El derecho a mover Medinaceli

El archivo de Medinaceli ha salido de su callado y oscuro recogimiento, que solamente romp¨ªa el vuelo de los pergaminos en manos estudiosas, y se ha convertido de repente en una sonora piedra de esc¨¢ndalo, sobre todo en Sevilla. Veamos sucintamente los hechos, y reflexionemos serenamente sobre sus consecuencias, en un intento de reemplazar la actual algarab¨ªa por un debate m¨¢s serio.Conviene empezar por se?alar que muchos archivos hist¨®ricos privados esp¨¢?oles se encuentran en peligro de desaparici¨®n. Por la escasez de medios de sus titulares se guardan en lugares poco adecuados e inseguros; no est¨¢n catalogados ni son accesibles a los investigadores; se dispersan con la partici¨®n de las herencias, y sus desconocidos fondos aparecen cada vez m¨¢s frecuentemente en salas de subastas y librer¨ªas de las y extranjeras.Ante este alarmante proceso, el Ministerio de Cultura, a instancia del duque de Segorbe, secretario general de la Fundaci¨®n Medinaceli, convino en acondicionar una parte del hospital de Tavera, en Toledo, cedido gratuitamente por la fundaci¨®n, para agrupar y salvar estos archivos familiares, testigos fundamentales, y a veces ¨²nicos, de nuestra historia.

El edificio, tras una inversi¨®n pr¨®xima a los 700 millones de pe setas, fue asignado al Archivo Hist¨®rico "Nacional, con el fin de ofrecer a los particulares la custodia de sus archivos a cambio de su catalogaci¨®n, microfilmaci¨®n y apertura a los estudiosos. El ministerio y la Fundaci¨®n Medinaceli consideraron conveniente que, a modo de ejemplo emblem¨¢tico, el propio. archivo de Medinaceli saliera del domicilio particular de la actual. duquesa de Medinaceli, en Sevilla, y se depositara en Tavera. Como es. natural, esta iniciativa fue acogida por' los historiadores y por todos cuantos se preocupan por la con servaci¨®n del patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico espa?ol con alborozo y esperanza grandes.

El pasado mes de julio, la Junta de Andaluc¨ªa, que conoc¨ªa desde hace tiempo el proyect¨® del ministerio, decidi¨®, sorprendentemente, impedir aquello que no pod¨ªa impedir. En efecto, el traslado del archivo de Medinaceli estaba amparado por la legislaci¨®n vigente, que expresamente establece la libertad de movimientos de los archivos dentro del territorio nacional. Por ello, para lograr la inmovilizaci¨®n del archivo, la Junta decret¨® que ¨¦ste estaba inseparablemente adscrito a la Casa de Pilatos, en donde se encontraba! Es de sentido com¨²n que un archivo, milenario que lleva s¨®lo 30 a?os en Sevilla, en un edificio que a su vez cuenta con casi cinco siglos de historia propia, no puede considerarse vinculado al inmueble que tan fugazmente lo ha albergado. Al pretenderlo se violenta el esp¨ªritu de la norma jur¨ªdica, se incurre en fraude de ley. Pero es que, adem¨¢s, la Junta, en las horas en las; que declaraba el archivo "inseparablemente. adscrito a la Casa de Pilatos", ofrec¨ªa, por escrito y oficialmente, otros edificios para que ese archivo presuntamente inseparable se separase de Pilatos y fuese, a parar a esas otras dependencias" reconociendo as¨ª la improcedencia de la inmovilizaci¨®n decretada. Por ello, la fundaci¨®n traslad¨® el archivo. a Toledo, dejando en Sevilla exclusivamente los fondos que ten¨ªan relaci¨®n con Andaluc¨ªa. Y fue' entonces cuando estall¨® el esc¨¢ndalo.

El esc¨¢ndalo comenz¨® a incubarse antes en la prensa local, con una campa?a de cuyo rigor es un buen exponente las palabras que uno de sus art¨ªfices dedica a JohnElliot, y a otros ilustres hispanistas que, como Hugh Thomas, defienden la iniciativa del Ministerio de Cultura y la Fundaci¨®n Medinaceli.Se les denomina "pintorescos hispanistas" para afirmar con ignorante desprecio que "no merece la pena gastar m¨¢s p¨®lvora de la estrictamente necesaria en tan a?eja y rancia hueste". Como resultado de esa campa?a, primero intervino la Junta, y luego el Parlamento de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Sevilla, con rara unanimidad para los d¨ªas que corren, respaldaron su actuaci¨®n, pese a ser injusta, posiblemente sin ser conscientes de que atentaba a la vez contra la historia y la modernidad.

