Expertos economistas dudan de la voluntad del PP para aplicar duras reformas
![Victoria Carvajal](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F462bb6af-7392-4baf-8170-ebe5ea20335e.png?auth=ca0a7c3ae57baf4405167f5fca6934ea547bfcdc6f32d20052aa0d8223d68ed6&width=100&height=100&smart=true)
El gobernador del Banco de Espa?a, Luis ?ngel Rojo, lo advirti¨® recientemente: el nuevo Gobierno deber¨¢ adoptar medidas "pol¨ªticamente desagradables" si quiere reducir el d¨¦ficit p¨²blico al 3% del producto interior bruto (PIB) como exige el Tratado de Maastricht para participar en la moneda ¨²nica. Expertos nacionales y extranjeros coinciden con el gobernador en augurar una ardua tarea al pr¨®ximo Gabinete. Las expectativas de que el PP salga ganador han propiciado una fuerte subida de los mercados financieros espa?oles en los ¨²ltimos meses. Pero la continuidad de esta bonanza depende de la capacidad del Gobierno de centro-derecha -si se confirma la victoria del PP- de aplicar las impopulares medidas que exige reducir a la mitad el d¨¦ficit p¨²blico en s¨®lo dos a?os (en 1995 qued¨® en el 5,9% del PIB).El servicio de estudios del banco Deutsche Morgan Grenfell, filial del primer banco privado europeo, cree que el PP tendr¨¢ un escaso margen para cumplir su promesa de reducir el impuesto sobre la renta (IRPF) si es que quiere reducir el d¨¦ficit. Es m¨¢s, considera que no tendr¨¢ otra opci¨®n que subir los impuestos indirectos (IVA y especiales), acelerar el proceso de privatizaciones y aplicar dr¨¢sticas reformas estructurales (mercado de trabajo, sanidad, liberalizaci¨®n de sectores protegidos, control del gasto, etc...) si es que quiere tener alguna posibilidad de acceder a la uni¨®n monetaria en 1999.
Aun logrando el PP la mayor¨ªa absoluta, Morgan Grenfell duda que el PP est¨¦ dispuesto a asumir el coste pol¨ªtico de las citadas medidas y pone como ejemplo el compromiso electoral de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, de mantener el Estado de bienestar que hereda de los socialistas y que ¨¦stos han convertido en la punta de lanza de sus cr¨ªticas a la pol¨ªtica conservadora.
El servicio de estudios de esta entidad calcula que el d¨¦ficit p¨²blico cerrar¨¢ 1996 en el 5% del PIB, por encima del 4,4% previsto en el plan de convergencia espa?ol. Una previsi¨®n que coincide con la dada hace pocos d¨ªas por el profesor Enrique Fuentes Quintana. Los analistas del Banco Central Hispano prev¨¦n en su ¨²ltimo informe que este desequilibrio se quedar¨¢ en el 4,8%. De cumplirse estos malos augurios, reducir el d¨¦ficit al 3% del PIB en 1997 resulta "un objetivo demasiado ambicioso", considera Fuentes Quintana.Menor crecimientoA las dificultades pol¨ªticas se a?aden otras de tipo coyuntural que alejan a¨²n m¨¢s el cumplimiento de los objetivos fiscales para 1996. De una parte, se espera un menor crecimiento de la econom¨ªa espa?ola, afectada por la debilidad que registran sus socios europeos. Ello supone una menor recaudaci¨®n y un aumento de los gastos de protecci¨®n social. As¨ª, frente a un incremento del PIB del 3,4% que recog¨ªa el proyecto de Presupuestos de 1996, los expertos no esperan m¨¢s de un 2,5% o 2,7%. El ¨²nico aspecto positivo de este entorno econ¨®mico d¨¦bil es la tendencia a la baja de los tipos de inter¨¦s, que permite abaratar el coste de la deuda p¨²blica. En 1995, se destinaron 3,021 billones a pagar s¨®lo los intereses de la deuda p¨²blica.
Otra de la incertidumbres que citan estos expertos es la posibilidad de que haya habido desv¨ªos en los Presupuestos de ejercicios pasados, como ha alegado el PP en su campa?a. "Es un primer paso para preparar a los votantes a aceptar un d¨¦ficit m¨¢s elevado", se?ala el Deutsche Bank. Independientemente de los resultados que de la auditor¨ªa de las cuentas p¨²blicas que pretende encargar el PP cuando llegue al poder, ya se han publicado datos que reflejan diferencias sobre la contabilidad nacional. Seg¨²n public¨® el INE esta semana, el d¨¦ficit en 1994 fue de 4,477 billones (el 6,9% del PIB), cuando la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado lo cifra en el 6,6%.
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