Fallo del Tribunal Europeo contra el despido de una directora espa?ola

El Tribunal de Luxemburgo ha anulado el despido de una alta funcionaria espa?ola del Parlamento Europeo, la directora general de la instituci¨®n Carmen G¨®mez de Enterr¨ªa, decidido hace m¨¢s de un a?o por la Mesa de la C¨¢mara. El tribunal -en primera instancia- considera que la Mesa impidi¨® a la funcionaria "hacer valer ¨²tilmente sus intereses frente a la medida", es decir, viol¨® sus derechos de defensa. El tribunal condena al Parlamento a pagar las costas, aunque no le ordena reincorporar a Enterr¨ªa, algo que decidir¨¢ pr¨®ximamente.Enterr¨ªa, directora general de Traducci¨®n y Servicios Generales, era la funcionaria espa?ola de mayor rango m¨¢s antigua del Parlamento. La rescisi¨®n de su contrato se produjo a iniciativa del todopoderoso secretario general, el italiano Enrico Vinci, en una reorganizaci¨®n de los servicios que afect¨® a cuatro altos cargos. Dos de ellos (el 50%), la afectada y otro, eran espa?oles.

A todos se les aplic¨® el famoso art¨ªculo 50 de los funcionarios comunitarios, por el que las direcciones pueden prescindir de los altos cargos "por necesidades del servicio". Muchos funcionarios con antig¨¹edad aspiran a que se les aplique ese art¨ªculo, que supone una jubilaci¨®n de lujo. Ha sido el caso de Francisco Fern¨¢ndez F¨¢bregas, el m¨¢s alto bur¨®crata espa?ol del Consejo de Ministros, quien ha dejado ese puesto clave para incorporarse como responsable -?de Protocolo!- de la Casa del Rey.

Pero a Enterr¨ªa le interesaba m¨¢s el trabajo que el dinero. Por eso present¨® recurso, algo que en la historia s¨®lo han hecho ocho personas. Ha ganado porque, aunque el art¨ªculo 50 otorga a las instituciones "un amplio poder discrecional" sobre esos relevos, no pueden aplicarlos sin l¨ªmites. Para evitar cacicadas, se les obliga a motivar la decisi¨®n y a posibilitar que el funcionario "haya tenido con antelaci¨®n la oportunidad de hacer valer eficazmente sus derechos", dice la sentencia.

El tribunal reconoce que el Parlamento viol¨® el "derecho de defensa". El 30 de noviembre de 1994 la c¨²pula del Parlamento le dijo que se prescind¨ªa de sus servicios por "medidas de reorganizaci¨®n" e inter¨¦s del servicio"; el 19 de diciembre le comunic¨® el despido por necesidad de una "nueva atribuci¨®n de competencias" teniendo en cuenta la ampliaci¨®n n¨®rdica de la UE. Las diferentes causas alegadas le impidieron defenderse ante el Parlamento. El relevo se decidi¨® sin que la Mesa la escuchase. El tribunal ha examinado s¨®lo una de las seis alegaciones de Enterr¨ªa y del propio juez ponente, la violaci¨®n de los derechos de defensa.