Con el Estado

Decir que el Estado debe responder a un ataque terrorista con los medios legales que habitualmente utiliza para combatir cualquier delito equivale a expresar un buen deseo situado a medio camino entre la ingenuidad y el cinismo. Todo el mundo sabe que los Estados tienen que recurrir a leyes especiales para hacer frente a ese nuevo ataque. Lo saben, sobre todo, las organizaciones terroristas, que, si rara vez consiguen su fin ¨²ltimo, han logrado casi siempre su objetivo intermedio: extremar la naturaleza represiva del Estado, modificar los procedimientos de persecuci¨®n, detenci¨®n e interrogatorio, empujar a jueces y polic¨ªas al borde mismo de la ley. De los Estados europeos, el brit¨¢nico, que presum¨ªa de disponer de la polic¨ªa m¨¢s civil del mundo, la ¨²nica que cumpl¨ªa su funci¨®n sin portar m¨¢s armas que la porra, ha sido el que ha dado al terrorismo la respuesta m¨¢s extrema: ocupaci¨®n militar, internamiento, modificaci¨®n del Derecho penal, por no hablar de pruebas ama?adas en juicios sin garant¨ªas procesales o de actos de guerra como el abatimiento de militantes del IRA por tiradores de ¨¦lite.Nada desea m¨¢s una organizaci¨®n terrorista de base nacional que una declaraci¨®n de guerra por parte del Estado objeto de su ataque. Porque, si, en efecto, el Estado utiliza m¨¦todos de guerra, su naturaleza represiva del delito se refuerza con la revelaci¨®n de su naturaleza opresiva de la naci¨®n en cuyo nombre se recurre al terror. El Estado aparece as¨ª no ya como verdugo de unos j¨®venes patriotas, sino como enemigo a muerte de la naci¨®n entera de la que aquellos patriotas son los m¨¢rtires. En nuestro caso, lo que en su origen es persecuci¨®n de un delito se convierte en evidencia de que el Estado no duda en recurrir a m¨¦todos de guerra con objeto de imponer su dominio a una naci¨®n sometida, la vasca.

La detenci¨®n, el interrogatorio, la tortura y el asesinato de Lasa y Zabala se inscriben en esa l¨®gica de guerra desatada por las estrategias terroristas. Sus cad¨¢veres son insoportables en s¨ª mismos, pero lo son tambi¨¦n porque nos est¨¢n diciendo lo cerca que las fuerzas de seguridad del Estado estuvieron de responder con la l¨®gica de la guerra al ataque de que eran objeto. En otra circunstancia hist¨®rica, con una sociedad m¨¢s fragmentada y con un Estado m¨¢s proclive a recurrir al Ej¨¦rcito y a responder con medidas de excepci¨®n -como lo fue la Rep¨²blica desde el mismo verano de 1931-, el asesinato de Lasa y Zabala habr¨ªa sido como una de las matanzas de campesinos que esmaltaron el camino hacia la Guerra Civil. Tanto como un crimen, un error pol¨ªtico de consecuencias irreparables para una convivencia en paz.

Que la situaci¨®n ha cambiado y que ni la sociedad ni el Estado se han dejado arrastrar a la guerra lo pone de manifiesto el tipo de respuesta ciudadana y del grueso de las fuerzas de seguridad a la interminable secuencia de cr¨ªmenes de ETA. Ni la sociedad ni el Estado quieren la guerra: se la hacen. Ord¨®?ez, M¨²gica, Tom¨¢s y Valiente no quer¨ªan la guerra, como no la quieren los guardias civiles que han recogido destrozados los cuerpos de sus hijos o de sus compa?eros y no han salido a vengar el crimen. Es de contenci¨®n y aguante, no de represi¨®n y violencia, de lo que han dado pruebas la sociedad y el Estado frente a la barbarie a la que han sido sometidos durante 20 a?os.

Demuestra tambi¨¦n esa contenci¨®n el hecho de que los presuntos culpables de aquellos cr¨ªmenes vayan a comparecer ante los tribunales. Por eso no puede tomarse como signo de debilidad o, peor a¨²n, de connivencia con el crimen la exigencia de una extremada mesura a los instructores, tal vez demasiado enredados emocional y pol¨ªticamente con los presuntos culpables como para que sus actuaciones aparezcan por encima de toda sospecha. Si de lo que se trata es de inculpar a los autores de una guerra sucia, entonces todo en el procedimiento debe ser limpio, incluso las motivaciones de los jueces instructores.