Gasto desviado

EN LA presentaci¨®n ante la Comisi¨®n Mixta Congreso-Senado de la evaluaci¨®n definitiva del ejercicio presupuestario correspondiente a 1992, la presidenta del Tribunal de Cuentas ha sido contundente: el Estado gast¨® cuatro billones largos de pesetas por encima del Presupuesto que aprobaron las Cortes Generales para ese a?o. En consecuencia, la cifra oficial de d¨¦ficit p¨²blico con que se cerr¨® el a?o no se corresponde con la realidad. Es la anomal¨ªa m¨¢s sobresaliente, pero en modo alguno la ¨²nica encontrada por el tribunal en el proceso de ejecuci¨®n presupuestaria de ese, a?o. Comunidades aut¨®nomas, diputaciones y ayuntamientos t¨¢mbi¨¦n incurren en pr¨¢cticas susceptibles de ser calificadas, cuando menos, de heterodoxas: desde la rendici¨®n de sus cuentas fuera de los plazos legales hasta el uso indiscriminado de la figura de las modificaciones presupuestarias de los cr¨¦ditos inicialmente aprobados, cuya cuant¨ªa neta alcanz¨® 1,2 billones de pesetas. En algunas administraciones, tambi¨¦n los ingresos fueron objeto de intensas desviaciones a la baja sobre lo presupuestado. Por ¨²ltimo, pero no menos importante, un buen n¨²mero de ayuntamientos ni siquiera presentaron sus cuentas ante el tribunal.Caben pocos paliativos a la adversa valoraci¨®n que merece tales pr¨¢cticas. Aun cuando ha habido mejoras en la ejecuci¨®n presupuestaria durante los ?ltimos a?os, en gran medida mediante la introducci¨®n de normas que limitan significativamente la discrecionalidad del Gobierno, los hechos denunciados por el Tribunal de Cuentas revisten suficiente importancia para que las administraciones p¨²blicas. afectadas expliquen a sus contribuyentes las razones de esas pr¨¢cticas y los medios que han arbitrado para su definitiva eliminaci¨®n.

En un momento en el que el ciudadano espa?ol recibe constantes mensajes sobre la necesidad de efectuar esfuerzos de ajuste en distintos cap¨ªtulos del gasto p¨²blico y cuando la continuidad, en la percepci¨®n de prestaciones sociales rodea de razonable incertidumbre la formaci¨®n de expectativas de las familias, la actuaci¨®n de los administradores de los recursos p¨²blicos ha de garantizar, cuando menos, su correcta ejecuci¨®n.

El proceso presupuestario es uno de los mas importantes en las tareas de gobierno y de control parlamentario de las sociedades democr¨¢ticas. De su conducci¨®n con la necesaria honestidad y rigor depende el fortalecimiento de la conciencia fiscal de los ciudadanos y la estabilidad del sistema. No dejan de ser relevantes, a este respecto, algunos de los resultados que pone de manifiesto una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas (CIS). As¨ª, aun cuando una amplia mayor¨ªa de espa?oles considera que han de tener un car¨¢cter p¨²blico determinados servicios -sanidad, ense?anza, pensiones- cuyo precio ha de ser inferior al mercado, un 54% de los consultados considera que la sociedad se beneficia poco o nada de lo que paga al Estado en impuestos y cotizaciones. Simult¨¢neamente, s¨®lo un 12% considera que el Gobierno administra bien sus impuestos y un 44% cree que hay bastante fraude, un porcentaje similar a los que opinan que el Gobierno realiza pocos, esfuerzos para su eliminaci¨®n.

La necesidad de modificar un estado de opini¨®n tal es tanto mas prioritaria cuanto m¨¢s, dif¨ªcil se presenta no ya el aumento de esos servicios p¨²blicos que reclaman la mayor¨ªa de los ciudadanos, sino la preservaci¨®n de los actuales. La buena administraci¨®n ha de ser la base a partir de la cual pueda articularse esa pedagog¨ªa del ajuste, del necesario saneamiento de las finanzas p¨²blicas. Ser¨ªa irresponsable echar en saco roto los ¨²ltimos avisos y recomendaciones del Tribunal de Cuentas y esa falta de confianza de los ciudadanos en la capacidad de administraci¨®n de sus representantes.