El Gobierno reserva fondos para que el PP suba los sueldos del Supremo en 200.000 pesetas al mes

Una de las ¨²ltimas decisiones del Gobierno socialista antes de las elecciones del 3-M fue establecer una reserva presupuestaria para que el nuevo Ejecutivo pueda incrementar en 1996 los sueldos de los m¨¢s de 80 magistrados del Supremo en unas 200.000 pesetas mensuales limpias. Este aumento retributivo se vincula al futuro Estatuto Jur¨ªdico de los Magistrados del Tribunal Supremo, que endurecer¨¢ la situaci¨®n profesional de estos juristas. Una comisi¨®n de magistrados se ha puesto en contacto con el Parlamento y el Ejecutivo y ha elaborado un borrador de ley org¨¢nica sobre el que espera el consenso.

El acuerdo, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 1 de marzo y todav¨ªa no publicado en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, provee de fondos suficientes al futuro Gobierno para que pueda disponer de ellos, si lo cree oportuno, a fin de aumentar las actuales retribuciones de los magistrados del Tribunal Supremo, que actualmente superan las 500.000 pesetas netas, para situarlas en tomo a las 730.000 pesetas mensuales limpias.El nuevo Ejecutivo, previsiblemente presidido por Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, fijar¨¢ en su caso el incremento definitivo y el mes inicial de su percepci¨®n, que algunos magistrados esperan que sea con efectos del 1 de enero de este a?o. Fuentes de Econom¨ªa y Hacienda niegan ese car¨¢cter retroactivo.

La cobertura legal de dicha reserva presupuestaria es el decreto-ley 12 / 1995, de 28 de diciembre, cuya disposici¨®n final tercera prev¨¦ que "por el Ministerio de Econom¨ªa y Hacienda se habilitar¨¢n los cr¨¦ditos precisos para hacer efectivas las retribuciones que resulten del nuevo Estatuto jur¨ªdico de los Magistrados del Tribunal Supremo". Durante el debate parlamentario, -previo a la convalidaci¨®n de este deceto-ley por la Diputaci¨®n Permanente del Congreso de los Diputados, celebrado el 30 de enero, ning¨²n grupo parlamentario objet¨® dicha disposici¨®n.

Las gestiones posteriores de los magistrados del Supremo con los ministros de Econom¨ªa y Hacienda, Pedro Solbes, y de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, as¨ª como los contactos institucionales del presidente del Supremo, Pascua? Sala, han contribuido a la aprobaci¨®n del acuerdo gubernamental, que establece la reserva presupuestaria para este a?o.

Sala, en l¨ªnea con varios de sus discursos ante el Rey en las aperturas de los a?os judiciales, ha defendido que la nueva situaci¨®n resultante del futuro estatuto "hay que compensarla econ¨®micamente". Los magistrados Ram¨®n Trillo Torres y Jos¨¦ Manuel Sierra M¨ªguez, promotores del nuevo estatuto, dicen que el Gobierno, contra lo que suele ocurrir, "no ha sido cicatero".

Ambos magistrados pertenecen a la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Supremo. Uno de ellos, Trillo, de 55 a?os, pariente "muy lejano", dice, del diputado del PP que hoy ser¨¢ elegido presidente del Congreso, fue ponente de la sentencia que anul¨® el nombramiento de Eligio Hern¨¢ndez como fiscal general del Estado por parte del Gobierno socialista.

El otro, Sieira, de 48 a?os, procede de la abogac¨ªa del Estado y se incorpor¨® al Tribunal Supremo "perdiendo dinero, por afici¨®n a la funci¨®n jurisdiccional". Los dos se esfuerzan en distanciar el necesario nuevo estatuto y los aumentos retributivos de los casos judiciales en los que est¨¢n implicados miembros del actual Gobierno en funciones.

Los redactores del borrador del futuro estatuto justifican el aumento de las retribuciones de los magistrados del Supremo por el r¨¦gimen de dedicaci¨®n e incompatibilidad que propugnan y consideran razonable que "se fijen anualmente por referencia a los del Tribunal Constitucional". Estos ¨²ltimos perciben casi 800.000 pesetas netas mensuales.

El papel del Supremo

Trillo y Sieira relataron a este peri¨®dico las gestiones realizadas para poner en marcha el embri¨®n del futuro Estatuto Jur¨ªdico de los Magistrados del Tribunal Supremo. Explicaron que todo empez¨® con el examen del papel institucional que corresponde a este alto tribunal que, a diferencia del Constitucional, no tiene autonom¨ªa presupuestaria, y que carece de "una cierta capacidad de interlocuci¨®n con los poderes del Estado".Asimismo, consideraron necesario alejar al Tribunal Supremo de las apetencias pol¨ªticas y econ¨®micas, mediante un duro r¨¦gimen de incompatibilidades y la prohibici¨®n de los viajes de ida y vuelta al sector p¨²blico o al privado.

En marzo de 1995, Trillo, Sieira y otros magistrados del Supremo promovieron una reuni¨®n, sobre la que pidieron discreci¨®n, que se produjo el 7 de junio. Asistieron m¨¢s de 60 magistrados y se aprobaron unas conclusiones que sirvieron de base para de un borrador de anteproyecto de ley.

El siguiente paso fue un encuentro con el presidente de la Comisi¨®n de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados, el socialista Javier S¨¢enz Cosculluela, a trav¨¦s del cual conocieron el acuerdo de principio de los grupos parlamentarios. Otras gestiones realizadas m¨¢s adelante con Solbes y Belloch impulsaron el acuerdo del Gobierno que prev¨¦ una reserva presupuestaria para el aumento retributivo.