Autonomismo competitivo

El pacto del PP con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios podr¨ªa empujar al Estado de las autonom¨ªas en una direcci¨®n m¨¢s competitiva que cooperativa. Si los acuerdos se cumplen, cabe prever que la descentralizaci¨®n del Estado avance mediante un mayor reparto territorial de recursos y una mayor simplificaci¨®n administrativa, pero tambi¨¦n cabe preludiar una limitada cooperaci¨®n institucional.El reparto de recursos comporta una saludable disminuci¨®n de la capacidad de intervenci¨®n del Gobierno central en favor de las comunidades aut¨®nomas. Pero tambi¨¦n abre las puertas a una mayor diferenciaci¨®n entre autonom¨ªas. Hay un amplio margen de relaciones posibles entre comunidades, desde la proporcionalidad de recursos disponibles por las comunidades, basada en la igualdad civil de todos los ciudadanos independientemente del lugar en que viven, hasta la paridad entre comunidades independientemente de su poblaci¨®n y de los recursos que generan. Dentro de ese margen, un cierto grado de desigualdad entre comunidades es inevitable.

En primer lugar, se deriva de los llamados hechos diferenciales, los cuales inducen distintas competencias en los diversos territorios, por ejemplo, sobre turismo o miner¨ªa, costas y puertos, lenguas, etc¨¦tera. En segundo lugar, existen tratamientos distintos de unos mismos hechos, como los derivados de los fueros o de las diversas v¨ªas de acceso a la autonom¨ªa establecidas en la Constituci¨®n. Y, en tercer lugar, existe la posibilidad de que las diversas comunidades realicen pol¨ªlicas distintas en los mismos ¨¢mbitos de competencias, la cual se incrementa a medida que aumentan los traspasos, como pasar¨¢ a ser ahora el caso, por ejemplo, del suelo, el empleo y la formaci¨®n. Si adem¨¢s aumenta la autonom¨ªa financiera de los gobiernos auton¨®micos mediante la descentralizaci¨®n de impuestos, parece claro que pueden aumentar los elementos de diferenciaci¨®n entre comunidades, mientras que los criterios de paridad s¨®lo podr¨¢n ser aplicados mediante la menguante parte del gasto p¨²blico controlada por el Gobierno centra.

En esta perspectiva de mayor diversidad y competencia entre territorios, parecer¨ªa conveniente una mayor institucionalizaci¨®n de los canales de cooperaci¨®n de ¨¢mbito estatal. Sin embargo, los avances del actual pacto del PP con los nacionalistas en este aspecto en comparaci¨®n con el anterior pacto entre el PSOE y CiU son muy modestos. Las recientes negociaciones han sido pasablemente transparentes y los pactos ya no son s¨®lo verbales, sino escritos y p¨²blicos. En vez de un acuerdo para la investidura, sometido a renovaci¨®n anual, parece que se ha alcanzado ahora un acuerdo m¨¢s estable de legislatura. Pero se mantiene todav¨ªa la negativa de los nacionalistas a participar directamente en el Gobierno que ellos han hecho posible, en contraste con la pr¨¢ctica normal en cualquier democracia consolidada. No est¨¢ nada claro que la dimensi¨®n nacionalista deba producir m¨¢s reticencias a la participaci¨®n gubernamental que las distancias en la dimensi¨®n izquierda-derecha que son habitualmente salvadas en los Gobiernos de coalici¨®n. Incluso un partido tan radical como, por ejemplo, la Liga Norte italiana, cuyo programa federalista a corto plazo se basa en un separatismo doctrinal, bronco y agresivo, no tuvo mayor inconveniente en proveer de ministros a la coalici¨®n m¨¢s votada de centro-derecha cuando la aritm¨¦tica parlamentaria lo hizo conveniente. La ¨²nica diferencia con la pr¨¢ctica de otros pa¨ªses que mantiene a CiU y PNV alejados de la colaboraci¨®n gubernamental directa es el trauma hist¨®rico de la dictadura a¨²n reciente" que todav¨ªa parece suscitar en los nacionalistas una instintiva reserva en la colaboraci¨®n con las instituciones del Estado espa?ol. La abstenci¨®n gubernamental de quienes apoyan al presidente del Gobierno resulta as¨ª un ¨ªndice de poca maduraci¨®n de la democracia en este pa¨ªs.

M¨¢s chocante es todav¨ªa que los nacionalistas no haya mostrado inter¨¦s en incluir en los pactos la reforma del Senado como C¨¢mara territorial. Tampoco han propuesto generalizar el modelo de conferencias sectoriales para la participaci¨®n de los gobiernos auton¨®micos en la pol¨ªtica general del Estado, iniciado con el Consejo de Pol¨ªtica Fiscal y Financiera, excepto en el tema europeo. M¨¢s que la institucionalizaci¨®n de las relaciones intergubernamentales y el automatismo de unas decisiones sometidas a criterios objetivos, parece que CiU y PNV siguen prefiriendo las relaciones bilaterales con el Gobierno central protagonizadas por las c¨²pulas de los partidos.

En conjunto, el ambiguo modelo del Estado de las autonom¨ªas podr¨ªa avanzar m¨¢s en la direcci¨®n del modelo norteamericano de federalismo competitivo que en la del modelo alem¨¢n de federalismo cooperativo. Si la competencia entre comunidades aut¨®nomas fuera acompa?ada -como ocurre t¨ªpicamente en Estados Unidos- por una elevada movilidad territorial de capitales, empresarios, trabajadores y estudiantes, la diversidad y la emulaci¨®n intergubemamental podr¨ªan contribuir a aumentar la eficiencia global. Pero si no va acompa?ada por una mayor cooperaci¨®n de las autonom¨ªas en la pol¨ªtica general mediante la participaci¨®n sin reticencias en las instituciones del Estado, tambi¨¦n podr¨ªa alimentar la desconfianza mutua y las tensiones de base territorial.