Cuando faltan argumentos es frecuente el recurso a la injuria y a la descalificaci¨®n, y tambi¨¦n a la demagogia. En esta ocasi¨®n ha habido mucho de todo ello. Por ejemplo, un importante parlamentario, ante las 80 personas que acudieron a la manifestaci¨®n p¨²blica convocada para protestar delante de la Casa de Pilatos por el traslado del archivo, exclam¨®: "Que se vaya la estirpe, que se quede el archivo". Como si el archivo no fuera m¨¦rito de la familia que se quiere ahuyentar, m¨¦rito acumulado generaci¨®n tras generaci¨®n hasta la actual, que lo ha custodiado y ordenado mod¨¦licamente, abri¨¦ndolo a cuantos han querido utilizarlo. Quiz¨¢s el pol¨ªtico a¨²n no lo sepa, pero este tipo de soflamas anacr¨®nicas, m¨¢s propias de un pa¨ªs subdesarrollado que de uno moderno, no convencen a la ciudadan¨ªa, pero s¨ª desalientan a muchos de los que pueden contribuir a conservar y enriquecer el patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico andaluz.

El archivo de Medinaceli es posiblemente el archivo hist¨®rico privado m¨¢s importante que existe en Espa?a, y por eso, aunque s¨®lo una m¨ªnima parte de sus fondos se refiere a Andaluc¨ªa, es perfectamente comprensible el deseo de los sevillanos de que permanezca en su ciudad. Lo contrario s¨®lo demostrar¨ªa indiferencia e insensibilidad cultural. Pero la madurez consiste en distinguir entre los deseos leg¨ªtimos, porque se corresponden a nuestros derechos, y los que no lo son, entre los deseos naturalmente realizables y los que s¨®lo se alcanzan, si, se alcanzan, mediante la violencia. Es evidente que a los madrile?os nos hubiera agradado conservar los vel¨¢zquez que formaron parte de la extraordinaria exposici¨®n celebrada hace unos a?os en el Museo del Prado, pero tal empe?o habr¨ªa sido s¨®lo locura. Por ello, el verdadero esc¨¢ndalo no es el traslad¨® del archivo a Toled¨®, sino la indebida tentativa de trabarlo, y las presiones institucionales que luego se han realizado. Actitudes como las mantenidas por las principales instituciones andaluzas, en lugar de defender el patrimonio propio, lo per judican gravemente. Si partirnos del supuesto de la necesidad de que la sociedad civil participe destacadamente en la conserva ci¨®n de ese patrimonio, la Administraci¨®n p¨²blica debe empezar por respetar lo que los ciudadanos y las instituciones privadas hagan en el leg¨ªtimo ejercicio de sus derechos - en este caso, tras ladar libremente un archivo den tro del territorio nacional- para evitar que se quiebre la seguridad jur¨ªdica y se pierda la confianza en . que la ley se aplica correcta y no arbitrariamente. Hay casos ilustrativos. Como el de quienes pretend¨ªan adquirir una casa hist¨®rica andaluza para instalar una important¨ªsima colecci¨®n art¨ªstica y que, a la vista de lo sucedido, han decidido acudir a tierras m¨¢s seguras y hospitalarias. Y pense mos en un pa¨ªs- como Suiza y en una colecci¨®n como la Thysen. El consejero de la Junta de Andaluc¨ªa seguro que no habr¨ªa permitido salir de Villa Favorita los cuadros que hoy est¨¢n en el palacio de Villahermosa. Y el Parlamento andaluz habr¨ªa convocado a sus titulares ante una inquisitorial comisi¨®n investigadora. Y la Prensa local habr¨ªa abierto sus p¨¢ginas a los inevitables resentimientos que toda posici¨®n relevante provoca. En Lugano no ha sucedido nada de esto, y Villa Fa vorita permanece abierta exponiendo relevantes colecciones de pintura, mientras otros ciudadanos, suizos y extranjeros, contin¨²an incrementando la riqueza art¨ªstica y cultural de aquel pa¨ªs. ?Qui¨¦n acierta? Algo de esto dije hace unos d¨ªas, y se me replic¨® que mi inter¨¦s por defender la conservaci¨®n de la ciudad hist¨®rica de Toledo justificaba mi posicionamiento favorable al traslado. Termino aclarando este extremo. Para Toledo propugno precisamente lo contrario de lo que ha sucedido en Sevilla. Que el Ayuntamiento, la Junta y el Parlamento aseguren a quienes lleven sus fondos documentales a Tavera que podr¨¢n tirarlos cuando quieran, sin impedimentos administrativos ni campanas de difamaci¨®n ni presiones institucionales. Lo dice la ley, y es adem¨¢s lo deseable. Lo mismo a quienes traigan sus colecciones de arte o sus bibliotecas. Que vengan a Toledo si as¨ª lo quieren, seguros de que ser¨¢n bien recibidos, y que tambi¨¦n ser¨¢n respetados si alguna vez desean alejarse. La defensa del patrimonio hist¨®rico-art¨ªstico es una obligaci¨®n moral que a todos nos concierne, y' que hemos de abordar con criterios que est¨¦n a la altura del tiempo que vivimos, tiempo de un humanismo universal y no aldeano. Las requisas y las levas pertenecen a otra ¨¦poca; la nuestra debe fomentar el protagonismo de la sociedad civil para que, desde la libertad, vele responsable y solidariamente por ese patrimonio. Pero una sociedad civil pujante es tambi¨¦n una sociedad civil independiente. Con todas sus consecuencias.

Gregorio Mara?¨®n y Bertr¨¢n de Lis es abogado y presidente de la Real Fundaci¨®n de Toledo.