ETA, contra la dispersi¨®n

FERNANDO REINARESLos militantes encarcelados y condenados a largos a?os de reclusi¨®n constituyen el mejor recurso del que disponen las organizaciones terroristas para movilizar apoyos sociales basados no tanto en subculturas con claras coincidencias pol¨ªticas previas como en redes comunitarias tejidas sobre relaciones afectivas de amistad o parentesco. De aqu¨ª que mantener la cohesi¨®n interna y la sumisi¨®n incondicional de los terroristas presos resulte vital para la persistencia del entorno social del cual depende sobremanera la propia supervivencia de cualquier grupo armado clandestino. Ello, junto al fuerte desasosiego inicial que ocasiona a los militantes verse privados de la partida a que pertenecen y obligados as¨ª a afrontar su propia individualidad, explica en buena medida que los presos de una organizaci¨®n terrorista tiendan, si nada se lo impide, a agruparse constituyendo colectivos diferenciados y parcialmente aut¨®nomos en el interior de los centros penitenciarios. A menudo, la propia estrategia del terrorismo se recrea y racionaliza intramuros de las prisiones. Pero tambi¨¦n es en ellas donde el compromiso totalizante que comporta la militancia puede entrar en crisis. Por eso, las organizaciones terroristas suelen tutelar a sus presos estableciendo una jerarqu¨ªa interna entre ¨¦stos y mediatizando su comunicaci¨®n con el exterior a trav¨¦s de grupos afines dedicados a la atenci¨®n de los militantes encarcelados. Grupos que, como cabe suponer, transmiten una visi¨®n distorsionada de la realidad, acompa?ada de consignas dictadas por los propios dirigentes terroristas desde la clandestinidad.Esta mediaci¨®n y la cerraz¨®n del colectivo de presos sobre s¨ª mismo desempe?an un papel fundamental, por ejemplo, a la hora de reducir la ansiedad que a cualquier activista encarcelado le suscitar¨ªa llegar a la conclusi¨®n de que la realidad contradice sus convicciones individuales, evitando que esta discrepancia trate de ser resuelta mediante el abandono de la militancia. De aqu¨ª que, cuando eventuales medidas penitenciarias establecidas por las autoridades en el marco de su pol¨ªtica antiterrorista impiden la concentraci¨®n de los presos vinculados a una misma organizaci¨®n armada clandestina, las reacciones tiendan a resultar extremas. Normalmente, se parte por denunciar la desagregaci¨®n de los presos como una vulneraci¨®n de los derechos de la poblaci¨®n reclusa, subrayando las dificultades que ello genera para mantener el contacto con los familiares. Si esta campa?a no da resultado, los dirigentes de la formaci¨®n clandestina suelen ordenar a sus presos que protesten contra la normativa penitenciaria mediante huelgas de hambre. Finalmente, los terroristas combinan ambas medidas de presi¨®n con la realizaci¨®n de atentados contra responsables de asuntos penitenciarios y funcionarios de prisiones. Adem¨¢s de tomar en consideraci¨®n la actual coyuntura electoral y el todav¨ªa debilitado consenso pol¨ªtico antiterrorista, ¨¦ste es el marco en el que interpretar el. reciente y dram¨¢tico secuestro de Jos¨¦ Antonio Ortega, coordinador de servicios de la c¨¢rcel de Logro?o, por parte de ETA.

