convocada para analizar la reforma de la prisi¨®n preventiva, que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo jueves. El instructor de las diligencias sobre el asunto del Rey, Jos¨¦ Aparicio, n¨²mero dos de la fiscal¨ªa, ha decidido tomar declaraci¨®n el viernes a Javier de la Rosa, implicado en la presunta operaci¨®n. El fiscal general, Carlos Granados, convocar¨¢ a una junta de fiscales para analizar el asunto.

Los fiscales de sala del Tribunal Supremo recibieron el pasado viernes la documentaci¨®n relacionada con la presunta operaci¨®n contra el Rey. La junta de fiscales convocada para hoy tiene en su orden del d¨ªa la reforma del art¨ªculo 504 bis de la ley de Enjuiciamiento Criminal, referida a la prisi¨®n preventiva, que entra en vigor el pr¨®ximo jueves. No obstante, la fiscal¨ªa hab¨ªa informado el pasado viernes, al enviar la citada documentaci¨®n sobre las diligencias informativas relacionadas con el asunto del Rey, que tambi¨¦n se har¨ªa una consulta sobre dicho tema. Ayer se decidi¨® que ser¨¢ en una junta convocada a tal efecto.Los papeles enviados por la Fiscal¨ªa del Estado a los fiscales contiene las declaraciones de los dos periodistas que hicieron p¨²blicos los presuntos t¨¦rminos de un chantaje de Javier de la Rosa al rey Juan Carlos y la declaraci¨®n de Manuel Prado y Col¨®n de Carvajal, una de las personas destinatarias de las amenazas al Monarca.

Se incluyen otros tres documentos: fotocopias de las cartas presuntamente falsificadas por De la Rosa y en las que se usaba el emblema de la Casa del Rey y la firma de Prado.

Una carta, fechada el 10 de octubre de 1990, est¨¢ dirigida al ministro de Finanzas de Kuwait, Afl Khalifa Al Athbi Al Sabah. En ella, con una falsa firma de Prado, se le agradece a Kuwait el env¨ªo de fondos a Espa?a en nombre de "Su Majestad [el Rey Juan Carlos]" y se intentan justificar estos env¨ªos como pagos pol¨ªticos para lograr el apoyo en la guerra de Kuwait. Por tanto, se agradec¨ªan en octubre de 1990 unos fondos para una guerra que estall¨® el 17 de enero de 1991.

429 millones de d¨®lares

La segunda carta est¨¢ dirigida por Prado a De la Rosa. En ella hac¨ªa constar que le enviaba la misiva ya citada, dirigida a Al? Khalifa, y hablaba de 429 millones de d¨®lares recibidos en dos partes, una de 129 millones, correspondiente a 1989, y otra de 300 millones, en 1990.El tercer documento es una carta de De la Rosa, solicitada por Prado, en la que aqu¨¦l niega que Kuwait Investment Office (KIO) le haya abonado jam¨¢s "sumas dinerarias para atender pagos pol¨ªticos a personalidades o instituciones".

En el dossier enviado a los fiscales no hab¨ªa m¨¢s documentos. Las cintas de grabaciones telef¨®nicas aportadas por los periodistas no se incluyeron. Aunque s¨ª se ha incorporado a las diligencias un informe remitido por Fernando Almansa, jefe de la Casa del Rey, sobre una conversaci¨®n telef¨®nica que mantuvo con De la Rosa, en la que presuntamente se vertieron amenazas de ¨¦ste ¨²ltimo, ¨¦ste documento no ha sido enviado a los fiscales.

Tanto Prado como Almansa han coincidido, seg¨²n fuentes consultadas, en un punto: ninguno de ellos comunic¨® al Rey las amenazas de De la Rosa.

Fuentes de la fiscal¨ªa consideraban el pasado fin de semana que este hecho la no transmisi¨®n de la amenaza revelaba la inexistencia de delitos. En cambio, se advert¨ªa una clara coincidencia en la necesidad de enviar las amenazas a Prado y la falsificaci¨®n de cartas a un juzgado de instrucci¨®n de la plaza de Castilla, en Madrid, ya que se trata de asuntos que conciernen a un particular. Sin embargo, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas, la fiscal¨ªa ha considerado la necesidad de hacer dos cosas. La primera, llamar a declarar a De la Rosa. La segunda, convocar espec¨ªficamente una Junta de Fiscales de Sala para plantear el asunto, de acuerdo con el cap¨ªtulo IV del Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal, en el que se establece, para comunicaciones del Gobierno, que el fiscal general decidir¨¢ una vez o¨ªda la junta.

El Ministerio de Justicia e Interior, aparte de las diligencias informativas abiertas, interes¨® al fiscal del Estado la adopci¨®n de posibles medidas.