Los etarras que ya viven en M¨¦xico s¨®lo podr¨¢n ser reclamados por delitos comunes
El procurador general de la Rep¨²blica de M¨¦xico, Antonio Lozano Garc¨ªa, afirm¨® ayer que el nuevo protocolo de extradici¨®n entre su pa¨ªs y Espa?a s¨®lo podr¨¢ aplicarse en casos de terrorismo para aquellos actos delictivos que se cometan a partir del 5 de junio, fecha en la que entra en vigor el texto que modifica el Tratado de Extradici¨®n entre ambos pa¨ªses. De este modo, los etarras que viven en M¨¦xico y que hayan cometido delitos de terrorismo antes de esa fecha s¨®lo podr¨¢n ser reclamados por la Justicia espa?ola si han cometido delitos comunes.El procurador general, un cargo ministerial a caballo entre fiscal general del Estado y ministro de Justicia, insisti¨® en que, en virtud del principio fundamental del derecho que establece la no retroactividad de la ley, "s¨®lo podr¨¢ aplicarse el supuesto de terrorismo en un proceso de extradici¨®n cuando los actos delictivos sean cometidos con posterioridad a la fecha de la entrada en, vigor del Tratado", pero matiz¨® que la no retroactividad del Tratado no implica "de ninguna manera" que los delincuentes gocen de impunidad.
Lozano, no obstante, aclar¨® que en casos de delincuencia com¨²n, como homicidios, lesiones, da?os, robos o violaci¨®n de la ley de inmigraci¨®n, "se estudiar¨¢n las posibles peticiones caso a caso". Si el Poder Judicial espa?ol solicita alguna petici¨®n de extradici¨®n, "el Gobierno mexicano traspasar¨¢ el asunto a un juez, quien ser¨¢ el que definitivamente dictamine sobre la extradici¨®n en cuesti¨®n", dijo el procurador.
Lozano no supo precisar el. n¨²mero de etarras que viven refugiados en su pa¨ªs, pero dijo que su labor en los pr¨®ximos meses ser¨¢ definir "el n¨²mero exacto y sus nombres", en estrecha colaboraci¨®n con el Ejecutivo espa?ol, aunque apunt¨® que hab¨ªa recibido "tres o cuatro solicitudes de extradici¨®n por parte del Gobierno espa?ol que est¨¢n examin¨¢ndose".
El procurador general se entrevist¨® horas antes con el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el cual acord¨® la elaboraci¨®n de un censo completo que determine cu¨¢ntos sospechosos de pertenecer a ETA se refugian en M¨¦xico.
Fuentes policiales han cifrado esta colonia en unos dos centenares de vascos, simpatizantes o relacionados de alguna forma con ETA, si bien el n¨²mero de los activistas con causas pendientes en Espa?a e implicados en atentados ser¨ªa mucho menor. La polic¨ªa considera que M¨¦xico se ha convertido desde hace a?os en una especie de "segunda retaguardia" para ETA [la primera ser¨ªa Francia], donde se esconden individuos que "a largo plazo" podr¨ªan ser reclamados por la direcci¨®n de la banda para trasladarse a Espa?a e incoporarse a alg¨²n comando.
Mayor Oreja confirm¨® que este encuentro ha sido el primer paso para consolidar a medio plazo una relaci¨®n de di¨¢logo permanente en materia antiterror¨ªsta.
El nuevo protocolo aprobado por ambos pa¨ªses incluye tambi¨¦n los delitos de car¨¢cter fiscal, que en el anterior tratado de extradici¨®n estaban excluidos, y aclara los ¨¢mbitos de su aplicaci¨®n. Seg¨²n Lozano, la Procuradur¨ªa General que ¨¦l preside est¨¢ fundamentalmente interesada en la extradici¨®n por parte del, Gobierno espa?ol de un n¨²mero de ciudadanos mexicanos, cuyo n¨²mero tampoco pudo precisar, implicados en fraudes y delitos fiscales, si bien concret¨® que "en algunos casos muy espec¨ªficos los procesos se iniciaron con anterioridad".
El procurador general inaugur¨® la Agregadur¨ªa para Asuntos Legales en la Embajada mexicana.
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