La 'anmst¨ªa' para ocupantes irregulares de pisos p¨²blicos se extiende a otros 12 barrios
Otros 12 barrios m¨¢s pueden acogerse a la amnist¨ªa decretada por el Gobierno regional para unas 15.000 familias que habitan pisos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) de manera irregular (compras fraudulentas, subrogaciones bajo cuerda ... ). Los vecinos tienen de plazo hasta el pr¨®ximo, 9 de abril para presentar la documentaci¨®n requerida. A partir de docimentaci¨®n la Comunidad dispone de seis meses para volver los casos. Esta medida comenz¨® a arse el verano pasado en 11 vecindades donde se presentaron 274 peticiones regularizaci¨®n.
Las nuevas barriadas a regula rizar son Fuencarral A, Villa verde Cruce, Alto del Arenal (Puente de Vallecas), UVA de Hortaleza, unidad vecinal cuatro de Entrev¨ªas (Puente de Va llecas), V¨¦ntilla (Tetu¨¢n), Antonio Nebrija (Alcal¨¢ de Hena res), Tejar y Puente de Capu chinos (Fuencarral-El Pardo), Juan Tornero (Latina), Herma nos Garc¨ªa Noblejas primera fase (San Blas) y Cornisa de Orcasitas (Usera).
Entre estos vecindarios hay cinco, Antonio Nebrija, El Tejar, Puente de Capuchinos, Juan, Tornero y Hermanos Garc¨ªa Noblejas, sometidos al extinguido sistema de acceso diferido a la propiedad pago de un alquiler durante varias d¨¦cadas, al cabo de las cuales el inquilino se convierte en due?o, y en ellos el Ivima quiere adelantar la venta de las viviendas, a los arrendatarios.
El resto de los barrios salvo la Cornisa de Orcasitas, est¨¢n en plena remodelaci¨®n., -Respuesta en marzo.
Las 274 solicitudes presentadas hasta ahora corresponden al ensayo de esta amnist¨ªa iniciada el pasado verano en barriadas p¨²blicas de Madrid como Fuencarral B, Comillas (Carabanchel), Canillas (Hortaleza), La Vi?a (Puente de Vallecas), Virgen del Pilar fase II (Chamart¨ªn), Usera, Mingorrubio (Fuencarral-El Pardo) y Tercio del Terol (Carabanchel). Y tambi¨¦n, en vecindarios de Alcal¨¢ de Henares, Ciempozuelos y San Mart¨ªn de Valdeiglesias.
La mitad de las peticiones proceden de Alcal¨¢ de Henares. Sin embargo, en Mingorrubio, Ciempozuelos y San Mart¨ªn de Valdeiglesias ning¨²n habitante de vivienda social ha pedido le galizar su situaci¨®n. Para el mes de marzo la Comunidad habr¨¢ dado una respuesta definitiva a estos 274 primeros expedientes.
El consejero de Obras P¨²blicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cort¨¦s, cree que este n¨²mero de solicitudes es algo bajo. "Nos parecen pocas, pero el problema es que no sabemos cu¨¢ntas se deb¨ªan haber presentado porque no hay cifras exactas sobre las situaciones irregulares", afirma. "Tal vez los afectados no acaban de ver claro que con este procedimiento puedan arreglar sus problemas", a?ade.
A Prisciliano Castro, presidente de la Federaci¨®n Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), entidad que colabora con la Administraci¨®n en esta amnist¨ªa, no le choca que s¨®lo se hayan presentado 247 solicitudes.
"Se eligieron para ensayar la medida precisamente porque ten¨ªan pocas irregularidades; hay una excepci¨®n, la barriada de Puerta de Madrid, en Alcal¨¢, donde esper¨¢bamos unas doscientas peticiones y se han recibido l20", explica. "Tal vez haya miedo a sacar a la luz estos casos", a?ade Castro.
Para acogerse a esta amnist¨ªa, iniciada el pasado verano, es imprescindible utilizar la vivienda como morada habitual desde antes del 1 de junio de 1994 y no poseer otro piso en la Comunidad de Madrid.
Las familias deben percibir menos de 2,5 veces el salario m¨ªnimo interprofesional. Pero a esta cuant¨ªa se le aplican una serie de medidas correctoras que ampl¨ªan su techo. As¨ª, por ejemplo, tambi¨¦n puede legalizar su situaci¨®n una familia con ingresos brutos anuales de seis millones de pesetas si est¨¢ formada por seis miembros, con tres trabajando, y una estancia de 11 a?os en el piso.
La mayor parte de las regularizaciones se realizar¨¢n en r¨¦gimen de alquiler. Pero lo previsible es que, como la mayor¨ªa de los bloques de esta amnist¨ªa acabar¨¢n siendo vendidos a sus inquilinos una vez resueltas todas las situaciones an¨®malas, tambi¨¦n los ilegales regularizados puedan optar a comprar su vivienda. Eso s¨ª, pagar¨¢n m¨¢s por ella.
El Ivima gestiona 90.000 viviendas en la regi¨®n, la mitad de ellas heredadas del franquismo, y se estima que 15.000 de sus inquilinos est¨¢n en situaci¨®n irregular.
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