Presos pol¨ªticos y consenso antiterrorista

Se ve¨ªa venir. Desde que en el verano de 1994 se rompieron de facto los Pactos de Ajuria Enea y Madrid como consecuencia de la pol¨¦mica sobre la reinserci¨®n de los presos de ETA, el enfrentamiento entre el PP y el PNV en lo que a la pol¨ªtica antiterrorista se refiere, ha ido a m¨¢s, sin que los dem¨¢s partidos ni el Gobierno, muy debilitados en este terreno por la reapertura del caso GAL, hayan podido moderar dicho enfrentamiento.?ste es el contexto en el que hay que insertar las declaraciones de Joseba Egibar en primer lugar y de Xabier Arzalluz despu¨¦s, calificando a los presos de ETA como "presos pol¨ªticos".

La calificaci¨®n es un aut¨¦ntico disparate, y no es posible admitir en este terreno la m¨¢s m¨ªnima ambig¨¹edad. En el ¨¢mbito hist¨®rico y cultural en que nos movemos, el concepto de preso pol¨ªtico tiene un perfil muy definido: se trata de aquella persona que se encuentra en prisi¨®n como consecuencia de una conducta que en ninguna sociedad democr¨¢tica ser¨ªa tipificada como delictiva, bien por que de lo ¨²nico que se trata es del ejercicio de determininados derechos fundamentales y libertades p¨²blicas o bien porque la condena se ha producido sin las garant¨ªas procesales exigibles en una sociedad civilizada, o por las dos cosas al mismo tiempo, que suele ser lo m¨¢s frecuente en tales casos.

Dicho con otras palabras: la condici¨®n de preso pol¨ªtico no se adquiere por la autodefinici¨®n que de su conducta hace la persona que est¨¢ en prisi¨®n y por el alcance que, consiguientemente le atribuye a la misma, sino por las condiciones objetivas del sistema pol¨ªtico que ha condenado a dicha persona a una pena privativa de libertad.

El concepto de preso pol¨ªtico presupone, pues, que existe un sistema no democr¨¢tico, en el que no est¨¢n reconocidos determinados derechos y libertades, como consecuencia de lo cual son tipificadas como delictivas determinadas conductas que en un pa¨ªs civilizado no deber¨ªan serlo, siendo ¨¦sta la causa de que determinadas personas sean condenadas, con unas garant¨ªas procesales muy debilitadas, a penas privativas de libertad.

?ste es el significado en el derecho occidental del concepto de preso pol¨ªtico, cuya utilizaci¨®n, por tanto, m¨¢s que una calificaci¨®n de la conducta del ciudadano que est¨¢ en prisi¨®n, es una calificaci¨®n del sistema pol¨ªtico que lo ha enviado a prisi¨®n. El sistema carecer¨ªa de legitimidad para tipificar determinadas conductas como delictivas y, para proceder a su consiguiente represi¨®n. Justamente por eso el preso no es simplemente un preso, sino un preso pol¨ªtico, esto es, un ciudadano que no deber¨ªa estar en prisi¨®n, porque su conducta, de acuerdo con las normas de los pa¨ªses de nuestro ¨¢mbito hist¨®rico y cultural, no deber¨ªa ser constitutiva de ning¨²n delito.

?sta es la raz¨®n de que en este debate no se pueda transigir. La calificaci¨®n de los etarras como presos pol¨ªticos supone la simult¨¢nea descalificaci¨®n del sistema pol¨ªtico espa?ol (del vasco tambi¨¦n) y la negaci¨®n de su legitimidad para reprimir la conducta de los miembros de ETA.

Moralmente, una afirmaci¨®n de este tipo resulta inaceptable. No dudo que los etarras en prisi¨®n se consideran presos pol¨ªticos y que rechazan la legitimidad del legislador para tipificar penalmente su conducta y la de los jueces para calificarla en concreto imponi¨¦ndoles la pena que consideren adecuada. Pero al margen de los miembros de ETA y Herri Batasuna, no creo que nadie m¨ªnimamente imparcial pueda considerar que en la Espa?a de hoy, tras las medidas de gracia en los comienzos de la transici¨®n, tras la aprobaci¨®n de la Constituci¨®n en refer¨¦ndum despu¨¦s de un proceso constituyente inequ¨ªvocamente democr¨¢tico, tras la aprobaci¨®n de los Estatutos de Autonom¨ªa, etc¨¦tera, matar de un tiro en la nunca, poner bombas en los supermercados o en las casas de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, asesinar a Yoyes delante de su hija... sean conductas que pueden conducir a que los titulares de las mismas adquieran la condici¨®n de presos pol¨ªticos.

