Borrel aprobar¨¢ un calendario de licitaciones masivas cuando se retoque la Ley de Contratos

El Ministerio de Obras P¨²blicas, Transportes y Medio Ambiente tiene tomada la decisi¨®n de emprender un calendario de licitaciones masivas en cuanto se aprueben los retoques previstos en la Ley de Contratos, que se aprobar¨¢n en el plazo m¨¢ximo de un mes. El programa, que estar¨¢ detallado mes a mes, pretende recuperar los casi 400.000 millones de pesetas que se van a quedar sin licitar este a?o como consecuencia de la aplicaci¨®n de la pol¨¦mica ley, al margen de dar salida a los correspondientes a los primeros meses de 1996. El titular de Obras P¨²blicas, Jos¨¦ Borrell, comunicar¨¢ estos planes a las empresas constructoras en una reuni¨®n que tendr¨¢ lugar de manera inmediata.

La iniciativa del equipo de Borrell responde a la constataci¨®n de que el frenazo de la licitaci¨®n de obras p¨²blicas est¨¢ comenzando a provocar serios problemas en el sector de la construcci¨®n.El plan para aliviar esta situaci¨®n consiste en impulsar un calendario de licitaciones masivas en cuanto se salven las trabas que impone la Ley de Contratos. Los c¨¢lculos de la Administraci¨®n apuntan a que en el semestre que pr¨¢cticamente se perder¨¢ de licitaciones, se habr¨¢n congelado obras por valor de 400.000 millones. Esa cantidad, m¨¢s la prevista para los primeros meses de 1996, ser¨¢ la que se reparta en los meses que dure esa masiva licitaci¨®n. En total, unos 600.000 millones.

Una cantidad que se puede cubrir, se?alan en Obras P¨²blicas, puesto que la cartera de pedidos a 30 de septiembre de este a?o ascend¨ªa a 883.000 millones de pesetas, frente a los 695.000 millones de un a?o antes. En el periodo enero-noviembre, se, han formalizado contratos por valor de 330.000 millones de pesetas, 18.000 m¨¢s que en el mismo periodo de 1994. Adem¨¢s, a¨²n est¨¢n pendientes de adjudicaci¨®n definitiva otros 160.000 millones.

La idea del ministerio es detallar lo m¨¢s exactamente posible, y mes a mes, la cantidad de licitaciones a efectuar. Estas cifras y este esquema de funcionamiento es lo que Borrell tiene previsto exponer a los empresarios en el encuentro que van a mantener en los pr¨®ximos d¨ªas.

Sin embargo, todo este esquema est¨¢ pendiente de dos premisas: el desarrollo definitivo de los pliegos para contratar y la modificaci¨®n del art¨ªculo 129 de la Ley de Contratos. El primer aspecto est¨¢ pr¨¢cticamente finalizado, puesto que ya hay ultimados 80 de los 100 pliegos necesarios.

El segundo est¨¢ a expensas del resultado de las negociaciones que PSOE, PP e IU desarrollan para cambiar varios art¨ªculos de la Ley de Contratos. Fuentes parlamentarias aseguran que el consenso es pleno para reformar el art¨ªculo 129. ?ste impide, con su actual redacci¨®n, licitar una obra hasta que no est¨¦n expropiados todos los terrenos a los que afecta. Ello supone un notable retraso para obras viarias.

Cubiertos estos dos objetivos, el camino estar¨ªa franco para iniciar el calendario de licitaciones masivas a principios de a?o, puesto que la reforma de la ley se har¨ªa aprovechando un decreto ley sobre la sequ¨ªa que est¨¢ a punto de entrar en el Senado. De hecho, las enmiendas a este texto se deben presentar antes de ma?ana para, inmediatamente, ser vistas en el pleno del Senado y pasar al Congreso para su ratificaci¨®n.

Entre las enmiendas previstas, la que est¨¢ provocando un mayor debate es la que modifica el art¨ªculo 20, que prohibe contratar con la Administraci¨®n a empresarios con directivos acusados, procesados o sentenciados por delitos relacionados con corrupci¨®n. Aqu¨ª el acuerdo pol¨ªtico parece firme para limitar esa prohibici¨®n a empresarios sentenciados.

Sin embargo, el consenso no est¨¢ tan claro en otras dos posibles modificaciones: que la ley no tenga efectos retroactivos y que la dimisi¨®n del directivo sentenciado exonere a la empresa de la prohibici¨®n de contratar. Ambos aspectos han sido defindidos por la patronal CEOE.

No obstante, los partidos tienen bastantes salvedades, aunque la que m¨¢s les preocupa es que la exoneraci¨®n por la v¨ªa de la dimisi¨®n sea una v¨ªa de escape para conductas fraudulentas. "Se podr¨ªa crear una especie de director general de cohechos que cargara con todas la culpas y dejara sin efecto el objetivo de lucha contra la corrupci¨®n que persigue esta ley", se?alan fuentes inmersas en las negociaciones para la reforma de la Ley de Contratos.