La deuda de la colza

NUNCA UNA condena tan leve como la que acaba de imponer la Audiencia Nacional en el proceso de la colza a un antiguo alto cargo administrativo de la ¨¦poca de la UCD -20.000 pesetas de multa por una falta de imprudencia simple- tuvo unos efectos econ¨®micos tan gravosos para el Estado. Esa condena es el hilo conductor que puede llevar a los miles de afectados a percibir las indemnizaciones que vienen reclamando a lo largo de los 14 a?os transcurridos desde la cat¨¢strofe.La sentencia se ha producido en el ¨²ltimo d¨ªa de vigencia del actual C¨®digo Penal. De haberse dictado hoy, fecha de entrada en vigor del nuevo, una condena por una simple falta a un funcionario no hubiera entra?ado ninguna clase de responsabilidad civil subsidiaria para el Estado. Su art¨ªculo 121 limita esa responsabilidad a los supuestos de condena por "delitos culposos o dolosos". Pero ello puede dar pie a que el funcionario condenado reclame la aplicaci¨®n a su caso del nuevo c¨®digo si le resultara m¨¢s favorable. Se abrir¨ªa entonces un nuevo y controvertido frente de batalla jur¨ªdico para los afectados: impedir que el nuevo c¨®digo se aplique retroactivamente a un asunto no directamente penal como es el de las indemnizaciones. Es pronto para medir las consecuencias de la sentencia, dada la intenci¨®n de las partes de recurrirla ante el Supremo. Pero el asunto de las indemnizaciones a las v¨ªctimas sigue estando tan envenenado como el aceite que lo provoc¨®.

Salta a la vista, en cualquier caso, el car¨¢cter chapucero de la soluci¨®n dada al problema en v¨ªa judicial. La impresi¨®n es que se ha optado por la condena m¨ªnima imprescindible para hacer viable la reivindicaci¨®n indemnizatoria a cargo del Estado. Y que el funcionario condenado ha desempe?ado en el plan dise?ado el papel de Chivo expiatorio. De otro lado, la soluci¨®n acordada lo ha sido a medias y tampoco ha satisfecho plenamente a los afectados. El monto de la indemnizaci¨®n se limita al 50% del se?alado por la Audiencia Nacional en su sentencia de mayo de 1989 contra los industriales responsables del envenenamiento masivo. Y de ¨¦l habr¨¢ que deducir, adem¨¢s, los m¨¢s de 100.000 millones de pesetas ya aportados por el Estado en concepto de ayudas y subvenciones de car¨¢cter asistencial a los peijudicados. Son problemas derivados del empecinamiento en no negociar en su momento con las asociaciones de afectados f¨®rmulas de compensaci¨®n indelpendientes de la v¨ªa judicial. Pero todav¨ªa es tiempo de rectificar. Se ahorrar¨ªan as¨ª nuevos sufrimientos y frustraciones a las v¨ªctimas, y la sociedad espa?ola saldar¨ªa una cuenta que tiene pendiente hace tiempo consigo misma.