Esto es algo tan obvio que los se?ores Egibar y Arzalluz no pueden no saber. Y por eso. resulta todav¨ªa m¨¢s preocupante que hayan dicho lo que han dicho. Ya hace cuatro a?os, en enero de 1991, cuando se celebraba el tercer aniversario de la firma del Pacto de Ajuria Enea, los obispos vascos hicieron p¨²blica una carta pastoral en la que se calificaba a los presos etarras de presos pol¨ªticos. Entonces se quedaron solos. Hoy es el partido que gobierna en Euskadi el que hace esa misma afirmaci¨®n, y monse?or Seti¨¦n el que sigue la estela. Ni los obispos entonces ni los pol¨ªticos hoy pueden desconocer qu¨¦ es un preso pol¨ªtico y que tal condici¨®n no puede ser atribuida a los etarras. ?Por qu¨¦ entonces dicen lo que dicen?

Sobre esto es sobre lo que todos, pero en especial los dirigentes de todos los partidos pol¨ªticos, deber¨ªan reflexionar. La utilizaci¨®n del t¨¦rmino preso pol¨ªtico supone la constataci¨®n de una ruptura frontal del consenso antiterrorista y no augura nada bueno de cara a la campa?a electoral que se avecina. No s¨¦ si alguien piensa que las futuras elecciones, por el solo hecho de celebrarse y siempre que los resultados sean los que se esperan, van a pacificar los contenciosos abiertos en la sociedad espa?ola y que lo que se hace y se dice antes y durante la campa?a electoral no va a condicionar despu¨¦s la acci¨®n del Gobierno y de la oposici¨®n.

No conozco a nadie en su sano juicio que piense as¨ª. Y menos en materia de terrorismo vinculado con un problema de naturaleza nacionalista. Que los vientos que se siembran acaben degenerando en tempestades es, desgraciadamente, un desenlace mucho m¨¢s probable. Todav¨ªa hay tiempo para evitarlo. Determinar qui¨¦n tir¨® la primera piedra en la ruptura del consenso antiterrorista no es un ejercicio imposible, pero s¨ª est¨¦ril. Lo que cuenta es lo que est¨¢ a la vista de todos: desde que se rompi¨® dicho consenso, la presencia de ETA en las formas habituales de atentados, como los recientes de Vallecas y Valencia, o de secuestros como el de Jos¨¦ Mar¨ªa Aldaya, sino tambi¨¦n en las formas nuevas, como el hostigamiento de la poblaci¨®n vasca en la calle, las instituciones de ense?anza, etc¨¦tera. No creo que a nadie se le oculte la relaci¨®n de causa-efecto que existe entre el resquebrajamiento de la solidaridad democr¨¢tica frente al terrorismo y el polivalente recrudecimiento de ¨¦ste.

Aqu¨ª reside lo nuevo y lo m¨¢s preocupante de la situaci¨®n. ETA ha matado y secuestrado siempre que ha podido y en el pasado ha matado y secuestrado m¨¢s de lo que lo hace ahora. Cualquier tiempo pasado en este terreno siempre ha sido peor. Lo que no hab¨ªa ocurrido antes es la falta de unidad de las fuerzas democr¨¢ticas ante la agresi¨®n terrorista, a la que estamos asistiendo desde hace algo m¨¢s de un a?o. No solamente no hay pacto de todos los partidos democr¨¢ticos frente al terrorismo, sino que la propia existencia del pacto y la convocatoria de los partidos que los suscribieron se convierte en motivo de agrio enfrentamiento entre el PP y el PNV. Ah¨ª est¨¢n las palabras cruzadas de estos ¨²ltimos d¨ªas de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar y Jaime Mayor Oreja por el PP y de Xabier Arzalluz e I?aki Anasagasti por el PNV. Aunque no se diga expresamente, e incluso aunque expresamente se diga lo contrario, parece como si se quisiera convertir la lucha antiterrorista en uno de los ejes centrales de la pr¨®xima campa?a electoral. Las consecuencias para el sistema pol¨ªtico espa?ol pueden ser devastadoras.