La Asociaci¨®n Contra la Tortura pide c¨¢rcel para 18 guardias de Colmenar
La Asociaci¨®n Contra la Tortura ha decidido presentar acusaci¨®n por presuntos malos tratos contra 18 guardias civiles del cuartel. de Colmenar Viejo (28.000 habitantes), para los que resclama penas que oscilan entre los seis meses y seis a?os de c¨¢rcel. El escrito de acusaci¨®n de esta asociaci¨®n, que interviene como acci¨®n popular, demanda que se sienten en el banquillo 8 agentes, cuatro m¨¢s de los que ha implicado la fiscal¨ªa, que acusa a 14 y para los que pide penas de entre cuatro meses y un a?o de prisi¨®n.
La asociaci¨®n acusa a estos 18 guardias de haber torturado, amenaza o y vejado a tres jovenes de la loca lidad -Cecilio Rodr¨ªguez, Jos¨¦ Luis Villanova y Pedro Rodr¨ªguez- durante el fin de semana del 22 al 24 de octubre de 1994. Los tres fueron detenidos tras participar en una pelea callejera a la salida del pub Color, en la que tambi¨¦n intervinieron varios agentes que: estaban de servicio, algunos de los cuales su frieron lesiones.Para la acusaci¨®n popular, los agentes Ubaldo Francisco Cuena Carrach¨®n, Miguel ?ngel Ramos G¨¢lvez, Israel Guti¨¦rrez Zamarreno y Jos¨¦ Mar¨ªa S¨¢nchez Aldana tambi¨¦n participaron -al menos indirectamente- en los hechos, pues tuvieron conocimiento de los malos tratos que recibieron los j¨®venes en los calabozos del cuartel y no lo evitaron. La fiscal¨ªa menciona en su escrito a estos cuatro agentes como testigos.
Estos cuatro guardias no son los ¨²nicos, sin embargo, que la fiscal¨ªa ha dejado fuera del saco de inculpados. La fiscal¨ªa pide para los 14 inculpa dos penas que fluct¨²an entre los cuatro meses y el a?o de prisi¨®n, adem¨¢s de inhabilita ci¨®n en sus cargos. Teodoro Mota, abogado de esta asociaci¨®n, present¨® ayer un escrito a la juez instructora en el que pide que las guardias Rosa Bel¨¦n Montes Rastro y Pilar Hidalgo -llamadas a de clarar por la, fiscal¨ªa como testigos- tambi¨¦n sean incluidas en la causa en calidad de inculpadas. "Hay indicios suficientes para acusar a ambas de un posible delito de falsedad en documentos, al trastrocar los partes del servicio de patrulla de los d¨ªas en que se produjeron los hechos", entiende Mota. "La fiscal¨ªa ha hecho lo m¨¢s c¨®modo; es decir, acusar s¨®lo a los guardias que fueron reconocidos por los chavales en las ruedas de reconocimiento. Pero uniendo cabos y recogiendo detalles, salen m¨¢s inculpados", asegura.La diferencia de criterios entre la fiscal¨ªa y la acusaci¨®n particular no se queda ah¨ª. La asociaci¨®n solicita penas que llegan hasta los seis a?os de c¨¢rcel (como en el caso del guardia civil Miguel Izquierdo) y la inhabilitaci¨®n de todos los inculpados durante ocho a?os. "La fiscal¨ªa ha sido muy benevolente. No se pueden saldar unos hechos tan graves como los que sucedieron entonces con peticiones tan cortas, pues, al carecer todos de antecedentes penales, ni siquiera se cumplir¨ªa". Mota se queja adem¨¢s de la impunidad que han tenido en el caso los dos mandos inmediatos de los guardias acusados.
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