Injerencia gratuita

LA ACLARACI?N de Felipe Gonz¨¢lez era necesaria. Aunque ¨¦l no hiciera declaraciones p¨²blicas sobre supuestas segundas intenciones de los jueces al procesar a su ex ministro Barrionuevo en v¨ªsperas de una campa?a electoral, otros socialistas s¨ª las han hecho. Y algunos de ellos incluso se las han adjudicado a su secretario general. Y si es cierto que algunas reacciones de la oposici¨®n o las asociaciones de jueces han sido m¨¢s bien desaforadas, tambi¨¦n lo es que determinados antecedentes invitaban a dar por buenas las manifestaciones que se atribu¨ªan al presidente del Gobierno. Y era su condici¨®n de tal lo que las convert¨ªa en inquietantes. Felipe Gonz¨¢lez no es un particular que expresa una opini¨®n privada sobre una decisi¨®n judicial, ni siquiera el dirigente de un partido pol¨ªtico. Es la re presentaci¨®n m¨¢xima del poder ejecutivo. Cualquier cuestionamiento por su parte de resoluciones emanadas del ¨®rgano m¨¢ximo del Poder Judicial tiene por ello un significado grave. De ah¨ª que le sea exigible extrema prudencia. La misma, por lo dem¨¢s, que ser¨ªa de esperar de los jueces cuando hablan de asuntos pol¨ªticos. En caso contrario, ser¨ªa inevitable interpretar tales pronunciamientos como una forma m¨¢s o menos velada de presi¨®n sobre los jueces. Lo que con raz¨®n se reproch¨® al secretario general del PP, ?lvarez Cascos, cuando dijo lo que dijo. Con la diferencia en favor de ?lvarez Cascos de que ¨¦l no hablaba desde la c¨²pula del poder ejecutivo.

Hablar de desacato, de ataque frontal al Estado de derecho, de intento de domesticar a la justicia, como han hecho algunos con m¨¢s velocidad que reflexi¨®n, constituye una desmesura. Pero los porta, voces socialistas que pusieron en marcha todo este inmenso y peligroso malentendido y los que lo dejaron crecer han pecado directamente de necedad e insensatez, si es que no albergaban precisamente la intenci¨®n de presionar o interferir en la actividad de la justicia. Eran, por tanto, necesarias las aclaraciones personales del presidente del Gobierno.

Para empezar, no es cierto que exista una "ley no escrita" en virtud de la cual en periodo electoral los jueces deben aplazar las diligencian que afecten a las personas aforadas. Existe un antecedente, en relaci¨®n al caso Filesa precisamente. Pero no es un uso establecido ni un precedente vinculante. Adem¨¢s, en este caso el instructor no ten¨ªa m¨¢s remedio que decidir el procesamiento una vez que, por exigencia de una de las partes personadas, hubo de pronunciarse sobre si proced¨ªa o no decretar la prisi¨®n provisional de Barrionuevo. Una vez decidida la libertad con fianza (equivalente a prisi¨®n eludible mediante fianza), lo peor habr¨ªa sido dilatar indefinidamente la consecuencia l¨®gica que se derivaba de esa resoluci¨®n: el procesamiento formal.

Cierto es que un criterio de prudencia aconsejar¨ªa evitar en la, medida de lo posible decisiones judiciales que puedan afectar a la campa?a electoral. Pero si el procesamiento de Barrionuevo era seguro, se interferir¨ªa menos materializ¨¢ndolo antes de que se cerrasen las listas. As¨ª lo hizo M¨®ner. M¨¢s motivo de. reproche habr¨ªa habido si, por dilatar su decisi¨®n, no hubiera dado a los socialistas la oportunidad de resolver sobre la inclusi¨®n o no del ex ministro en sus candidaturas con pleno conocimiento de causa. Nadie puede ya llamarse a enga?o. Uno de los integrantes de la lista est¨¢ procesado por tres graves delitos.

Se ve que el margen de maniobra de la direcci¨®n socialista para tomar esa decisi¨®n era, a estas alturas, bastante limitado. La argumentaci¨®n invocada es que se trata de defender la autonom¨ªa del PSOE respecto a las presiones externas. Se sobreentiende que de poderes ajenos, como la prensa o la judicatura. Y sin embargo, la decisi¨®n depend¨ªa ante todo de una decisi¨®n personal de Jos¨¦ Barrionuevo Pe?a. Si el ex ministro del Interior no renunciaba voluntaria mente a presentarse, en nombre de los principios o del criterio pragm¨¢tico de no perjudicar a su partido, ¨¦ste malamente pod¨ªa imponerle otra decisi¨®n despu¨¦s de haber callado durante 12 largos a?os sobre las sospechas de implicaci¨®n del aparato del Estado en la guerra sucia.