La negativa del Gobierno a dar al juez los papeles del Cesid sobre la guerra sucia, revisable por el Supremo

La negativa del Gobierno a entregar al juez Baltasar Garz¨®n -o, en su caso, al juez Eduardo M¨®ner- los documentos del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA es revisable por la Sala Tercera de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, seg¨²n altas fuentes judiciales. El control judicial de la Administraci¨®n permite a las acusaciones del caso GAL recurrir el acuerdo del Gobierno. As¨ª pues, la sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicci¨®n del 14 de diciembre ¨²ltimo que declar¨® la competencia de Defensa para proponer al Gobierno que decida sobre la actual clasificaci¨®n de tales documentos como secretos no pone fin a la investigaci¨®n penal de los mismos, seg¨²n tales fuentes.

La mencionada sentencia resolvi¨® el conflicto de jurisdicci¨®n planteado entre el Ministerio de Defensa y el juzgado central de instrucci¨®n n¨²mero 5 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Baltasar Garz¨®n, hab¨ªa requerido al primero para que le suministrase unos documentos del Cesid relativos a actividades de los GAL, que dicho juez investiga. El Tribunal de Conflictos declar¨® la competencia de Defensa para decidir sobre la entrega de tales documentos, as¨ª como que el juez de instrucci¨®n que los considere necesarios para la investigaci¨®n penal "no puede imponer, sin m¨¢s, al ministro responsable su entrega y aportaci¨®n".La misma sentencia indic¨® al juez Garz¨®n que, en cambio, puede dirigirse al ministro de Defensa, "por medio de exposici¨®n razonada, al objeto de que la traslade al ¨®rgano competente -Consejo de Ministros- y ¨¦ste pueda valorar, dentro de sus funciones directivas de gobierno, los intereses en juego, principalmente el de la seguridad del Estado, cuya exclusiva interpretaci¨®n le corresponde en esta materia, y decidir en consecuencia".Garz¨®n sigui¨® la sentencia

Inmediatamente que conoci¨® la sentencia, el 15 de diciembre ¨²ltimo, Garz¨®n sigui¨® esta indicaci¨®n, que desencaden¨® un acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de enero de 1996 denegatorio de la desclasificaci¨®n como secretos de los papeles del Cesid. Recientemente, el juez Eduardo M¨®ner, que investiga a su vez el caso GAL desde el Supremo y al que tambi¨¦n han solicitado las acusaciones particular y popular que requiera los documentos del Cesid, pregunt¨® al ministro de Defensa "si existe alguna resoluci¨®n" sobre los documentos en torno a la "guerra sucia contra ETA".

Magistrados de la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa han confirmado a este peri¨®dico que es "jur¨ªdicamente planteable" un recurso contra la decisi¨®n del Consejo de Ministros de no desclasificar los documentos del Cesid clasificados como secretos. Se?alaron que en nuestro Estado de derecho las resoluciones administrativas son revisables por el poder judicial y recordaron c¨®mo, por ejemplo, el Supremo anul¨® la designaci¨®n de Eligio Hern¨¢ndez como fiscal general del Estado, realizada por el Gobierno.

La revisi¨®n del acuerdo del Consejo de Ministros afectar¨ªa al examen de la motivaci¨®n existente para denegar la desclasificaci¨®n como secretos de los documentos solicitados. De ah¨ª la importancia de conocer la resoluci¨®n gubernamental por la que se ha interesado el juez M¨®ner. Otras fuentes jur¨ªdicas consideran que el recurso podr¨ªa invocar la violaci¨®n de un derecho fundamental -en este caso, la tutela judicial efectiva-, con lo que podr¨ªa tramitarse por la v¨ªa procesal r¨¢pida utilizable, en aplicaci¨®n de la ley de Protecci¨®n Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.?Qui¨¦n puede recurrir?

En todo caso, el m¨¢ximo problema jur¨ªdico de ese recurso contencioso-administrativo ser¨ªa, seg¨²n tales fuentes, quien tiene legitimaci¨®n para plantearlo. Todas las fuentes consultadas descartan que pueda plantearlo el juez Garz¨®n o, en su caso, el juez M¨®ner.

En cambio, creen que las partes acusadoras, que instaron a los respectivos jueces la Petici¨®n de los documentos, est¨¢n legitimadas para impugnar ante el poder judicial la decisi¨®n administrativa. M¨¢s dudas existen sobre si el fiscal, en su funci¨®n de defensor de la legalidad, tambi¨¦n est¨¢ legitimado para interponer el recurso.