Hoces cortantes

CON LA adjudicaci¨®n por el Consejo de Ministros de las obras del ¨²ltimo tramo de la autov¨ªa Madrid-Valencia se resuelve, por la v¨ªa de los hechos, el contencioso planteado por el paso de esa carretera por parajes pr¨®ximos a las llamadas hoces del r¨ªo Cabriel. No hay duda de que el Gobierno est¨¢ legalmente capacitado para tomar esa decisi¨®n. Pero el problema de fondo que suscitan pugnas interregionales como la que enfrenta a Castilla-La Mancha y al Pa¨ªs Valenciano en torno a este tramo de la autov¨ªa Madrid-Valencia sigue sin resolverse. En cualquier otra ocasi¨®n y otro lugar puede plantearse de nuevo.El Estado auton¨®mico que ha sustituido al centralista s¨®lo puede ser viable y operativo si existen instancias institucionales de arbitraje capaces de dirimir los inevitables conflictos de intereses de las regiones entre s¨ª o de ¨¦stas en relaci¨®n con los intereses generales del pa¨ªs. La inexistencia o inoperatividad de tales instancias, salvo quiz¨¢ en el terreno educativo y fiscal, facilita que estos conflictos se enconen pol¨ªticamente y se tomen armas arrojadizas en manos de los partidos, como sucede ahora. El problema del agua sirve para que los socialistas resalten las contradicciones de los dirigentes del Partido Popular: favorables a los trasvases en las comunidades sedientas del Pa¨ªs Valenciano y Murcia, y reticentes o abiertamente contrarios en aquellas de las que se tomar¨ªan los excedentes. Y el paso de la autov¨ªa de Madrid - Valencia por el paraje ecol¨®gicamente conflictivo de las hoces del r¨ªo Cabriel, a caballo entre las comunidades castellano-manchega y valenciana, da pie a los populares para resaltar, por su parte, las divergencias entre el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez y el de su compa?ero de partido, Jos¨¦ Bono, en Castilla-La Mancha.

El desgaste pol¨ªtico y el despilfarro de energ¨ªas que entra?an tales conflictos no son, desde luego, el mejor aval para una acci¨®n eficaz de gobierno. Una vez encauzado el contencioso hist¨®rico del acomodo de las nacionalidades y regiones en un proyecto constitucional aceptable, la preocupaci¨®n esencial debe ser la eficacia con que debe funcionar el Estado auton¨®mico en su conjunto. Y esta eficacia, que constituye una leg¨ªtima exigencia de los ciudadanos, est¨¢ re?ida con la confrontaci¨®n, el recelo y la rivalidad paralizante entre los diversos poderes p¨²blicos. De ah¨ª la urgencia de instaurar o tomar operativos a esos organismos de cooperaci¨®n y arbitraje -consejos o conferencias sector¨ªales Gobierno-autonom¨ªas- que eviten que el conflicto interregional derive por los derroteros del oportunismo pol¨ªtico y del enfrentamiento personal. De todo ello ha habido grandes dosis en el contencioso de la autov¨ªa a partir del momento en que las obras se aproximaron a los l¨ªmites de la comunidad que preside Jos¨¦ Bono.

Los intereses locales o regionales han de ser tomados en consideraci¨®n, pero no pueden ser los ¨²nicos a tener en cuenta cuando los afectados son otros muchos. Tal vez existan argumentos a favor de alternativas diferentes a la finalmente aceptada por el Consejo de Ministros para sortear el r¨ªo Cabriel. Pero el debate no pod¨ªa ser eterno, y la opci¨®n aprobada no ha sido elegida a la ligera, sino seleccionada entre las varias posibles a la luz de su impacto ambiental y teniendo presente que discurre a una distancia considerada ecol¨®gicamente inocua para el paraje natural que se intenta preservar. Oponer a esos estudios argumentos que hablan de dolor del paisaje o de eventuales efectos futuros hoy imprevisibles hace imposible una discusi¨®n racional. Y oponer los derechos de la naturaleza a los de los usuarios potenciales de la autov¨ªa, y hacerlo mediante un decreto-ley de ¨¢mbito auton¨®mico aprobado sobre la marcha para declarar reserva natural ese paraje en el lado castellano-manchego, recuerda demasiado a los argumentos populistas de quienes siempre han pretendido que aquello que, favorec¨ªa sus intereses del momento defend¨ªa a la vez los de la humanidad en su conjunto.