La 'ley de Say'

La irrupci¨®n de la Guardia Civil en los sumarios de los GAL desplaza la percepci¨®n social desde las implicaciones s¨®lo gubernativas en la guerra sucia contra ETA hasta las responsabilidades de los aparatos estatales en su conjunto. Es poco probable que la Guardia Civil y la polic¨ªa esperaran a la conquista del poder por los socialistas para emprender operaciones contraterroristas al margen de la ley: entre 1975 y 1982 fueron asesinados m¨¢s de veinte militantes o simpatizantes de ETA, entre otros Jos¨¦ Miguel Be?ar¨¢n, Argala. Las comparecencias judiciales de los generales Cassinello, S¨¢enz de Santa Mar¨ªa y Rodr¨ªguez Galindo (responsables de la lucha antiterrorista bastantes a?os antes de la llegada de Felipe Gonz¨¢lez al palacio de La Moncloa) podr¨ªan arrojar bastante luz sobre los elementos de continuidad de la acci¨®n del Estado en las zonas oscuras de la guerra sucia contra ETA, por encima de las discontinuidades de los reg¨ªmenes pol¨ªticos (franquismo y monarqu¨ªa parlamentaria) y de los gobiernos (centristas y socialistas dentro de la democracia).Manuel V¨¢zquez Montalb¨¢n transcribe en Un polaco en la corte del rey Juan Carlos (Alfaguara, 1996, p¨¢gina 450) unas reflexiones coloquiales de Felipe Gonz¨¢lez relacionadas gen¨¦ricamente con los problemas del contraterrorismo. Seg¨²n el ex presidente del Gobierno, la guerra sucia es un "fen¨®meno com¨²n a los pa¨ªses democr¨¢ticos" con dos posibles or¨ªgenes: o bien el impulso viene desde el poder, como la lucha contra la OAS en Francia; o bien el poder se inhibe ante la guerra sucia debido a su incapacidad para ordenar a las fuerzas de orden p¨²blico que "vuelvan las espaldas" a los terroristas que les asesinan y "en cambio persigan a los contraterroristas que no van contra ellos".

La teor¨ªa seg¨²n la cual la guerra sucia habr¨ªa nacido de la actitud inhibitoria de los gobiernos democr¨¢ticos ante los excesos de las fuerzas de orden p¨²blico mandadas por militares de alta graduaci¨®n podr¨ªa esgrimir como argumento en su favor la persistencia con que la derecha autoritaria defendi¨® la autonom¨ªa militar frente al poder civil como garant¨ªa de la seguridad nacional -durante la transici¨®n, democr¨¢tica. En su estrategia para exonerar a los uniformados implicados en la guerra sucia, los medios reaccionarios intentan ahora conciliar la consigna o todos o ninguno (extra?a a la l¨®gica del proceso penal) con la doctrina de la obediencia debida (taxativamente excluida por las reales ordenanzas como eximente en caso de delito). Mientras la universalizaci¨®n de la culpa trata de impedir que los asesinos de Lasa y Zabala puedan sentarse en el banquillo sin ir acompa?ados por los miembros del anterior Gobierno socialista con su presidente a la cabeza, la inapropiada apelaci¨®n a la obediencia debida aspira a la imposible meta de castigar s¨®lo al v¨¦rtice de la pir¨¢mide estatal y de absolver a los escalones inferiores.

Las reflexiones de Felipe Gonz¨¢lez sobre el origen inhibitorio de la guerra sucia podr¨ªan dar pie a una interpretaci¨®n diferente, pero igualmente rechazable, de la doctrina de la obediencia debida, dirigida esta vez a exonerar a unos gobernantes supuestamente forzados a cumplir las ¨®rdenes de los aparatos estatales de seguridad: las democracias amenazadas por el terrorismo se ver¨ªan obligadas a mirar hacia otro lado cuando sus fuerzas de orden p¨²blico se lanzaran a la guerra sucia. Pero tampoco esa explicaci¨®n servir¨ªa de eximente al Gobierno: el manejo ministerial de los fondos reservados y la cobertura dada a los organizadores de los GAL crean como m¨ªnimo responsabilidades de complicidad y encubrimiento. M¨¢s all¨¢ del mundo del Derecho, tal vez la Econom¨ªa pudiera ser ¨²til para explicar los or¨ªgenes de los GAL; la ley de los mercados de Jean-Baptiste Say establece que toda oferta crea su propia demanda: la oferta de guerra sucia producida por la Guardia Civil y la polic¨ªa antes de la llegada al poder del PSOE termin¨® encontrando su demanda despu¨¦s de la victoria socialista.