El Supremo declara ilegal la expulsi¨®n de los artesanos de Santa Ana

El mercadillo de artesan¨ªa de la plaza de Santa Ana, que desapareci¨® en 1990 tras ocho a?os de vida, ha resucitado gracias a una sentencia del Tribunal Supremo. Los magistrados consideran ilegal el desalojo, ejecutado "por la fuerza", que orden¨® el gobierno municipal de centro-derecha en 1989. Al mismo tiempo, el Supremo estima que el procedimiento para prohibir el mercadillo debe iniciarse de nuevo.Por tanto, los artesanos expulsados de Santa Ana podr¨ªan volver el s¨¢bado a la plaza para instalar sus puestos ampar¨¢ndose en las conclusiones del Tribunal Supremo, que ha declarado nulas las actuaciones que desembocaron en la clausura del mercadillo.

Se estima as¨ª, en parte, el recurso de apelaci¨®n presentado por la coordinadora de Nueva Artesan¨ªa Madrile?a, formada por los tenderos desalojados de Santa Ana.

El Tribunal Supremo reconoce que la competencia exclusiva para decidir los mercadillos que se establecen en la ciudad es del Ayuntamiento. Pero declara que la clausura del mismo todav¨ªa no se ha producido de manera oficial, seg¨²n informa Servimedia.

Aunque el pleno de la Junta Municipal de Centro del 4 de abril de 1989 -presidido entonces por el concejal ?ngel Matanzo- incluy¨® en su orden del d¨ªa la clausura del rastrillo de artesanos, este punto no se lleg¨® a aprobar. Matanzo no respet¨® la Ley de Procedimiento Administrativo al clausurar el mercadillo.

La sentencia tambi¨¦n se?ala que el gobierno municipal equivoc¨® el instrumento jur¨ªdico para cerrar el mercadillo. La coalici¨®n CDS-PP se apoy¨® en la ordenanza municipal de 1986 que concede al gobierno local la competencia para regular la venta en la v¨ªa p¨²blica y espacios abiertos. Con esta competencia limpiaron la plaza de artesanos. Pero el Supremo se?ala que la ordenanza permite expresamente mercadillos como el de Santa Ana, que, adem¨¢s, funcionaba antes de la aprobaci¨®n del nuevo reglamento municipal.

El plan de centro-derecha para eliminar los negocios del mercadillo de la plaza de Santa Ana se ejecut¨® por etapas. En 1989, Angel Matanzo, entonces presidente de la Junta de Centro, inici¨® su cruzada p¨²blica contra el mercadillo por considerar que algunos puestos traficaban con droga. Orden¨® a la Polic¨ªa Municipal los d¨ªas 7, 14 y 28 de octubre que impidieran la venta ambulante en la plaza. Las trifulcas entre artesanos que defend¨ªan sus negocios y agentes que obedec¨ªan ¨®rdenes hab¨ªan arrancado ya en septiembre.

La batalla de Matanzo fue respaldada por el gobierno municipal, que aprob¨®, en marzo de 1990, un bando prohibiendo el mercadillo. Ese bando consideraba extinguida la autorizaci¨®n concedida al colectivo de artesanos el 1 de julio de 1982 por el entonces concejal de Centro, Francisco Herrera.

El Defensor del Pueblo, tras recibir la visita y reclamaci¨®n del colectivo de artesanos, crey¨® legal el mercadillo y as¨ª lo manifest¨®. El bando municipal se olvid¨® y continuaron las discrepancias: los artesanos, firmes en sus puestos de la plaza; los dirigentes locales, inamovibles en su idea de cerrar los chiringuitos. La ejecuci¨®n de la idea fue complicada por la numantina resistencia de los artesanos.

