El director de la Guardia Civil anuncia que propondr¨¢ el cese de Galindo como asesor
El director de la Guardia Civil, Santiago L¨®pez Valdivielso, anunci¨® ayer en Par¨ªs ue propondr¨¢ al ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, el cese en sus funciones y p¨¦rdida del destino del general Enrique Rodr¨ªguez Galindo como asesor suyo. L¨®pez Valdivielso hizo esta declaraci¨®n tras conocer la decisi¨®n del juez Javier G¨®mez de Lia?o de decretar la prisi¨®n incondicional e incomunicada del antiguo jefe del cuartel de Intxaurrondo por su presunta implicaci¨®n en el secuestro, tortura y asesinato de los presuntos etarras Jos¨¦ Antonio Lasa y Jos¨¦ Ignacio Zabala en 1983.
El director de la Guardia Civil, que estaba ayer en Par¨ªs participando en una reuni¨®n con los m¨¢ximos responsables de la Gendarmer¨ªa francesa, la Guardia Nacional portuguesa y los Carabineros italianos, expres¨® su acatamiento a la decisi¨®n judicial y se mostr¨® convencido de que el encarcelamiento del general "no afectar¨¢ a la moral" del cuerpo, "ni supondr¨¢ un retroceso en la lucha antiterrorista", informa Efe.L¨®pez Valdivielso anunci¨® que propondr¨¢ al ministro Mayor Oreja el "cese de funciones y la p¨¦rdida de destino" de Rodr¨ªguez Galindo, "pero ser¨¢ el ministro quien decida", puntualiz¨®. "Lo que queremos es que todo esto se aclare, que la Justicia se pronuncie y pasar p¨¢gina", dijo.
El nuevo jefe de la Guardia Civil, que s¨®lo lleva lleva dos semanas en el cargo, opt¨® por mantener al general Rodr¨ªguez Galindo en el puesto en que lo puso su antecesor, Ferran Cardenal, a la espera de que se aclarasen las imputaciones que pesaban sobre ¨¦l en la guerra sucia contra ETA y mientras reparaba la reorganizaci¨®n de la direcci¨®n general.
Sin embargo, la decisi¨®n del juez G¨®mez de Lia?o ha precipitado los acontecimientos y L¨®pez Valdivielso anunci¨® ayer mismo su inminente cese. Seg¨²n la ley del Personal Militar de 1989, completada con la ley del Personal de la Guardia Civil de 1994, el cese en los destinos de libre designaci¨®n, como el de asesor, es potestativo del ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja. Si no se acompa?a de otra medida, la p¨¦rdida de destino supone el pase a la situaci¨®n de disponible, en la que se conserva el 100% de las retribuci¨®n durante los seis primeros meses.
Sin embargo, la suspensi¨®n de funciones, a la que tambi¨¦n aludi¨® L¨®pez Valdivielso, es competencia del ministro de Defensa, Eduardo Serra, y supone para el afectado la p¨¦rdida del 75% de sus retribuciones. Ninguna de las dos medidas es de aplicaci¨®n autom¨¢tica.
El ministro puede adoptarlas o no, seg¨²n el art¨ªculo 102 de la primera de las citadas leyes, "valorando la gravedad de los hechos imputados, la existencia o no de prisi¨®n preventiva, el perjuicio que la imputaci¨®n infiera al r¨¦gimen de las Fuerzas Armadas [en este caso la Guardia Civil] o la alarma social producida".
De hecho, el anterior responsable de Defensa, Gustavo Su¨¢rez Pertierra, s¨®lo suspendi¨® de funciones al coronel Juan Alberto Perote en enero de este a?o, cuando llevaba seis meses en prisi¨®n por sustraer documentos secretos del Cesid.
La ¨²nica reacci¨®n del Gobierno fue una nota oficial del Ministerio del Interior, a trav¨¦s de la cual Jaime Mayor Oreja manifestaba que, "cuando a un general de la Guardia Civil o a un alto mando policial se le decreta su prisi¨®n incondicional, la primera reacci¨®n del ministro del Interior y del Gobierno es la expresi¨®n de un sentimiento de tristeza, de dolor y de preocupaci¨®n".
La nota agregaba que, como no pod¨ªa ser de otra manera, [el ministro] acata y respeta la decisi¨®n de la Justicia, tomada en base a unos hechos acaecidos hace m¨¢s de diez a?os". Respecto a la siutaci¨®n del general, se limitaba a se?alar que "lo fundamental est¨¢ definido por el auto dictado por el ¨®rgano judicial competente y, en lo que se refiere a sus funciones dentro del Ministerio del Interior, se adoptar¨¢n las medidas cautelares necesarias de acuerdo con la ley".
Por su parte, el nuevo delegado del Gobierno en el Pa¨ªs Vasco, Enrique Villar, pospuso ayer la adopci¨®n de medidas administrativas contra Galindo por parte del Ministerio del Interior al momento en que se produzca una sentencia condenatoria, informa Europa Press.
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