La Junta no acepta una supuesta orden ministerial

La Junta de Andaluc¨ªa no ha aceptado la supuesta orden ministerial sobre reconocimiento de los toros -como pretende la confederaci¨®n de taurinos (CAPT)- porque no existe (v¨¦ase EL PA?S de ayer). Se trata de un borrador y no ha sido publicada en el BOE.

Justicia e Interior remiti¨® a las autonom¨ªas el mencionado borrador para informe y el Gobierno andaluz lo devolvi¨® sin objeciones. Esto es lo que Manuel Chaves, presidente de la Junta, comunic¨® a la CAPT en reuni¨®n celebrada el viernes y no que se fuera a aplicar en Andaluc¨ªa -como estos afirmaban en nota de prensa-, pues carece de validez. S¨ª les dijo, en cambio, que se aplicar¨¢ en toda su integridad el reglamento, sin menoscabo de la disposici¨®n de la Junta a mantener un di¨¢logo permanente a cualquier nivel con las partes interesadas.Los miembros de la CAPT aseguraron en la reuni¨®n que el borrador se aplicaba ya en las restantes comunidades aut¨®nomas. Un cargo de la Junta telefone¨® a la Comunidad valenciana para confirmarlo y le comunicaron que no era cierto: "No solo no lo aplicamos", a?adieron, "sino que hemos informado a Interior que rechazamos el borrador en todos sus t¨¦rminos pues contradice al reglamento. Adem¨¢s hemos abierto 11 expedientes de sanci¨®n por presunta manipulaci¨®n de reses lidiadas en las Fallas, en cumpliendo de lo reglamentado".

Parecen ignorar los taurinos y sus portavoces que el reglamento es un decreto y que una orden ministerial tiene rango inferior, por lo que no puede contradecir lo que estipula el decreto. Parecen ignorar que ning¨²n borrador o proyecto de disposici¨®n adquiere vigencia hasta su publicaci¨®n en el BOE y previamente se somete a informes que lo pueden considerar inviable. Funcionarios de la Junta comentaron a EL PA?S que quiz¨¢ esa orden ministerial no sea aprobada nunca, precisamente por contradecir al decreto que aprob¨® el reglamento.

Si, como afirma la CAPT, hay comunidades que aplican el borrador de orden ministerial como si estuviera vigente, infringir¨ªan el ordenamiento jur¨ªdico -quiz¨¢ con comisi¨®n de delito- y ser¨ªa necesaria la intervenci¨®n del Consejo de Estado.