El 'Parlamento corto'

El balance de las Cortes Generales disueltas ayer, tras dos a?os y medio de sobresaltada existencia, arroja resultados diferentes seg¨²n cu¨¢les sean las cuentas examinadas. Despu¨¦s de tres legislaturas de mayor¨ªa absoluta monopartidista, los socialistas se vieron obligados a gobernar en solitario con el apoyo de sus 159 diputados y el respaldo condicionado de otros 17 esca?o de CiU. Como era previsible, el PSOE ha padecido un calvario semejante al via crucis recorrido por UCD en las dos primeras legislaturas: a diferencia de los centristas, sin embargo, los socialistas lograron mantener la disciplina de su grupo parlamentario.De acuerdo con el mandato constitucional, las Cortes ejercen la potestad legislativa, aprueban los presupuestos generales y controlan la actividad del poder ejecutivo; el Congreso, de a?adidura, designa y cesa al presidente del Gobierno. Los rendimientos del Parlamento corto han de pendido de las actitudes colaboradoras o adversas adoptadas por CiU: tras la aprobaci¨®n con su apoyo de las cuentas del Reino para 1994 y l995,su enmienda a la totalidad de los presupuestos para 1996 hizo inevitables las elecciones anticipadas. En t¨¦rminos estad¨ªsticos, las Cortes reci¨¦n disueltas presentan una aceptable ejecutoria en tanto que f¨¢brica normativa: durante sus dos a?os y medio de vida aprobaron un n¨²mero de leyes superior al registrado durante el periodo 1989-1993. El control de calidad de esa producci¨®n legislativa s¨®lo podr¨¢ verificarse en el momento de su aplicaci¨®n efectiva; adem¨¢s de las incertidumbres existentes en torno al funcionamiento del jurado, el jaleado C¨®digo Penal necesita ya su primer remiendo al haberse dejado en el tintero -seg¨²n advierte el instructor del caso Filesa- el delito de financiaci¨®n irregular de los partidos. Las comparecencias semanales del presidente del Gobierno para responder a las preguntas de los diputados han sido una positiva novedad de esta legislatura; cabe esperar que el nuevo Congreso, sea cual sea la mayor¨ªa partidista dominante en su composici¨®n, incorpore a su c¨®digo de comportamiento esa sesi¨®n semanal de control del jefe del Ejecutivo como uso parlamentario vinculante. La ausencia de mayor¨ªa absoluta facilit¨® la creaci¨®n de comisiones de investigaci¨®n con resultados desiguales: mientras los trabajos del Congreso sobre el caso Rubio, el caso Banesto y el caso Rold¨¢n fueron satisfactorios, la comisi¨®n del Senado sobre el caso GAL naufrag¨® por culpa de los enfrentamientos interpartidistas. Queda ahora por ver si un PP mayoritario en las C¨¢maras cumplir¨¢ su promesa de crear comisiones de encuesta cuando as¨ª lo pida la oposici¨®n.

El Parlamento corto dej¨® que los dos instrumentos fabricados por la Constituci¨®n para encauzar los conflictos entre el Legislativo y el Ejecutivo -la cuesti¨®n de confianza y la moci¨®n de censura- se oxidasen en el caj¨®n de las herramientas. La UCD gobernante y el PSOE opositor utilizaron ambos recursos durante la segunda legislatura: en mayo de 1980, Felipe Gonz¨¢lez present¨® una moci¨®n de censura, aun a sabiendas de que no pod¨ªa prosperar; en septiembre de ese mismo a?o, Adolfo Su¨¢rez plante¨® a los diputados la cuesti¨®n de confianza, arrostrando la posibilidad de perderla. En esta legislatura, sin embargo, Felipe Gonz¨¢lez no se atrevi¨® a pedir la confianza del Congreso tras sus dos sucesivos descalabros en las elecciones europeas y municipales, paralizado seguramente por el temor a que el fracaso le obligase a dimitir como presidente del Gobierno. Tampoco Aznar se decidi¨® a asumir los riesgos de promover una moci¨®n de censura, tal vez por el ominoso recuerdo de la pat¨¦tica intentona de Hern¨¢ndez Mancha en 1987; aun sin poder alcanzar la mayor¨ªa absoluta necesaria para ser investido presidente del Gobierno, el debate le habr¨ªa permitido exponer y defender su programa electoral. Dos oportunidades lastimosamente desperdicidas -como ha se?alado Santos Juli¨¢- para devolver al Parlamento su perdida centralidad en la vida p¨²blica.