Una ayuda que cree empleo en Espa?a

El Plan Anual de Cooperaci¨®n Internacional (PACI), que engloba la Ayuda Oficial al Desarrollo, prev¨¦ un presupuesto para 1996 de 282.000 millones de pesetas. Trasladada esta cifra a creaci¨®n o mantenimiento de empleo, esos recursos podr¨ªan suponer en tomo a 50.000 puestos de trabajo en Espa?a.La campa?a por el 0,7 est¨¢ sirviendo de revulsivo de nuestras conciencias: ?hay que hacer algo para luchar contra la miseria de los pueblos m¨¢s pobres! Pero vemos c¨®mo se va avanzado hacia ese objetivo con demasiada lentitud y sin haber definido, con detalle, el modelo de cooperaci¨®n que Espa?a quiere hacer, es decir, los instrumentos de su pol¨ªtica exterior de cooperaci¨®n al desarrollo.

El hambre, la enfermedad y el analfabetismo del Tercer Mundo se sienten, desgraciadamente, a¨²n muy lejos. Todos estamos sensibilizados con estos problemas, pero no podemos perder de vista que para muchos espa?oles la prioridad m¨¢s urgente sigue siendo encontrar o mantener puesto de su trabajo.

Se viene presentando la ayuda al desarrollo como un deber de solidaridad, y, por tanto, se concibe centrada, sobre todo, en la ayuda de emergencia o de car¨¢cter social. Se critica que se pueda mezclar con intereses mercantilistas y se rechaza que pueda tener como objeto exportaciones de servicios o de productos de nuestro pa¨ªs. Y, consiguientemente, parece que se descarta que pueda concebirse como un instrumento m¨¢s para asegurar trabajo en favor de los propios espa?oles.

?Por qu¨¦ han de verse como incompatibles las necesidades de ambos mundos: la angustia de la subsistencia diaria de unos y el miedo al paro de otros? En este sentido, es necesario provocar un debate que analice si es posible -moral y pol¨ªticamente- poner juntos ambos intereses y que al mismo tiempo se examine c¨®mo se puede llevar a la pr¨¢ctica este planteamiento.

La movilizaci¨®n actual por los pueblos m¨¢s pobres no puede ser s¨®lo cuesti¨®n de una "campa?a de- sensibilizaci¨®n". El riesgo de cansancio o de pasotismo de nuestra sociedad es siempre grande. El 0,7 no puede limitarse a un impulso coyuntural. De ah¨ª la necesidad de anclar la generosidad de este momento en un modelo de cooperacion que tambi¨¦n tenga. en cuenta la necesidad actual m¨¢s- urgente de nuestro pa¨ªs: tener o encontrar trabajo, sobre todo en el caso de los j¨®venes.

Entre los temas de especial "sensibilidad" actual est¨¢ la integraci¨®n de Espa?a en la Uni¨®n Econ¨®mica y Monetaria. Se trata de no perder el tren del n¨²cleo duro de la Uni¨®n Monetaria y de la moneda ¨²nica. Pero los criterios de Maastricht nos van a exigir en 1996 y 1997 una reducci¨®n importante del d¨¦ficit p¨²blico y, por tanto, una revisi¨®n del gasto p¨²blico.

Junto a ello, el no cumplir a largo plazo los objetivos de convergencia nos puede acarrear un riesgo adicional: una penalizaci¨®n a la hora de recibir los fondos de cohesi¨®n. La cifra de ¨¦stos -en torno a 160.000 millones- equivaldr¨ªa al aumento que habr¨ªa de tener al AOD para llegar al 0,5% del PIB, tal como ya se acord¨® en la ley presupuestaria de 1995.

Por tanto, en los dos pr¨®ximos a?os, el debate se centrar¨¢ en los gastos presupuestarios a mantener o aumentar, en funci¨®n de urgencias y prioridades. Y la preocupaci¨®n debe estar que llegue un momento donde la ayuda al desarrollo pueda verse como alternativa de gasto p¨²blico frente a otros gastos sociales cuyo primeros beneficiarios sean lo espa?oles m¨¢s necesitados. Un planteamiento similar est¨¢ ya ocurriendo en otros pa¨ªses: ante la presi¨®n para reducir gastos del Estado, se est¨¢ tratando de blindar la ayuda al desarrollo con la justificaci¨®n de que tambi¨¦n se crean puestos de trabajo en el propio pa¨ªs. En Estados Unidos, ese argumento se ha cifrado en que un mi ll¨®n de d¨®lares puede represen tar 1,5 empleos; en Espa?a, esa proporci¨®n ser¨ªa de 22 puestos de trabajo.

. En definitiva, se tratar¨ªa de evitar que la opini¨®n p¨²blica, el Parlamento y la Administraci¨®n se enfrenten con el dilema de aplicar una cooperaci¨®n que implique detraer, a cambio, unos recursos de reclamaciones m¨¢s directas del electorado espa?ol o que no se utilice, dentro de sus posibilidades, para dar trabajo.

En estos comienzos de a?o -y ante la pr¨®xima campa?a electoral-, todos estamos de acuerdo en que debe prevalecer el Pacto por la Solidaridad. Pero, a medida que se acerque 1999 y la incorporaci¨®n de Espa?a a la moneda ¨²nica requiera situar el d¨¦ficit p¨²blico en el 3%, habr¨¢ que ir tomando decisiones pol¨ªticas sobre -las prioridades del gasto: puede que, entonces, la creaci¨®n de empleo y el modelo actual de nuestro bienestar social pasen por delante del compromiso por el 0,7.

Por tanto, busquemos entre todos -partidos pol¨ªticos y grupos sociales- un consenso: tanto sobre el Pacto por la Solidaridad, como sobre el modelo,. es decir, sobre la pol¨ªtica y los programas concretos de la cooperaci¨®n al desarrollo, donde los 280.000 millones del PACI hagan posible al mismo tiempo todo o parte de los 50.000 puestos de trabajo potenciales:

Jos¨¦-Pedro Sebasti¨¢n de Erice ¨¦s diplom¨¢tico.