Cinco Polic¨ªas, procesados por lesionar a los artesanos

La Polic¨ªa Municipal cumpli¨® las ¨®rdenes de los concejales y se esforz¨® durante varios s¨¢bados -desde septiembre de 1989- en echar a los artesanos de la plaza, recurriendo incluso a cargas violentas. En octubre, los agentes actuaron los d¨ªas 7 -cuando se registraron tres detenidos y varios le sionados-, 11, 15 y 28. El 15 de octubre la guerra fue especialmente intensa: 50 agentes locales tomaron la plaza para impedir la instalaci¨®n de artesanos; dos polic¨ªas resultaron heridos y una persona fue detenida. Aquel d¨ªa los tenderos atacaron la muralla policial utilizando como arietes las mesas de sus chiringuitos.La pelea continu¨® durante 1990. Un s¨¢bado agitado de febrero de aquel a?o dos personas fueron detenidas, dos periodistas de Telemadrid golpeados por municipales y varios agentes heridos. En marzo, tres artesanos acabaron en comisar¨ªa.Aquellas contiendas. callejeras, promovidas desde el Ayuntamiento para expulsar a los artesanos, han recibido la condena del Tribunal Supremo: "Se vulner¨® el principio de proporcionalidad o adecuaci¨®n de medios a fines al recurrir al uso de la fuerza f¨ªsica, y se actu¨® sin requerimiento alguno a los artesanos", se?ala la sentencia.Las denuncias e algunos tenderos lesionados han ocas¨ªonado la pr¨®xima apertura de un juicio oral por el que se procesa a cinco polic¨ªas municipales por delito de lesiones en los sucesos de la plaza de Santa Ana, seg¨²n inform¨® ayer la coordinadora de artesanos.El 21 de marzo de 1990, Jos¨¦ Mar¨ªa Alvarez del Manzano (entonces era primer teniente de alcalde en el gobierno de Agust¨ªn Rodr¨ªguez Sahag¨²n) comunic¨® verbalmente a los artesanos de la Plaza de Santa Ana la orden municipal que prohib¨ªa la venta en la plaza. Unas semanas despu¨¦s, los artesanos se rindieron. Cesaron los combates en la plaza y comenz¨® la batalla en los tribunales.

Los artesanos perdieron la primera partida: el 5 de diciembre de 1990, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dio la raz¨®n al concejal de Centro, ?ngel Matanzo: "La orden del concejal fue ajustada a derecho".

Los derrotados recurrieron al Tribunal Supremo, que, al fin, les ha dado la raz¨®n en lo fundamental, aunque rechaza la indemnizaci¨®n de 100 millones de pesetas que ped¨ªan por da?os y perjuicios sufridos.

Los afectados por el desalojo municipal, agrupados en torno a la coordinadora de la Nueva Artesan¨ªa madrile?a -que lleg¨® a tener 150 socios-, estudiaban anoche su futuro. Al finalizar su reuni¨®n elaboraron un comunicado: "Consideramos justo el fallo del Tribunal Supremo. Por ello, ahora cobra de nuevo fuerza, y vamos a pedir al Ayuntamiento de Madrid que cumpla con la obligaci¨®n moral, social, cultural a que le obliga la sentencia del Supremo".

Los artesanos entienden que el Gobierno municipal del Partido Popular debe resarcirles del da?o permiti¨¦ndoles instalar sus puestos en otro mercado, "como aconseja la sentencia", seg¨²n indican.

Los artesanos recuerdan que la ordenanza municipal de 1986 promueve la exitencia de un mercadillo estable en la v¨ªa p¨²blica dedicado a la venta de objetos de artesan¨ªa, por ser una actividad a proteger.

Uno de los portavoces de la coordinadora artesanal, Carmen Varela, indic¨® ayer que la actual plaza de Santa Ana, reformada con 50 millones de pesetas por el Partido Popular en 1991, tras la expulsi¨®n de los artesanos, todav¨ªa tiene espacio suficiente para la instalaci¨®n de algunos puestos."En cualquier caso, nuestra vuelta a la plaza de Santa Ana es una decisi¨®n que debemos meditar y decidir entre todos", se?al¨® Varela. "Lo importante es que el mercadillo de artesan¨ªa que existi¨® debe seguir existiendo. Madrid necesita un mercado estable".

La portavoz de la coordinadora artesanal asegura que .Muchos de los que fueron expulsados hace seis a?os siguen hoy dedic¨¢ndose al negocio de la venta de artesan¨ªa. "La mayor¨ªa permanecimos unidos por esta batalla judicial que ahora concluye", se?al¨®.Los antiguos comerciantes de la plaza de Santa Ana consideran que la sentencia del Supremo demuestra "la responsabilidad pol¨ªtica y moral del entonces equipo de gobierno, que arroj¨® hasta el final la irregular actuaci¨®n administrativa y que pudo mantener con el uso de la fuerza, produciendo graves da?os f¨ªsicos, morales y materiales a los artesanos y p¨²blico visitante".

El equipo de gobierno municipal del Partido Popular desconoc¨ªa ayer la sentencia del Tribunal Supremo, dictada el 15 de diciembre y comunicada a los artesanos el 16 de enero.

Esperanza Aguirre, primera teniente de alcalde, evit¨® opinar sobre el fallo judicial hasta no tener una copia de la sentencia.

Por otra parte, Carlos L¨®pez Collado, concejal de Polic¨ªa Municipal entre los a?os 1991 y 1995, se mostr¨® sorprendido por el final judicial de un desalojo que dur¨® m¨¢s de un a?o.

En la reuni¨®n del grupo municipal del Partido Popular celebrada ayer por la tarde no se habl¨® de un fallo judicial ocurrido. hace m¨¢s de un mes. Nadie lo conoc¨ªa.