Listas y democracia

LAS DOS pruebas de fuego de la democracia interna de los. partidos son los congresos -incluyendo la forma de elecci¨®n de delegados- y la designaci¨®n de los candidatos electorales. Las listas que con vistas a los comicios del 3 de marzo se han cerrado estos d¨ªas en todos los partidos han puesto de manifiesto la distancia existente entre las promesas de pluralismo y transparencia y la prosaica realidad. Esa distancia es especialmente visible en el caso del PSOE, una formaci¨®n que, tras 13 a?os en el poder, se enfrenta a graves problemas de reconversi¨®n: del partido como tal, desentrenado para tareas de oposici¨®n, y de muchos de sus miembros. Pero tambi¨¦n ha habido problemas en Izquierda Unida, cuyo sector minoritario, Nueva Izquierda, tiene la impresi¨®n de haber sido objeto de un voto concertado destinado a marginarles. En cuanto al Partido Popular, reina la armon¨ªa preestablecida que propicia la percepci¨®n de un triunfo cercano. Pero la presentaci¨®n de las alcaldesas de C¨¢diz y M¨¢laga como cabezas de lista de sus provincias respectivas indica que algunos principios, como el de incompatibilidades, se aplica s¨®lo cuando conviene.Son los socialistas, sin embargo, los m¨¢s afectados por los problemas derivados del desajuste entre una oferta menguante y una demanda creciente. Por una parte, el previsible paso a la oposici¨®n obliga a hacer hueco en las candidaturas al Congreso y Senado a los ministros y otros altos cargos deseosos de prolongar su carrera pol¨ªtica. La evidencia de que no todos los futuros ex ministros y asimilados pod¨ªan encontrar acogida en las listas de Madrid ha llevado a buscarles acomodo en provincias, lo que ha planteado la sorda oposici¨®n de algunos dirigentes locales que temen quedarse fuera.

El problema de la incorporaci¨®n o no de Barrionuevo ten¨ªa sus propios matices. El PSOE se enfrentaba a un dilema: dar m¨¢s valor a su apuesta a ultranza sobre la inocencia del ex ministro o al hecho objetivo de su imputaci¨®n judicial en el proceso de los GAL. A la postre, ha optado por lo primero. Legalmente nada hay que objetar a esa decisi¨®n. Pero ning¨²n partido est¨¢ legitimado a colocar a los electores ante el conflicto moral en que el PSOE coloca a los suyos con la candidatura de Barrionuevo. En otras partes, sin embargo, el problema se ha planteado como un aspecto de la batalla entre facciones internas: guerristas y renovadores se disputan ya la influencia en el grupo parlamentario con vistas al control del partido en el futuro. Aunque en Vigo se ha llegado a las manos, ha sido en Andaluc¨ªa donde el enfrentamiento pol¨ªtico y personal ha llegado m¨¢s lejos. Carlos Sanju¨¢n, l¨ªder guerrista local, ha amenazado incluso con recurrir a los tribunales. Desde el ¨²ltimo congreso regional, guerristas y renovadores se dividen el control de las provincias andaluzas: cuatro y cuatro. Pero mientras que donde dominan los guerristas lo hacen por muy escaso margen, los renovadores son ampliamente mayoritarios all¨ª donde mandan. Cada sector intenta aplicar el criterio que m¨¢s le conviene para acrecentar o mantener su poder.

Los conflictos internos de los partidos se manifiestan frecuentemente bajo la forma de enfrentamiento entre una mayor¨ªa local que es, sin embargo, minoritaria en el ¨¢mbito superior: regional respecto al local o nacional respecto al regional. A su vez, esos conflictos tienden a hacerse cr¨ªticos en el momento de elaboraci¨®n de las listas. En general, en este terreno, las direcciones se reservan la ¨²ltima palabra, conscientes de que el control de las listas es el instrumento m¨¢s decisivo de poder in terno: el que permite excluir al disidente y premiar al fiel. Esa tendencia s¨®lo podr¨ªa contrarrestarse con una legislaci¨®n que desarrollase el precepto constitucional que exige un funcionamiento democr¨¢tico de los partidos. Es lo que ocurre en Alemania, donde los partidos deben respetar unas reglas m¨ªnimas en el proceso de elaboraci¨®n de las candidaturas. Por ejemplo, la de someter a votaci¨®n de los afiliados o sus compromisarios los candidatos de cada circunscripci¨®n, as¨ª como la de que la votaci¨®n sea secreta. O la regulaci¨®n del derecho de veto de las direcciones regionales (que podr¨¢n obligar a repetir la votaci¨®n de la asamblea, pero que deber¨¢n acatar una segunda votaci¨®n). ?No ser¨ªa el momento de plantear, junto a la reforma electoral sobre las listas, una. ley de partidos que establezca ese tipo de garant¨ªas?