Las consecuencias que una pol¨ªtica destinada a la desagrupaci¨®n de los presos tiene sobre la cohesi¨®n interna del colectivode reclusos y, por a?adidura, sobre el conjunto de la organizaci¨®n terrorista, quedan de manifiesto al observar el efecto que la dispersi¨®n llevada a cabo desde 1989 ha tenido sobre la militancia encarcelada de ETA(m). Hasta entonces, el n¨²mero de etarras en reclusi¨®n, algo m¨¢s de 450, se hallaba con centrado en las penitenciar¨ªas de Herrera de la Mancha y Alcal¨¢ Meco. Con posterioridad, los presos de la formaci¨®n terrorista han sido dispersados en numerosos centros penitenciarios a lo largo del territorio espa?ol. Las ofertas de reinserci¨®n social realizadas por el Gobierno a comienzos de la d¨¦cada para estimular la disociaci¨®n entre los miembros de grupos armados clandestinos, que culminaron con la autodisoluci¨®n sin retorno de ETA(p-m), apenas hab¨ªan tenido ¨¦xito hasta ese momento entre los adeptos a ETA(m). Los dirigentes de esta organizaci¨®n hab¨ªan prohibido a sus presos solicitar indultos particulares o acogerse a mejoras individuales en las condiciones de internamiento, a pesar del deterioro en el que se hallaba buena parte de ellos. La consigna era y es que debe existir unidad de acci¨®n en el colectivo d¨¦ presos en pos de salidas globales y negociadas. De que esta consigna fuera secundada se encargaban, sobre todo, los grupos afines que asist¨ªan a los reclusos, mediatizaban la comunicaci¨®n con el exterior y controlaban el comportamiento de familiares o amigos; especialmente las llamadas Gestoras Pro Amnist¨ªa.

Sin embargo, el desmantelamiento de las comunas constituidas entre los presos, debido a la dispersi¨®n geogr¨¢fica de ¨¦stos, ha quebrado en una medida nada desde?able tales directrices, abriendo fisuras notables en el bloque compacto que formaban los reclusos, sus allegados y la propia ETA(m) a trav¨¦s de las Gestoras. Los sucesivos llamamientos hechos desde entonces por la direcci¨®n de la organizaci¨®n terrorista a sus presos, para que respondan con huelgas de hambre a las medidas de dispersi¨®n, han sido hasta ahora deso¨ªdos o escasamente cumplidos. Por otra parte, es m¨¢s que significativo el n¨²mero de presos etarras que, abiertamente o de forma discreta, han aceptado acogerse a los beneficios ofrecidos por el Gobierno, o contemplados en la normativa penitenciaria, durante los ¨²ltimos seis a?os. Si bien desde el colectivo de reclusos se pregona que las medidas de dispersi¨®n implementadas por los responsables de las instituciones penitenciarias espa?olas han sido un fracaso a este respecto, la fren¨¦tica oposici¨®n a las mismas por parte de la organizaci¨®n terrorista revela que operan en notable detrimento de sus intereses.

Aunque las medidas de dispersi¨®n deber¨ªan ser, por tanto, mantenidas, la experiencia acumulada sugiere tambi¨¦n la conveniencia de realizar algunas correcciones que favorezcan su eficacia, por complementariedad con otras iniciativas. Cabe combinar, por ejemplo, el desagrupamiento de los presos etarras con un mayor acercamiento de los mismos a sus hogares de origen, algo que encuentra indudables limitaciones t¨¦cnicas. Ahora bien, las autoridades no pueden olvidar que los efectos deseados con la dispersi¨®n son altamente contingentes respecto a factores externos, de modo que resultan mucho menos veros¨ªmiles cuando los militantes encarcelados perciben expectativas de negociaci¨®n pol¨ªtica entre el Gobierno y la organizaci¨®n terrorista, como las fabricadas en los ¨²ltimos tiempos desde el mundo abertzale radical e incluso desde el nacionalismo vasco moderado, con sus referencias improcedentes al caso norirland¨¦s, donde ni siquiera existen instituciones legitimadas de autogobierno. En suma, ni el Ejecutivo actual ni el que resulte de las inminentes elecciones generales debe ceder al chantaje de los terroristas. Lo que se precisa ante la situaci¨®n creada es, una vez m¨¢s, el reforzamiento del consenso antiterrorista entre los partidos pol¨ªticos leales al r¨¦gimen democr¨¢tico y la pac¨ªfica movilizaci¨®n ciudadana frente a los vi¨®lentos. Del mismo modo que los funcionarios de instituciones penitenciarias, necesitados ahora de nuestra com¨²n y manifiesta solidaridad, deben evitar caer en la trampa de culpabilizar al Gobierno por un secuestro, el de su compa?ero de trabajo, que tan s¨®lo tiene unos responsables: quienes respaldan o pertenecen a la organizaci¨®n terrorista JETA.

ocupa la C¨¢tedra Jean Monnet de Estudios Europeos en la UNED y es profesor investigador en el Instituto Universitario Ortega y Gasset.