Agenciar empleos

CON EL, nuevo a?o han comenzado a funcionar. las agencias. privadas de colocaci¨®n. Estas nuevas entidades competir¨¢n con el Instituto Nacional de Empleo (Inem) -que s¨®lo interviene en el 10% de las colocaciones- en la b¨²squeda de trabajo para personas paradas. La ruptura del monopolio que ejerc¨ªa ese instituto. oficial es algo en s¨ª mismo positivo en la medida en que la ausencia de rigideces burocr¨¢ticas debe favorecer, en teor¨ªa, una m¨¢s f¨¢cil adaptaci¨®n de la demanda de empleo a la, oferta realmente existente.Las nuevas agencias de colocaci¨®n,-hay24 autorizadas- est¨¢n llamadas a dinamizar un mercado laboral demasiado r¨ªgido. Con una tasa de paro que dobla la media de la Uni¨®n Europea, no es normal que el 70% de los parados manifieste no estar dispuesto a aceptar un puesto de trabajo en un lugar diferente al de su residencia, y que cuatro de cada diez desempleados rechacen cualquier ocupaci¨®n por un sueldo inferior al establecido para su cualificaci¨®n.

Pero las agencias de colocaci¨®n, tienen la particularidad de que no podr¨¢n obtener lucro alguno por su mediaci¨®n y s¨®lo Cobrar una cantidad a modo de compensaci¨®n por los gastos de gesti¨®n. Parece una contradicci¨®n con su car¨¢cter de entidades privadas. Sin embargo, la legislaci¨®n lo recoge as¨ª con el objetivo de garantizar el principio de igualdad de oportunidades de los que buscan empleo. Naturalmente, ello reduce en la pr¨¢ctica los aspirantes a crear tales agencias a las organizaciones, p¨²blicas o privadas con fines sociales: los colegios profesionales, ayuntamientos, asociaciones de vecinos, sindicatos, entidades religiosas u otras en cuyos estatutos se reconozca expl¨ªcitamente su condici¨®n de carecer de ¨¢nimo de lucro. Tres de las agencias autorizadas han sido promovidas por otras tantas comunidades aut¨®nomas -Galicia, Pa¨ªs Vasco y Valencia-; cinco, por ayuntamientos; cuatro, por colegios profesionales, y el resto, por organizaciones no gubernamentales y fundaciones. Una de ellas corresponde a una iniciativa del Arzobispado de Zaragoza.

Algunos subrayan el riesgo de una gesti¨®n paternalista y poco profesionalizada, al tiempo que los sindicatos advierten que puede surgir una red que' establezca una cuota sobre el salario del, contratado. En todo caso se trata de un experimento, y s¨®lo la pr¨¢ctica dir¨¢ si es o no conveniente reformar la f¨®rmula. Lo que no es admisible es renunciar a explorar una v¨ªa que en otros pa¨ªses se ha revelado eficaz.